Revelaciones sobre la mano oculta tras invasiones en Jamundí, plan para Buenaventura y la batalla contra El Niño con inteligencia artificial en Valle

El Valle del Cauca enfrenta uno de los desafíos de seguridad y gestión climática más complejos de los últimos años.

Por un lado, la mutación de las tácticas delictivas de las disidencias de las Farc y las bandas criminales; por el otro, la severidad climática que amenaza el abastecimiento y la infraestructura de la región. En entrevista en el espacio Primer Plano de EL TIEMPO, la gobernadora Dilian Francisca Toro analizó las operaciones militares en marcha, el drama de las invasiones en Jamundí y las estrategias del departamento para proteger a sus municipios, así como la crítica situación de violencia en Buenaventura. 

En la ciudad puerto del Valle del Cauca, detrás de los plagios, las extorsiones y los homicidios se esconde una compleja red de disputas territoriales entre 'Shottas' y 'Espartanos', aliados con disidentes de las Farc, como el frente 'Jaime Martínez', así como la 'Segunda Marquetalia' y el 'clan del Golfo' que, lejos de mostrar voluntad de desarme desde el 2022, cuando anunciaron una supuesta paz total, utilizaron ceses al fuego para consolidar su poder financiero y militar.

La gobernadora del Valle ha venido señalando, así como lo han hecho autoridades en Buenaventura que ambas bandas criminales con herencia narcoparamilitar nunca han dejado de delinquir con las extorsiones y los secuestros en la ciudad puerto, pese a la mesa jurídica que impulsaba el anterior gobierno de Gustavo Petro con una paz total que no prosperó y que se rompió definitivamente en 2025, cuando alias Robert, quien lideraba el brazo de sicarios para 'Espartanos' llamado 'los Chiquillos' ordenó la muerte del hijo de un 'Shotta'. Esto desencadenó una sangrienta venganza de ese bando contrario al asesinar a Brandon Quintana, hijo de 'Robert' en abril de 2025.

Este crimen selectivo rompió por completo los pactos de no agresión y la tregua que las facciones criminales mantenían desde finales de 2022. 

Lejos de ser un homicidio aislado, la muerte del hijo de alias 'Robert' encendió las alarmas en el puerto y desató una violenta ola de retaliaciones y balaceras en múltiples barrios de la ciudad. El impacto de este hecho escaló a tal punto que el propio cabecilla criminal, quien se encuentra recluido en un centro penitenciario, fue visto en las transmisiones del sepelio de su hijo, evidenciando el nivel de control y las profundas tensiones que el caso generó dentro del tejido criminal de la región. 

Expertos en seguridad territorial explicaron a EL TIEMPO que este suceso puso al descubierto la vulnerabilidad de una estrategia de paz que dependía exclusivamente de la voluntad de las bandas, pese a que la mesa sociojurídica informaba tener toda la disposición para continuar los diálogos. 

Sin embargo, para esos expertos al priorizar esas mesas de negociación sin un mecanismo estricto de verificación ni una presión militar 'los Shottas' y 'los Espartanos' continuaron armándose y controlando economías ilegales. 

La ruptura del pacto criminal tras el homicidio de Brandon arrastró nuevamente al puerto a un escenario de fronteras invisibles, donde los secuestros de turistas (como Alexánder Valencia y su hijo Nicolás en mayo de este 2026 que terminó en el asesinato del padre y la desaparición del hijo por parte de 'Shottas', quien aún o ha sido encontrado), las extorsiones a comerciantes y los homicidios selectivos volvieron a dictar las reglas de convivencia en los esteros y en el casco urbano de Buenaventura.

Asimismo, el municipio de Jamundí, en el sur del Valle, continúa azotado por el frente 'Jaime Martínez', cuyos recientes ataques con explosivos se registraron contra el Ejército en un puesto de control, ubicado en el sector de Las Piñas, el pasado 25 de septiembre. Por fortuna no hubo muerto ni heridos por esa acción terrorista de los disidentes propinada por hombres en motocicleta. Fue así que el presidente Abelardo De La Espriella lanzó una dura advertencia a los grupos armados ilegales tras el reciente ataque con explosivos contra la Fuerza Pública. "A los narcoterroristas que atacan a nuestros policías en Ábrego y lanzan explosivos en Jamundí: los estamos persiguiendo. No van a imponer el terror en Colombia", afirmó categóricamente el mandatario. 

Con un tono de optimismo frente al actual nivel de articulación institucional, pero con profunda preocupación por los retos pendientes, la mandataria departamental respondió a los interrogantes del editor general de EL TIEMPO, Ernesto Cortés, y de la editora de la Unidad Investigativa del mismo diario, Marta Soto.

Gobernadora, tras meses de insistencia de las regiones, ¿cómo avanza la articulación con el nivel central para contener la ola de violencia en el Valle del Cauca?

Tengo que decir que nos hemos sentido acompañados. Por primera vez nos escuchan, como decía Marta, por primera vez nos están escuchando desde el Gobierno Nacional. Ha sido un tema difícil durante dos años y medio, pues hablar de operaciones importantes en el Valle requería un esfuerzo complejo, pero ya realmente se están realizando. Se ejecutaron en Cali, pero también se van a hacer otras operaciones muy importantes que ahora no voy a revelar, pero que van a apoyar y a ayudar al Valle del Cauca para recuperar la tranquilidad y la seguridad.

Nosotros veníamos haciendo unas megatomas en los municipios más importantes. Vamos a seguir con ellas, de la misma manera que lo está haciendo el presidente tanto en Palmira, en Cartago como en otras ciudades. Sin embargo, esperamos que el presidente también intervenga con una operación en Buenaventura, que para nosotros es de suma importancia. Ahora somos escuchados y tenemos el apoyo. Lógicamente, siempre hemos contado con la Fuerza Pública y tengo que darle las gracias a la Fiscalía, pero por supuesto ahora hay mucha más actividad, más proactividad y más voluntad para lograr que realmente exista seguridad en el departamento.

Desde un principio se habló de inyectar capital y financiar el Batallón de Alta Montaña en Jamundí para potenciarlo y monitorear esa región afectada por el hampa y los cultivos ilícitos. ¿Qué ha pasado con ese proyecto? Por otro lado, ¿se sintió en la región el traslado de los jefes criminales y delincuentes de cuello blanco que estaban recluidos en cárceles como la de Buenaventura hacia otras zonas del país?

Por supuesto que se sintió, especialmente en Buenaventura. Esa era una de las exigencias de la mesa jurídica que, por supuesto, ya terminó como lo dijo el presidente. Esa mesa jurídica permitía que las personas que se detenían en Buenaventura o que delinquían allí, se quedaran en la zona e incluso trasladaban a delincuentes de otras cárceles hacia Buenaventura. Lógicamente, ahora ya no tenemos a esas personas sindicadas que generaban delitos, ya las llevaron para otros lugares.

Eso se siente de inmediato porque las extorsiones y todo el trabajo criminal va disminuyendo poco a poco, lo mismo que los homicidios. Este año habíamos logrado disminuir los homicidios en Buenaventura, pero persiste el problema de la extorsión, que es terrible. No solo extorsionan a los grandes comerciantes, sino también a las mujeres que venden arepas, a las platoneras y a los campesinos. Con los traslados carcelarios que se realizaron, ya estamos empezando a ver resultados.

Respecto al Batallón de Alta Montaña, por supuesto que sigue en marcha. Ese es un objetivo en el que el presidente está muy sintonizado y que yo había expresado desde el principio de mi administración. Nosotros ya tenemos 8.000 millones de pesos destinados para la construcción, además de los lotes.

Sin embargo, ahora tenemos un problema grave en Jamundí: las invasiones. Ya no se trata solo de invasiones a predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o en espacios públicos, sino de invasiones a la propiedad privada. Este fenómeno ha crecido muchísimo desde enero hasta ahora y es precisamente una de las cosas que le estamos solicitando solucionar al Gobierno Nacional.

¿Quiénes están promoviendo esas invasiones en Jamundí, gobernadora?

Lógicamente las promueve la estructura 'Jaime Martínez'. Ellos son los que están propiciando e impulsando estas invasiones precisamente para detener las operaciones que vayan a realizar el Ejército y la Policía en Jamundí. Hacen que llegue la gente; ya tenemos casi 3.000 personas allá instaladas en más de mil cambuches. Hay una gran invasión en Jamundí y es algo en lo que estamos trabajando y advirtiéndole al presidente, porque esto no puede seguir pasando en esa zona.

Ante la falta de apoyo en periodos anteriores, la Gobernación del Valle tuvo que liderar iniciativas pioneras, como la adquisición de escudos antidrones con recursos propios y contribuciones ciudadanas. Tras incidentes como el del aeropuerto, ¿cómo ha sido la experiencia con esta tecnología? ¿Qué tan efectivos son y qué se necesita para evitar nuevos atentados contra la infraestructura?

Fuimos el segundo departamento, después del Cauca, en ser atacado con drones, y nos siguen atacando por esa vía. Tan solo la semana pasada hubo cinco ataques con drones contra la estación de policía de Potrerito. Lo hicieron precisamente porque las autoridades estaban interviniendo y anulando una estación de gasolina que le estaba sirviendo prácticamente a la 'Jaime Martínez'. En respuesta, estamos reforzando las estaciones de policía con unas mallas especiales de acero que nos donó una parte Estados Unidos, lo cual nos ha dado muy buenos resultados.

Nosotros compramos tecnología antidrones desde el año 2024; fuimos los primeros en adquirirlos porque vimos la necesidad ante la alta frecuencia de los ataques. Eso ha impedido muchísimos atentados planificados por ellos. Sin embargo, hay variables que se salen de las manos. Por ejemplo, en Jamundí ocurrió que a los equipos antidrones se les acabó la batería, y en ese momento quedamos desprotegidos. Son contingencias difíciles que se presentan.

A pesar de esto, el Ejército y la Policía han neutralizado muchos ataques gracias a estos sistemas. Necesitamos más equipos, y no solo en cantidad, sino con mayor tecnología. Los grupos criminales ahora están utilizando fibra óptica, de hecho, el ataque que hicieron contra el radar del aeropuerto fue con fibra óptica. Para nosotros es fundamental evaluar el panorama actual para identificar cuáles son los sistemas antidrones que debemos cambiar y actualizar.

Señora gobernadora, volviendo a las 3.000 personas que están asentadas en cambuches realizando invasiones en Jamundí. Si el objetivo es frenar las acciones contra la estructura 'Jaime Martínez', ¿exactamente de qué manera son utilizadas estas personas?

Lo que ocurre es que cuando el Ejército sube a la zona a realizar una operación, los criminales llaman inmediatamente a la comunidad y esta instrumentaliza asonadas. La comunidad se interpone e impide que el Ejército avance. Para ellos es fundamental consolidar ese corredor mediante las asonadas, y esa ha sido precisamente nuestra gran problemática. Incluso construyeron una vía ilegal en esa zona. Estamos en el proceso de afrontar esto; ya se le informó al señor presidente, él conoce la situación muy bien y esa es una de las infraestructuras ilegales que tenemos que solucionar y destruir.

Gobernadora, no quiero que se vaya sin antes contarnos en detalle lo que está pasando en Buenaventura. Usted mencionó el inicio de operativos conjuntos de carácter reservado. Vimos el impacto de lo que se hizo en Cali con la Operación Iron, por la que se desplegaron 1.200 efectivos del Ejército en terreno y se lograron más de 80 capturas. ¿Qué se necesita en este momento para Buenaventura y qué acciones urgentes se van a priorizar?

En Buenaventura existen unas delincuencias, organizaciones de delincuentes que son 'los Shottas' y 'los Espartanos', pero ellos también están viniendo haciendo unas alianzas con el Eln unos (Shottas) y con la disidencia 'Jaime Martínez' otros (Espartanos).

El frente 'Jaime Martínez' y el Eln han tenido disputas en Bajo Calima y entonces esas disputas se están trasladando a que están uniendo los 'Shottas' y 'los Espartanos' con ellos para ampliar la delincuencia a otros sectores. Entonces lo que nosotros lógicamente tenemos que impedir es que esto suceda y ahí tenemos que lograr que no solamente sea en la ciudad, sino también en la zona rural, porque la zona rural de Buenaventura, sobre todo el Bajo Calima, tenemos tenemos muchos problemas de enfrentamientos entre ellos y quien se afecta es la población civil y ahí es donde tenemos los desplazamientos y el Bajo Calima ustedes saben que fue una comunidad que volvió, que retornó al Bajo Calima. No podemos dejar que eso se dé. Y en la zona urbana y zona rural también turísticamente también inciden 'los Shottas' y 'los Espartanos'.

Por eso, una de nuestras exigencias principales era el traslado de los hampones de cuello blanco y jefes de estas bandas que dinamizaban el delito desde las cárceles de la región. Al llevárselos a otros penales del país, se ha sentido un alivio y los homicidios han disminuido, pero insistimos en que cualquier acercamiento o acuerdo de paz urbana con 'Los Shottas' y 'Los Espartanos' debe contar con mecanismos de verificación claros y estrictos. No podemos desproteger a la población a cambio de promesas incumplidas.

¿Eso con qué objetivo? 

Para controlar las armas, hacer instrucciones, generar finanzas para seguir pues por supuesto delinquiendo. 

Pero gobernadora, estas bandas criminales estaban en una mesa de diálogo de la paz total y decían que habían declarado algunos ceses al fuego...

Ellos no se atacaban entre sí cuando estaban en la mesa de diálogo, pues ellos se comprometían a no atacarse, pero cuando menos pensaban empezaban a atacarse y empezaban los homicidios, pero las extorsiones y toda la problemática financiera de ellos y el tráfico de armas y eso, seguían delinquiendo. 

Eso es precisamente lo que ha dicho el presidente Abelardo De La Espriella y que nos ha llenado de esperanza, porque eso es precisamente lo que veníamos nosotros diciendo desde hace mucho tiempo, que no habíamos tenido el acompañamiento.

En las próximas horas, el Gobierno Nacional anunciará una emergencia nacional por cuenta de los efectos que empezaría a dejar el fenómeno de El Niño. 

El Valle del Cauca ha sido uno de los más golpeados también con este fenómeno y viene la época más dura que la de final y comienzos del próximo año. ¿Qué reclama usted? ¿Qué pide usted que contemple esa emergencia que viene para su departamento, en particular, gobernadora?

Nosotros ya venimos trabajando en eso, inclusive ya lo declaramos la emergencia desde hace un tiempo. Nosotros ya hicimos un decreto en el mes de junio exhortando a los alcaldes para que pudieran prevenir, porque lógicamente sobre El Niño se necesita prevención, prevenir en todas las acciones de disminuir el consumo de agua, de energía, inclusive de salud, porque ahí vamos a tener epidemias de dengue, de chikunguña, de todo eso por los estanques que se generan en las casas para cuidar el agua. 

Pero también ese decreto lo que exhorta, tenemos un monitoreo, que es muy importante decirlo, es satelital y con inteligencia artificial para ver los sitios calientes donde los incendios se pueden generar.

Pero eso además hace seguimiento a que el incendio, si se va rápidamente o si se va a extinguir o no. Eso lo venimos haciendo con los alcaldes todos los días a las 6:30 de la mañana se les da un informe a cada alcalde diciéndole este sitio puede darse los incendios. También prohibimos lo que tiene que ver las quemas, que son controladas con caña, también están prohibidas.

Se reunieron todos los funcionarios de servicios públicos precisamente para hacer un plan de contingencia para que no vamos a tener problemas. Y los embalses, los embalses por ejemplo de Salvajina, Salvajina está muy bien, está en el 71 %; Zaragoza, en el 92 %, y Calima en el 77 %. 

Sin embargo, hemos visto disminución en los cauces de los ríos y, precisamente, venimos trabajando sobre esa materia.

Tenemos un incendio por ejemplo que lleva más de 50 días en el páramo de Las hermosas, entre los municipios de Palmira, Buga y El Cerrito.

Ya estamos en proceso de extinción. No hemos podido llevar allá el helicóptero con el sistema Bambi para descargar agua por los problemas de orden público, pero han estado los bomberos, brigadas de Parques Naturales y la gente, la misma comunidad. Estamos haciendo capacitación comunitaria, para nosotros es muy importante porque la comunidad tiene que aprender de cuándo empieza el incendio y qué hay que hacer. También estamos realizando ese trabajo por los bomberos.

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