Senadores opositores ingresan requerimiento al TC por Reglas del Uso de la Fuerza

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Durante la jornada de este jueves un grupo de senadores de oposición ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional por las Reglas del Uso de la Fuerza.
El requerimiento apunta a dos normas del proyecto que se relacionan con el uso de fuerza potencialmente letal y el principio de proporcionalidad.
Respecto al primero, senadores cuestionan la expresión que permite utilizar armamento letal ante ataques a infraestructura crítica o recintos militares, argumentando que la disposición no exige expresamente una amenaza concreta, grave e inminente contra la vida o la integridad física de las personas.
Los senadores de esta forma, apuntan a la expresión “o comprometer la seguridad militar o nacional, según corresponda”.
“Los requirentes sostenemos que dicha remisión, examinada en relación con el contenido de las disposiciones remitidas y con las reglas que regulan el empleo de armas, no asegura la sujeción de los supuestos de justificación a los límites materiales derivados de la protección constitucional de la vida y de la integridad personal”, señala el documento.
De igual forma, cuestiona la remisión de los artículos 208, 410, 411 y 412 del Código de Justicia Militar, que contemplan determinadas eximentes de responsabilidad penal. Según advierten su aplicación podría derivar en actuaciones contra civiles sin que necesariamente exista peligro para la vida o la integridad física.
“El reproche constitucional se dirige específicamente a la incorporación de títulos de justificación cuyos presupuestos responden a finalidades jurídicas diferentes“, explican.
De esta forma, sostienen que “Esta configuración plantea una cuestión constitucional sustantiva: la legitimidad del deber funcional que motiva la actuación de un agente estatal no equivale a la justificación del empleo de fuerza potencialmente letal. La existencia de una atribución legal para intervenir y la concurrencia de las condiciones materiales que autorizan el medio empleado constituyen exigencias jurídicas distintas, cuya diferenciación resulta indispensable para asegurar la protección del derecho a la vida”.
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