Por qué De La Espriella teme presiones de la familia Torres sobre el Congreso en la definición de los linderos entre Barranquilla y Puerto Colombia

La disputa suma más de 1.000 hectáreas y un recaudo fiscal de 40.000 millones de pesos que ahora definen el Senado y la Cámara.

La frontera entre Barranquilla y Puerto Colombia arrastra uno de los pleitos territoriales más largos del departamento del Atlántico, un litigio que durante años se ha movido entre despachos judiciales, ordenanzas departamentales, estudios técnicos y ahora el pulso entre dos casas políticas de gran peso en esta zona del Caribe colombiano.

LEA TAMBIÉN

 Este lunes, el asunto volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública después de que el presidente Abelardo De La Espriella advirtiera sobre un presunto cabildeo del clan Torres, una estructura política con fuerte arraigo en Puerto Colombia, para incidir en la decisión que el Congreso debe tomar sobre más de 1.000 hectáreas del norte del departamento.

La advertencia presidencial llegó justo cuando el proceso parecía acercarse a un punto de quiebre. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi entregó a las comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara un documento técnico de más de 400 páginas, elaborado con criterios históricos, cartográficos, geográficos, demográficos, sociales y administrativos, con una propuesta de línea divisoria entre los dos territorios.

 Ese informe reavivó una disputa que, más allá de la coyuntura política, tiene raíces profundas en la historia administrativa de la región y consecuencias directas sobre la vida de miles de familias, empresas e instituciones educativas.

Qué se disputan los dos territorios

El área en discusión suma entre 1.000 y 1.435 hectáreas e incluye el Corredor Universitario, Villa Campestre, una zona residencial que cuenta con exclusivos conjuntos de vivienda, y el sector de Ciudad Mallorquín, donde se levantaron unos 15.000 apartamentos, en el límite norte entre los dos municipios. 

Allí operan universidades como la del Atlántico, la del Norte,  la Libre, además de colegios, clínicas, conjuntos residenciales y establecimientos comerciales que sostienen buena parte de la dinámica económica y educativa de esa franja del departamento.

El litigio no nació esta semana. Uno de sus antecedentes centrales fue la Ordenanza 000075 de 2009, que junto con una disposición similar de 1999 había otorgado a Puerto Colombia el control administrativo y fiscal del Corredor Universitario. Años después, el Consejo de Estado anuló ambas normas al determinar que las asambleas departamentales carecen de competencia para fijar o modificar los límites de los distritos, una facultad que la Constitución reserva de manera exclusiva al Congreso. 

LEA TAMBIÉN

Esa decisión judicial dejó sin sustento legal la jurisdicción que Puerto Colombia había ejercido durante más de una década sobre la zona y abrió la puerta al proceso técnico que hoy tiene el balón en el Legislativo.

En 2025, Barranquilla y Puerto Colombia formalizaron ante el IGAC el inicio del procedimiento de deslinde. Durante meses, las dos administraciones presentaron documentos, antecedentes históricos y soportes técnicos para defender sus posiciones, mientras el instituto adelantaba visitas de campo, revisión documental y análisis cartográfico. El resultado fue el informe que ahora estudian las comisiones del Congreso y que, según Barranquilla, respalda su pretensión sobre el Corredor Universitario y Villa Campestre, aunque Puerto Colombia insiste en que el proceso todavía no está cerrado.

El peso económico y político detrás del pleito

Detrás de la discusión técnica hay un componente fiscal que explica buena parte de la intensidad del pleito. La zona en disputa genera un recaudo anual cercano a los 40.000 millones de pesos. Para Puerto Colombia, perder ese territorio significaría una caída de hasta el 55 % en sus ingresos y su descenso a un municipio de categoría 6, con todo lo que eso implica en materia de transferencias, capacidad de inversión y planta administrativa. Para Barranquilla, en cambio, la anexión ampliaría de forma sustancial su base tributaria y su margen para invertir en servicios, urbanismo y obras públicas en el sector.

A ese cálculo fiscal se suma una disputa de poder que trasciende lo administrativo. La estructura señalada por el presidente está encabezada por Euclides Torres, contratista estatal y líder político con peso histórico en Puerto Colombia, descrito como una de las fuerzas más influyentes del departamento en las últimas décadas y cercano al gobierno anterior, el de Gustavo Petro.

Esa influencia se contrapone en el tablero regional a la de la Casa Char, la familia que concentra el mayor poder político y electoral en Barranquilla. El resultado del deslinde, en ese sentido, no solo redefine un mapa, sino también el equilibrio de fuerzas entre dos proyectos políticos que llevan años disputándose el control del norte del Atlántico.

Por qué el presidente encendió las alarmas

En ese contexto se produjo la advertencia de De La Espriella. El mandatario respaldó la posición de Barranquilla a partir de los criterios del informe del IGAC y pidió que el trámite legislativo se mantenga libre de presiones.

“Es muy importante llamar la atención para estar atentos a que el cabildeo de los Torres, quienes siguen intentando meterle mano al proceso que ya definió el asunto de delimitación territorial, no vaya a permear la independencia del Congreso”, afirmó. También cuestionó la eventual injerencia de intereses privados y políticos en una decisión que, según dijo, debe responder únicamente a criterios jurídicos y técnicos. “Los aliados del gobierno anterior y los intereses privados no pueden seguir primando sobre el interés del pueblo y, mucho menos, sobre la Constitución y la ley”, sostuvo.

El senador barranquillero Carlos Meisel (Centro Democrático), presidente de una de las comisiones encargadas del trámite, respondió a la advertencia presidencial y aseguró que el proceso avanzará sin presiones.

“Por este lado no tiene de qué preocuparse por cabildeos, ni ninguna de esas prácticas por el estilo. Vamos a hacer el proceso totalmente visible a la luz pública”, señaló, y destacó el ritmo que le han impreso a la discusión: “En cuarenta días hemos avanzado más que en los últimos treinta años y así lo seguiremos haciendo”. 

El mismo congresista ya había llamado a la cautela al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, luego de que el mandatario distrital anunciara que la ciudad “recuperaría” sectores como Villa Campestre y el Corredor Universitario, al advertir que los límites no pueden definirse por anuncios políticos sino por el procedimiento legal establecido.

LEA TAMBIÉN

Desde Puerto Colombia, el alcalde Plinio Cedeño respondió que el municipio mantiene el control y la autonomía sobre los sectores en disputa y cuestionó que el informe técnico se presente como una decisión definitiva, al insistir en que corresponde exclusivamente al Congreso estudiar los argumentos de ambas administraciones y fijar la línea final. Con el expediente ya en manos de las comisiones del Senado y la Cámara, ese es precisamente el terreno donde se resolverá, en las próximas semanas, uno de los pleitos territoriales más prolongados del Caribe colombiano.

LEONARDO HERRERA DELGANS, periodista de EL TIEMPO. leoher@eltiempo.com y en X: @leoher70

Sigue toda la información de Colombia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.

BOLETINES EL TIEMPO

Regístrate en nuestros boletines y recibe noticias en tu correo según tus intereses. Mantente informado con lo que realmente te importa.

EL TIEMPO GOOGLE NEWS

Síguenos en GOOGLE NEWS. Mantente siempre actualizado con las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en Google News.

EL TIEMPO WHATSAPP

Únete al canal de El Tiempo en WhatsApp para estar al día con las noticias más relevantes al momento.

EL TIEMPO APP

Mantente informado con la app de EL TIEMPO. Recibe las últimas noticias coberturas historias y análisis directamente en tu dispositivo.

SUSCRÍBETE AL DIGITAL

Información confiable para ti. Suscríbete a EL TIEMPO y consulta de forma ilimitada nuestros contenidos periodísticos.