Ruta marítima

El debate sobre la ruta marítima entre Punta Arenas y las islas Malvinas lleva a tener que determinar qué obligaciones tiene Chile y si estas lo fuerzan a elegir entre Argentina y el Reino Unido.
En agosto de 1992, Aylwin y Menem suscribieron una declaración conjunta en la que Chile respaldó la posición jurídica argentina sobre las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y calificó la solución de la disputa como de “interés hemisférico permanente”. Kast lo reiteró este año y, como Estado asociado al Mercosur, Chile suscribió en junio una declaración que cuestiona la explotación unilateral británica de recursos en el área en disputa.
¿Obligan esas declaraciones? La Corte Internacional de Justicia ha admitido que un acto unilateral vincula al Estado cuando expresa su intención de obligarse, y la buena fe, principio fundamental del derecho internacional público, impide actuar contra los propios actos.
Con el Reino Unido hay tratados vigentes, fuente formal del derecho internacional, que obligan a Chile; el Acuerdo de Asociación de 2021 y el CPTPP. ¿Pedir permiso a Buenos Aires no supondría reconocer una autoridad que hoy no ejerce sobre las islas?
La disyuntiva es clara, aunque la respuesta no lo sea. O Chile pide autorización a Buenos Aires y honra su compromiso, o comercia con las islas al amparo de sus tratados y asume el costo de no cumplir lo declarado.
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