Vacantes judiciales, concursos y controles: las propuestas de Alberto Biglieri, candidato al Consejo de la Magistratura

La cobertura de vacantes, los criterios para seleccionar magistrados y los controles sobre los jueces concentran parte del debate sobre el funcionamiento de la Justicia. En la antesala de las elecciones del 20 de octubre para renovar la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura, Alberto Biglieri reclamó cambios para reducir las demoras y recuperar la confianza de la sociedad en el Poder Judicial.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el abogado, candidato de la lista tres, advirtió sobre el impacto de los cargos sin cubrir en la actividad de los tribunales y defendió una mayor transparencia en los concursos. “Cada juez que no se designa es una vacancia que hace que haya dos o tres juzgados a cargo de un juez y esto demora todo”, sostuvo.

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Biglieri diferenció las responsabilidades del Consejo de la Magistratura de las que corresponden al Poder Ejecutivo y al Senado en el nombramiento de jueces. Según explicó, parte de las demoras se produjo después de que el organismo completara los concursos y elevara las ternas de candidatos para cubrir los cargos.

Como ejemplo, mencionó los pliegos judiciales tratados recientemente en el Senado y señaló que algunas ternas habían sido conformadas años atrás. “En estas tandas que sacaron en la semana pasada, hubo casi 170 pliegos; la anterior había ternas conformadas en 2018. O sea, el Consejo se tomó el trabajo de hacer los exámenes y demás”, afirmó.

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El abogado atribuyó parte de las demoras a un “cuello de botella” entre el Ejecutivo y el Senado. También cuestionó la gestión inicial del Gobierno de Javier Milei en esta materia y destacó las medidas que, según dijo, se impulsaron posteriormente para destrabar las designaciones.

Para Biglieri, las consecuencias exceden los procedimientos administrativos: la falta de magistrados titulares obliga a distribuir causas entre otros juzgados y puede prolongar la resolución de los expedientes. “La justicia lenta no es justicia”, resumió.

El candidato advirtió sobre los efectos de los procesos que se extienden durante décadas. “A vos te llega un fallo de un problema, de un daño, algo por el estilo, 30 años después del hecho, digamos, no tiene sentido”, expresó.

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También señaló las dificultades para revisar situaciones que puedan surgir después de la conformación de una terna. Según explicó, el Consejo no dispone de un mecanismo específico para intervenir de manera permanente ante eventuales cambios en las circunstancias de los postulantes. En esos casos, la decisión puede quedar en manos del Ejecutivo o del Senado, aunque la devolución de un pliego no garantiza por sí misma que la vacante se cubra.

Otro de los ejes de su propuesta es modificar los criterios de selección de magistrados para que los resultados de los exámenes tengan mayor incidencia en las designaciones. Biglieri se pronunció a favor de fortalecer el orden de mérito y limitar el peso de las entrevistas personales, una de las instancias de evaluación de los postulantes.

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“Es acompañar el fortalecimiento de la lista de mérito, o sea, del examen”, afirmó. El objetivo, agregó, es “reducir claramente la discrecionalidad” en los concursos.

Sin embargo, planteó que cualquier reforma debe garantizar condiciones de competencia equitativas entre los candidatos. A su entender, quienes desarrollan su carrera dentro del Poder Judicial tienen ventajas frente a los abogados que ejercen de manera independiente.

“Demasiadas ventajas los judiciales, los abogados judiciales, y muchas desventajas los abogados”, cuestionó. Según sostuvo, esa diferencia desalienta la participación de profesionales que trabajan fuera de los tribunales y limita la incorporación de otras experiencias al sistema judicial.

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Biglieri también objetó los criterios de puntaje y capacitación de la Escuela Federal de la Magistratura. Afirmó que los cursos de esa institución reciben una valoración diferente de la que obtienen las actividades de formación organizadas por universidades públicas o colegios de abogados.

“Genera más cupos para los judiciales que para los abogados que quieren participar. Ahí ya hay un desemparejamiento”, señaló.

Para el candidato, ampliar la participación de abogados litigantes permitiría incorporar una perspectiva más cercana a los problemas de los ciudadanos que recurren a los tribunales. “Eso le hace falta: que tenga esa empatía que tiene el abogado de conocer al ciudadano y al cliente”, sostuvo.

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Su propuesta, aclaró, es aplicar estrictamente el orden de mérito, pero garantizar que todos los postulantes tengan oportunidades comparables desde el inicio. “Estamos de acuerdo con votar a rajatabla el orden de mérito. Estamos de acuerdo con achicar la discrecionalidad, siempre y cuando la línea de largada sea pareja”, afirmó.

Biglieri sostuvo que la función del Consejo no debe limitarse a seleccionar magistrados, sino que también debe contemplar el control de su desempeño. “El Consejo de la Magistratura está para designar, pero para controlar”, afirmó.

Para sintetizar su postura, recurrió a una frase atribuida a Juan Domingo Perón: “El hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor”. Luego trasladó esa idea al ámbito judicial: “El juez es bueno, pero si se lo controla es mejor”.

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El abogado vinculó la necesidad de fortalecer los controles con la pérdida de credibilidad de la Justicia y reclamó reconstruir el vínculo entre las instituciones y la sociedad. En ese marco, defendió una mayor cercanía con quienes necesitan una respuesta judicial y señaló que los tiempos de resolución también forman parte de esa relación.

“¿Qué le hace falta a la justicia? Más empatía, más cercanía. La celeridad es parte de la cercanía”, expresó.

También planteó que los representantes de la abogacía deben conservar autonomía frente a los intereses de los demás sectores que integran el organismo, entre ellos el Poder Judicial, el Congreso, el Ejecutivo y el ámbito académico.

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En el tramo final de la entrevista, Biglieri defendió la independencia de los magistrados, aunque sostuvo que deben actuar dentro de los límites establecidos por la Constitución. “Los jueces tienen que estar para aplicar la ley, no para inaplicarla, porque si no estamos subvirtiendo el orden constitucional”, afirmó.

Su planteo reúne tres prioridades para el Consejo de la Magistratura: agilizar las designaciones para reducir las vacantes, establecer condiciones más equitativas en los concursos y fortalecer los mecanismos de control. La elección del 20 de octubre definirá quiénes representarán a la abogacía en el organismo encargado de intervenir en la selección y evaluación de los magistrados.

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