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Friday, November 20, 2026

Cárcel y delito: ¿cuántas pruebas más se necesitan?

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La investigación que permitió desbaratar una organización criminal que operaba desde tres cárceles bonaerenses vuelve a dejar al descubierto la inadmisible realidad de que muchas prisiones terminan convirtiéndose en verdaderas centrales del delito cuando el Estado renuncia a ejercer el debido control.

Los registros analizados por el fiscal de Mar del Plata Mariano Moyano revelaron que desde un solo teléfono se realizaron casi 20.000 llamadas entre marzo y octubre, mediante el uso de 11 tarjetas SIM diferentes. Estamos frente a otra prueba concreta –una más de las tantas acumuladas- de la dimensión que puede alcanzar una organización delictiva cuando dispone de celulares puertas adentro de una cárcel.

Las principales víctimas eran adultos mayores, muchos de ellos con teléfono fijo en sus domicilios. Los delincuentes se hacían pasar por policías o familiares en apuros para engañarlos y obtener importantes sumas de dinero. Si la extorsión telefónica no daba resultado, ponían en marcha un plan alternativo consistente en células operativas en la calle que concretaban violentas entraderas. Una de las víctimas resultó ser una mujer jubilada, de 70 años, torturada para robarle sus ahorros.

La organización tenía una estructura perfectamente distribuida entre las unidades penitenciarias de Olmos y Batán. Desde allí se obtenían datos patrimoniales, se seleccionaba a las víctimas y se coordinaban las maniobras. Las comunicaciones alcanzaban a varias provincias. Incluso, traspasaron la frontera, llegando hasta Uruguay. Estamos, por lo tanto, ante una estructura criminal de vasto alcance, con capacidad para organizar estafas y asaltos desde establecimientos que deberían impedir actividades delictivas.

El enojo del fiscal Moyano frente a la inacción del Ministerio de Seguridad bonaerense interpela a todo el gobierno provincial. “¿Qué más pruebas necesitan?”, reclamó. Y fue todavía más contundente al decir que, si no se toman decisiones, los dirigentes políticos no deberían hablar de seguridad. Su indignación tiene fundamentos más que sólidos. La Justicia investiga, reúne pruebas, identifica responsables y desarticula organizaciones, pero no puede reemplazar las decisiones políticas y administrativas que corresponden al Poder Ejecutivo. Cierto es decir también que algunos sectores judiciales son cómplices de este tipo de crimen.

¿Cómo puede ser que, después de semejantes evidencias, todavía no se haya terminado con el uso indiscriminado de celulares en las cárceles bonaerenses? ¿Quién garantiza que los internos no sigan organizando delitos desde sus pabellones? ¿Cómo es posible que una actividad telefónica de semejante intensidad pueda desarrollarse sin que las autoridades penitenciarias la detecten?

La magnitud de las comunicaciones también alimenta una fuerte presunción de connivencia con sectores del propio sistema penitenciario y obliga a investigar eventuales complicidades. Un detenido que habla durante horas, utiliza sucesivas tarjetas SIM y coordina operaciones con personas en libertad difícilmente pueda hacerlo sin condiciones que lo faciliten.

El gobierno nacional ya avanzó en la prohibición del uso de celulares en los establecimientos federales, mediante sistemas de detección y bloqueo de dispositivos, líneas y tarjetas SIM. También impulsó herramientas de cooperación para que las provincias puedan aplicar mecanismos similares. Mendoza y Córdoba, por ejemplo, ya dieron pasos en esa dirección. No hay razones atendibles para que Buenos Aires siga demorando una respuesta.

La tenencia de celulares había sido habilitada durante la pandemia, cuando las restricciones impedían las visitas y era necesario preservar el contacto familiar. Aquella excepción, comprensible durante esa emergencia, no puede transformarse en una autorización permanente. La pandemia terminó. También debería terminar la flexibilización que permite a los presos conservar una herramienta de comunicación prácticamente incontrolable.

Prohibir los teléfonos personales no significa incomunicar a los detenidos, sino establecer un sistema de llamadas institucionales, con horarios, números autorizados, identificación de los interlocutores y registros perfectamente controlables. El vínculo con las familias y los abogados debe garantizarse, pero nunca a costa de dejar abierta la puerta al delito.

Es gigantesca ya la cantidad de investigaciones, de dispositivos secuestrados, de llamadas documentadas y de víctimas concretas. Si semejante evidencia no alcanza para que el gobierno bonaerense actúe, el problema excede largamente una falla de control penitenciario. Es otra preocupante ausencia de decisión política.

Las cárceles no pueden seguir siendo territorios donde el Estado encierra a los delincuentes, pero les permite conservar intacta su capacidad de delinquir. La pregunta del fiscal debería convertirse en una exigencia para todas las autoridades: ¿cuántas más pruebas se necesitan para terminar con este escandaloso accionar?

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