Denuncian que un funcionario de la ANT habría cocinado un armadillo, especie silvestre protegida; piden intervención del Gobierno

El video se viralizó este miércoles 14 de octubre y generó rechazo. Animalistas piden explicaciones.

Este miércoles 14 de octubre se viralizó un video en el que un hombre, señalado de ser funcionario de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), aparece cocinando un armadillo, también conocido como cachicamo o gurre.

Las imágenes generaron rechazo en redes sociales y motivaron pronunciamientos de sectores animalistas, que pidieron investigar lo ocurrido e hicieron un llamado al presidente Abelardo De La Espriella y a Lina María Garrido, directora de la entidad.

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¿Qué muestra el video?

En las imágenes, el hombre aparece cocinando al animal en una olla mientras afirma: “Hoy tenemos un cachicamo (nombre común del armadillo) acá en Bogotá (...) Así estemos lejos del Llano, comemos como si estuviéramos en el Llano, pariente”.

En la publicación también se lee el siguiente mensaje: “Pareja, ese gurre lo que sí estaba era bueno. Amigos, ¿ustedes ya se comieron su pedacito de gurre o cachicamo el día de hoy?”, una frase que fue cuestionada por presuntamente promover el consumo de esta especie silvestre.

Además, el video habría sido publicado en colaboración con otra cuenta y tenía a Bogotá como ubicación. Aunque posteriormente fue retirado de la red social, varios internautas ya lo habían grabado y compartido, lo que amplificó la controversia.

Denuncias y llamados a investigar al funcionario de la ANT

La senadora Andrea Padilla Villarraga se pronunció sobre el caso a través de su cuenta de X. La congresista pidió que las autoridades verifiquen la denuncia y, si se confirman los hechos, adopten las medidas correspondientes.

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“Por los animales y por la legalidad, lo correcto es investigar la denuncia y, en caso de confirmarla, tomar medidas penales y disciplinarias”, escribió en su cuenta de X.

La senadora también hizo un llamado al presidente de la República y a la directora de la ANT para que intervengan en el caso y se esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

A las denuncias se sumó la Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria, que advirtió sobre las posibles implicaciones ambientales y legales del consumo de fauna silvestre. La organización sostuvo que, de comprobarse los hechos denunciados, podrían existir responsabilidades por la afectación de la fauna protegida.

La Red señaló que reconoce las prácticas tradicionales de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas relacionadas con el consumo de determinadas especies por razones culturales o de subsistencia. Sin embargo, cuestionó que un funcionario público presuntamente exhiba este tipo de prácticas en redes sociales.

“Un funcionario público no puede cocinar un armadillo en la capital y exhibirlo en redes sociales. Quien representa al Estado debe proteger la fauna, no promover su consumo”, manifestó la organización.

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Asimismo, pidió a las autoridades ambientales y a la Fiscalía investigar lo sucedido y determinar si se infringieron las normas vigentes.

Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos de la directora de la ANT ni del funcionario señalado sobre la controversia. Según las denuncias difundidas, el hombre ocuparía el cargo de jefe de comunicaciones de la entidad.

¿Qué dice la ley sobre la caza y el tráfico de fauna silvestre en Colombia?

En Colombia, la caza y el tráfico ilegal de fauna silvestre pueden constituir delitos ambientales contemplados en el Código Penal, modificado por la Ley 2111 de 2021. La eventual responsabilidad penal depende de las circunstancias del caso y de lo que establezca la investigación.

Entre las disposiciones aplicables se encuentran las siguientes:

• Artículo 328B. Caza ilegal

La norma sanciona a quien cace sin autorización de la autoridad competente, incumpla la normativa vigente, exceda el número de ejemplares permitidos o cace durante épocas de veda. La conducta puede acarrear penas de prisión de 16 a 54 meses y multas de 33 a 937 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que no corresponda una sanción mayor.

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• Artículo 328A. Tráfico de fauna

Este artículo contempla sanciones para quienes trafiquen, adquieran, exporten o comercialicen, sin autorización o en contravención de las normas, especímenes, productos o partes de fauna acuática, silvestre o de especies silvestres exóticas. Las penas previstas son de 60 a 135 meses de prisión y multas de 300 a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La ley también contempla circunstancias de agravación punitiva para determinadas conductas relacionadas con especies silvestres amenazadas o en peligro de extinción, entre otros supuestos.

En el caso denunciado, las autoridades deberán establecer si la conducta se enmarca en alguna infracción ambiental o penal.

Periodista de Últimas Noticias de EL TIEMPO

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