Farmacias y acceso a medicamentos

En medio del debate sobre las condiciones que deben regir el funcionamiento de las farmacias en Chile, surge una pregunta clave: ¿cómo avanzar hacia un acceso más equitativo a los medicamentos sin comprometer la seguridad de las personas? Cualquier reforma en esta materia debe partir de una premisa fundamental: facilitar el acceso no puede significar reducir los estándares sanitarios que resguardan a los pacientes.

Los medicamentos son herramientas esenciales para la salud, pero también pueden provocar efectos adversos, interacciones peligrosas o complicaciones cuando no se utilizan correctamente. Por ello, su dispensación forma parte de un proceso sanitario que exige conocimientos especializados y supervisión profesional. No basta con que un medicamento llegue a manos del paciente; es necesario asegurar su calidad, conservación, autenticidad y uso adecuado.

En este contexto, el químico farmacéutico cumple un rol clave en la revisión de tratamientos, la orientación de los usuarios y la detección de riesgos asociados al uso de medicamentos. Por ello, en Chile las farmacias son reconocidas como establecimientos de salud y su dirección técnica recae en estos profesionales.

Sin embargo, también es necesario reconocer las dificultades que enfrentan miles de familias para acceder a sus tratamientos. Los costos de los medicamentos, las brechas territoriales y los problemas de desplazamiento afectan especialmente a quienes viven en comunidades alejadas o en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estas barreras incluso pueden incentivar la compra en canales informales, exponiendo a las personas a productos falsificados, adulterados o mal conservados.

El desafío no es debilitar los resguardos sanitarios, sino fortalecer las estrategias que permitan acercar los medicamentos a la población. La expansión de las farmacias municipales, el fortalecimiento de los servicios farmacéuticos en atención primaria, la intermediación de Cenabast y los mecanismos autorizados de distribución son alternativas que pueden mejorar el acceso sin comprometer la seguridad.

Las reformas orientadas a ampliar la cobertura o reducir costos deben sustentarse en evidencia científica y evaluarse rigurosamente. La salud pública exige avanzar con responsabilidad, equilibrando el acceso a los tratamientos con la protección de los pacientes. Solo así será posible construir soluciones sostenibles, equitativas y seguras para toda la población.

Fernando Torres Moscoso

Director de la Escuela de Química y Farmacia Universidad Andrés Bello