Ministro Rabat hace valer sus prerrogativas constitucionales, desafía a la oposición y asiste a la Comisión de Constitución

“Quiero hacer presente la molestia de la mayoría de los miembros de esta comisión respecto de la demora en la entrega de los antecedentes, en particular el oficio que nosotros despachamos semanas atrás respecto de los decretos firmados. Para nosotros es una información vital, porque se trata de información base para la discusión de lo que vamos a ver el miércoles, precisamente, y también de lo que vamos a ver mañana (hoy)”.

La advertencia fue del presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), en el contexto de la “ley del hielo” que le hizo la oposición al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la crisis que se desató por la rebaja de penas a condenados por abuso sexual de menores y que tiene al secretario de Estado ante una inminente acusación constitucional.

En su intervención, que abrió los fuegos en la sesión de la comisión, Mirosevic le transparentó a Rabat: “La razón, y quiero ser muy franco y directo, por la cual no lo invitamos, es precisamente eso, la molestia de la mayoría, al menos de la comisión, respecto de la demora en la entrega de esa información”.

Sin embargo, Rabat no se quedó atrás y respondió: “Efectivamente, usted me había desinvitado a esta comisión, estoy aquí cumpliendo evidentemente las obligaciones que me impone la Constitución Política de la República, en tanto soy el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno del Presidente José Antonio Kast”.

Según el Artículo 37 de la Carta Fundamental, “los ministros podrán, cuando lo estimaren conveniente, asistir a las sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado, y tomar parte en sus debates, con preferencia para hacer uso de la palabra, pero sin derecho a voto”.

En relación a la solicitud que hizo la oposición por la entrega de decretos, el titular de Justicia detalló que “todas ellas se encuentran trabajándose, para responderle al Congreso Nacional tenemos aproximadamente 50 solicitudes de información, por lo tanto, se están recabando los antecedentes que son de variada naturaleza y por lo tanto se va a hacer esa respuesta con la información más completa para que el Congreso pueda adoptar las decisiones que correspondan teniendo todos los antecedentes”.

A los pocos minutos, Mirosevic le cedió la palabra al resto de los integrantes de la comisión.

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, emplazó al ministro, asegurando que la solicitud de los decretos la hicieron “con premura”. “Lo solicitó esta comisión por unanimidad”, afirmó Vodanovic.

Y añadió: “El ministro conoce la ley general de bases”, deslizando una posible falta legal de Rabat, en medio de la inminente acusación que están preparando en su contra las bancadas de diputados de oposición.

Desde el oficialismo, los senadores no dudaron en blindar al secretario de Estado.

El senador Andrés Longton (RN), aseguró que “no hay precedentes en que se deje de invitar a un ministro para hacer un punto político”, añadiendo que con la jugada de la oposición se le está “inhibiendo de sus funciones constitucionales”.

El senador Arturo Squella (republicano) alegó que la arremetida de la oposición “escapa a la convocatoria que tenemos el día de hoy”.

“Se puede hacer perfectamente puertas afuera de la comisión”, añadió el presidente del Partido Republicano".

El revés legislativo

En la tabla que tenían para este lunes, la comisión rechazó la postergación de la entrada en vigencia del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de la Víctima.

Con esto, la iniciativa pasa a la sala del Senado con informe negativo, es decir, con la recomendación de que se rechace en el pleno de la corporación.

Este resultado se convirtió en la primera derrota legislativa del ministro Rabat en medio de la crisis que lo tiene en el ojo del huracán, pues la semana pasada, con el terremoto político desatado, seguía aprobando otros proyectos en la Cámara de Diputados, como el que sanciona toda forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes para cometer delitos.