El modelo de estafa con el que el condenado gerente de una inmobiliaria engañó a 45 clientes en el Valle de Aburrá para apropiarse de $865 millones

El hombre  habría incurrido en irregularidades en la administración y venta de inmuebles entre 2023 y 2026. Había pagado 5 años de cárcel por estafa.

El 23 de junio de 2022 se constituyó en Medellín una empresa inmobiliaria, con un capital inicial de 5 millones de pesos y un único accionista. El fin de semana, un juez de la región envió a prisión preventiva al gerente de esa misma sociedad por presunta estafa masiva agravada. 

Según la trazabilidad de la investigación adelantada por la Fiscalía tras recibir decenas de denuncias por casos en los que compradores de propiedad raíz o, incluso propietarios, tanto de Medellín como de otros municipios del Valle de Aburrá, habrían sido víctimas de millonarias estafas por parte del Grupo Respaldo Inmobiliario S.A.S. 

Esta empresa, constituida en 2022, registra como único propietario al señor Julio Hernán Cruz Bernal. En ninguno de los documentos alojados en los archivos comerciales de la sociedad aparece otro nombre con jerarquía y título de propiedad que no sea el de Julio Hernán.

Sin embargo, en el marco de la operación comercial de la inmobiliaria, el hijo de Julio Hernán, Juan David Cruz Larrarte, habría protagonizado el esquema de estafas que se investiga actualmente. 

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Según la Fiscalía, 45 personas denunciaron haber sido víctimas de un patrón de engaños por parte de Juan David Cruz, resultando en la 'desaparición' de dineros pagados por los afectados por negocios relacionados con la administración, el arrendamiento y la venta de inmuebles en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá.

Este medio conoció que, pese a que la Fiscalía acumuló 45 denuncias, el número total de víctimas de la inmobiliaria en la región ascendería a 70 personas. De hecho, el concejal de Medellín, Andrés Felipe 'El Gury' Rodríguez, denunció el 8 de julio de 2024 que una de las integrantes de su equipo de comunicaciones había sido una de las víctimas de esta empresa.

El gerente condenado

EL TIEMPO retrocedió, investigó y estableció que Juan David Cruz ha sido accionado en por lo menos una decena de oportunidades desde el año 2015 por delitos contra el patrimonio económico y asociados. 

Precisamente en ese sentido, este medio estableció que Cruz ya había sido condenado en 2017 por el delito de estafa. 

En primera instancia, el juzgado 21 penal del circuito de Medellín condenó a Cruz a 99 meses y una multa de 549 salarios mínimos de la época. Ese fallo fue emitido en agosto de 2017. Dos meses más tarde, el caso pasó al Tribunal Superior de Medellín. Esta corte ratificó la pena contra Cruz, pero modificó el monto de la pena: fueron finalmente 70 meses de prisión y una multa de 418 SMMLV. El condenado cumplió su pena en prisión domiciliaria. 

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Pero esos fueron antecedentes aparte del caso asumido por la Fiscalía General de la Nación, lo cual, como acápite clave del caso, situaría a Cruz como un individuo reincidente. 

En las audiencias contra Cruz y durante la lectura del escrito de acusación, el fiscal del caso explicó: "Actuó en calidad de coautor impropio. Hizo parte de la empresa criminal creada para obtener provecho ilícito de las incautas víctimas en cuyo propósito tuvo un importante y decisivo aporte, pues se encargó de conseguir muchos de los clientes y como encargado de las partes comercial y financiera de la sociedad, cerró junto con su padre los negocios con los cuales indujeron a error a los afectados".

El modelo de estafa

En concreto, la Fiscalía señala a Cruz de haber creado junto con su padre una empresa criminal (Grupo Respaldo Inmobiliario S.A.S.) a través de la cual habrían conseguido clientes para negociaciones en el sector de la propiedad raíz en diferentes zonas del Valle de Aburrá, y como encargado de la parte administrativa y comercial de la sociedad, habría inducido a las víctimas a hacer pagos improcedentes en el marco de las presuntas obligaciones de estos individuos con los inmuebles, afectando no solo a arrendatarios sino también a arrendadores. Según el ente acusador, Cruz se habría apropiado del dinero de estas personas. 

Según algunos de los testimonios de las víctimas, conocidos por EL TIEMPO, básicamente, Cruz conseguía inquilinos para apartamentos en arriendo, operaba como mediador entre las partes y estafaba a ambos implicados en el negocio.

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Varios de los propietarios de los inmuebles denunciaron que dejaron de percibir el canon de arrendamiento de sus propiedades por meses, sin conseguir ningún tipo de respuesta por parte de la inmobiliaria, mientras que los inquilinos señalaron que Cruz estructuró un supuesto esquema de pagos que les representaría descuentos sobre su arriendo.

Cruz les planteaba a los inquilinos la posibilidad de pagar dos cánones de arrendamiento en una sola operación para obtener un descuento del 10 % sobre el pago total. Si los inquilinos pagaban lo correspondiente a tres o más meses de arriendo, el descuento sobre el pago era del 15 %. 

Muchos inquilinos accedieron y, tal como lo señalaron los arrendadores, esa plata se perdió en la mitad. Los arrendadores no recibieron el dinero que había sido girado a la inmobiliaria por los inquilinos y los arrendatarios no recibían confirmación de sus pagos, en tanto estos no se materializaban.

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Adriana Raigosa, una de las presuntas víctimas de Juan David Cruz, relató: "Contraté a Grupo Respaldo Inmobiliario para gestionar una propiedad en Sabaneta. Durante nuestras primeras conversaciones, me aseguraron el acceso a su plataforma para obtener una documentación contable integral necesaria para mis registros financieros mensuales. Lamentablemente, este compromiso no se cumplió, ya que nunca se proporcionó el acceso a la plataforma. A pesar de mis intentos de buscar asistencia, mis preguntas fueron sistemáticamente ignoradas".

En su denuncia, la mujer agregó: "Además, noté prácticas de pago demoradas, ya que remitieron los fondos un mes después de recibir el primer pago de alquiler del inquilino. A pesar de tener un acuerdo contractual que abarcaba seis meses, solo cumplieron con tres meses de los términos acordados. Se requirieron esfuerzos persistentes, incluyendo visitas no programadas a su oficina, que se extendieron durante cuatro meses para asegurar una cita con su abogado".

Finalmente, Raigosa señaló: "Lamentablemente, después de esta consulta legal obtuve una claridad falsa sobre el cronograma para recibir pagos atrasados, ya que, después de prometer un acuerdo, el abogado de ellos ignora mis llamadas y mensajes".

El acervo probatorio de la Fiscalía indica que, para justificar los impagos entre las partes como mediador, Cruz argumentaba supuestas fallas bancarias o inconvenientes contables.

El ente acusador también señala a Cruz de haber celebrado contratos sobre inmuebles que no administraba Grupo Respaldo Inmobiliario S.A.S. Del mismo modo, en otros casos, el gerente comercial de la inmobiliaria habría solicitado pagos por adelantado de los cánones de arrendamiento como garantía para sustituir el requisito del codeudor, prometiendo hacer el retorno del dinero al finalizar el contrato; sin embargo, ese dinero también se perdió.

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Según la Fiscalía General de la Nación, este modelo de estafas sistemáticas y masivas le permitió a Juan David Cruz apropiarse de 865 millones de pesos entre 2023 y 2026. 

Cruz Larrarte no aceptó el cargo de estafa masiva que le imputó la Fiscalía y un juez de la ciudad de Medellín le impuso medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario para afrontar el proceso en su contra privado de la libertad. 

Periodista de Nación, en Medellín. 

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