Guillermo Bermejo seguirá en prisión hasta 2040: Corte Suprema confirma condena de 15 años por afiliación terrorista

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad presentado por el excongresista Guillermo Bermejo Rojas y confirmó su condena de 15 años de prisión efectiva por afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso. Con esta decisión, el exparlamentario continuará recluido y deberá cumplir su pena hasta el 18 de mayo de 2040, de acuerdo con el cómputo establecido en la sentencia.
El resultado, consignado en el sistema de consulta de expedientes del Poder Judicial este jueves 19 de noviembre, señala que los magistrados supremos declararon «no haber nulidad» respecto de la condena. La única modificación corresponde a la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, que fue reducida de dos años a seis meses.
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El pronunciamiento pone fin a la revisión del caso en la vía penal ordinaria, aunque la defensa de Bermejo todavía podría recurrir a mecanismos constitucionales si considera que durante el proceso se vulneraron sus derechos fundamentales.

La decisión confirma la pena privativa de libertad impuesta el 24 de octubre de 2025 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que encontró responsable a Bermejo del delito de afiliación a una organización terrorista.
Los jueces supremos introdujeron una modificación en la sanción accesoria. Inicialmente, se había establecido que el excongresista quedara inhabilitado para ejercer cargos públicos durante dos años posteriores al cumplimiento de su condena.
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Ahora, ese periodo se redujo a seis meses, que comenzarán a computarse una vez que concluya la pena de prisión.

El registro judicial también dispone integrar la sentencia para que la condena y la pena sean inscritas en el Registro Personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) y en los registros correspondientes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
Esta modificación no altera los 15 años de cárcel ni la fecha de cumplimiento prevista para mayo de 2040.
El proceso judicial se remonta a los vínculos que, según la acusación fiscal, Bermejo mantuvo con integrantes de Sendero Luminoso entre 2008 y 2009, en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).
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Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que el entonces dirigente político acudió voluntariamente a campamentos de la organización terrorista, donde habría recibido adoctrinamiento ideológico y mantenido encuentros con sus principales cabecillas.
Entre los nombres mencionados en la acusación figuran Víctor Quispe Palomino, conocido como «camarada José», y Jorge Quispe Palomino, alias «camarada Raúl».

La sentencia de octubre de 2025 concluyó que los elementos probatorios permitían acreditar su afiliación a la organización terrorista. Tras conocerse el fallo, Bermejo fue internado en el establecimiento penitenciario Ancón I.
Su defensa cuestionó la valoración de las pruebas y sostuvo que no se había demostrado su pertenencia a Sendero Luminoso. Por esa razón, presentó un recurso de nulidad con el propósito de dejar sin efecto la condena.
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Antes de que la Corte Suprema resolviera el recurso, el Ministerio Público se había pronunciado a favor de mantener la sentencia.
Mediante el Dictamen N.º 155-2026, emitido en junio, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal consideró que la resolución condenatoria estaba debidamente motivada y que los argumentos planteados por la defensa no justificaban su anulación.

Posteriormente, el 2 de octubre de 2026, la Sala Penal Transitoria realizó la audiencia correspondiente para evaluar el recurso de nulidad y dejó el caso al voto.
La decisión conocida este 19 de noviembre mantiene la responsabilidad penal establecida en primera instancia y confirma la pena de cárcel impuesta al excongresista.
Con el rechazo del recurso de nulidad, Bermejo agotó la vía penal ordinaria para cuestionar esta condena.
Una de las alternativas que podría evaluar su defensa es presentar una demanda de hábeas corpus, mecanismo constitucional que permite solicitar la protección de la libertad personal y otros derechos vinculados con ella cuando se considera que han sido vulnerados.
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Sin embargo, esta acción no constituye automáticamente una nueva instancia para revisar las pruebas del juicio ni implica la suspensión de la condena. Para que prospere, la defensa tendría que sustentar la existencia de una vulneración de derechos constitucionales.
Dependiendo del recorrido procesal y de las resoluciones que se emitan, el caso podría llegar al Tribunal Constitucional (TC) mediante los mecanismos previstos por la legislación peruana.
Por ahora, la condena de 15 años de prisión permanece vigente y su cumplimiento está previsto hasta el 18 de mayo de 2040, salvo que una resolución judicial posterior modifique su situación jurídica.
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