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Wednesday, September 23, 2026

La IA que Chile sí puede gobernar

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Kenneth PughPor 

La Tercera dedicó su tema del sábado 19 al “apocalipsis de la IA” y su reportaje del domingo 20 a la disputa ideológica por regularla, “entre Thiel y el Papa”. El primero mira principalmente a San Francisco y Washington: investigadores y líderes de la industria advierten sobre la pérdida de control de los modelos más avanzados, mientras el presidente de Estados Unidos insiste en que quien gana la carrera de la IA, gana. El segundo traslada la discusión al Congreso chileno, donde los partidos debaten cuánto y cómo regular, quién asumirá los costos de la automatización y cómo proteger los derechos sin clausurar la innovación. Ambos debates son necesarios. Pero ninguno responde del todo una pregunta más inmediata, justo cuando el gobierno prepara su indicación sustitutiva: ¿cómo debe gobernar la IA un país que no desarrolla modelos de frontera, pero que inevitablemente los utilizará?

Chile no compite en la primera línea de esa carrera. No entrena esos modelos, no fabrica los chips y corre el riesgo de quedar sin asiento si la supervisión mundial termina siendo un club de laboratorios. Pero las consecuencias llegan igual. En julio, agentes basados en modelos de frontera, sometidos a pruebas de ciberseguridad, vulneraron la contención de sus entornos de evaluación y accedieron a infraestructura real de terceros. No hubo un atacante humano con intención hostil: fallaron los controles. Para quien ha trabajado en protección de infraestructura crítica, ese es el dato relevante. No la rebelión, sino la pérdida de control. Los servicios que una falla semejante podría paralizar tienen en Chile nombre y ley: son los servicios esenciales cuyos prestadores están sometidos por la Ley Marco de Ciberseguridad a deberes de seguridad y reporte, bajo fiscalización de la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Hay dos errores posibles. El primero es importar el miedo completo y discutir moratorias y botones de apagado como si tuviéramos algo que detener. El segundo es importar la indiferencia y concluir que, como el problema es de otros, a nosotros solo nos toca comprar. Ambos equivalen a no tener política.

Propongo una estrategia de doble vía. En la frontera, Chile necesita voz, aunque no construya un modelo de frontera propio: participar en la elaboración de las reglas, exigir que cualquier organismo supervisor tenga autoridad real y no sea una mesa de laboratorios que se supervisan entre sí, y actuar junto a Iberoamérica, porque solo no pesa.

Puertas adentro, el Estado necesita algo distinto y mucho más alcanzable: capacidad suficiente. Suficiente no significa precaria, sino proporcionada a la función, comprobable y gobernable. Una administración no requiere el modelo más potente del mundo para tramitar un beneficio, un permiso o un reclamo. Requiere un sistema que entregue resultados con fundamentos de hecho y de derecho, verificables por el funcionario responsable e impugnables por el ciudadano, y que, ante la duda, derive la decisión a una persona. Ese es el estándar. Si no puede cumplirlo, no debe decidir sobre personas, por brillante que parezca.

Esta distinción tiene consecuencias prácticas. La capacidad suficiente puede evaluarse, auditarse y desplegarse bajo jurisdicción propia y con reglas exigibles sobre el acceso, la residencia, la transferencia y el control de los datos. La evaluación independiente que hoy se reclama para los grandes laboratorios, el Estado chileno puede exigirla desde ahora a sus proveedores mediante las compras públicas: pruebas previas, trazabilidad, auditoría externa, reporte de incidentes y un mecanismo de salida contractual que evite el cautiverio tecnológico. Si puede cambiar de proveedor, el Estado reduce su dependencia de quien gane la carrera.

Terminator es una buena portada y una mala guía de política pública. El riesgo para Chile no es que la máquina se rebele. Es que el Estado adopte sin criterio sistemas que no entiende ni puede auditar, suministrados por proveedores que no puede sustituir, para tomar decisiones que el ciudadano no puede objetar. En la mar no se elige el tiempo: se elige cómo se prepara el buque.

Por Kenneth Pugh, Exsenador

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