Delincuencia juvenil

El debate sobre delincuencia adolescente exige abordar tres factores: prevención social efectiva, capacidad de persecución penal y normalización de la transgresión.

Primero, necesitamos programas preventivos de alto estándar técnico, coordinados entre servicios y focalizados en quienes enfrentan mayores riesgos, con apoyos pertinentes. Crecer expuesto al delito exige respuestas que integren intervenciones de apoyo a la familia -basados en evidencia- en materias de desarrollo económico, educación especializada, cuidados familiares, salud mental, tratamiento del consumo problemático de los cuidadores y prevención de violencia intrafamiliar. En resumen, todo lo necesario para evitar el fracaso y la exclusión escolar y el ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas.

Segundo, policías y fiscalías requieren recursos para desarticular y apresar a bandas que utilizan adolescentes. Por otra parte, para disuadir a los adolescentes, importa más la probabilidad de captura y sanción que endurecer las penas. Y, frente a la reincidencia reiterada en delitos, necesitamos sanciones con supervisión intensiva y no la cárcel. La privación de libertad puede proteger a la sociedad, pero no garantiza reinserción: quienes ingresan volverán a vivir en comunidad y más del 60% vuelve a reincidir.

Tercero, debemos enfrentar la legitimación del dinero fácil, la violencia y el incumplimiento de las reglas. Esto exige ante todo autoridades y líderes privados con una conducta ética ejemplar y, para incentivarla, se deben tener sanciones efectivas y duras contra la corrupción.

Prevenir, perseguir y dar el ejemplo son responsabilidades complementarias. Postergar cualquiera de ellas implica necesariamente el aumento de la delincuencia a manos de niños y adolescentes.

Rafael Rodríguez

Gte. general de Fundación San Carlos de Maipo