PAN insiste: cadena perpetua para “narcogobernadores”: así busca castigar a funcionarios ligados al crimen organizado
El Partido Acción Nacional (PAN) reiteró su propuesta para establecer sanciones más severas contra funcionarios y políticos vinculados con el crimen organizado, incluida la cadena perpetua, en medio de los señalamientos sobre presuntos nexos entre integrantes de Morena y grupos criminales.
El 20 de septiembre de 2026, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió al Gobierno federal “abrir los ojos” y puso nuevamente sobre la mesa la acusación panista de que existe un supuesto “narcopacto” con grupos criminales.
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Romero sostuvo que las presuntas alianzas con organizaciones delictivas han afectado la seguridad y la soberanía del país. En un comunicado, afirmó que México se ha convertido en un “Narcoestado” y responsabilizó a Morena de una supuesta relación con el crimen organizado.
El dirigente panista señaló que Acción Nacional mantendrá su agenda legislativa para impulsar penas que permitan mantener en prisión de manera permanente a los políticos vinculados con organizaciones criminales.
Romero también pidió que las instituciones de justicia actúen sin distinciones partidistas y que cualquier funcionario que incurra en este tipo de conductas sea sancionado.
De acuerdo con el presidente nacional del PAN, las alertas y señalamientos provenientes del exterior sobre presuntos “narco políticos” deben ser atendidos por las autoridades mexicanas. A partir de estos argumentos, insistió en la necesidad de modificar el marco legal.
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La propuesta no es nueva dentro del partido. Desde principios de septiembre, la bancada panista en la Cámara de Diputados planteó reformas para incrementar las penas contra servidores públicos relacionados con el narcotráfico.
El 2 de septiembre, Elías Lixa, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, informó que la primera propuesta de su bancada para el periodo de sesiones contemplaba sanciones de entre 80 y 140 años de prisión para funcionarios ligados al narcotráfico.
La iniciativa también plantea multas de entre 12 mil y 24 mil días, además de considerar estos delitos como imprescriptibles, con el objetivo de que puedan ser perseguidos sin que opere la prescripción.
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La propuesta busca que los funcionarios involucrados permanezcan privados de su libertad durante el resto de su vida, de acuerdo con lo expuesto por Lixa.
Entre los planteamientos que el PAN ha señalado en el Congreso se encuentran:
Cadena perpetua para políticos relacionados con el crimen organizado.
- Penas de hasta 140 años de prisión para funcionarios vinculados con grupos criminales.
- Multas de entre 12 mil y 24 mil días.
- Considerar imprescriptibles los delitos relacionados con estas conductas.
- Medidas contra el reclutamiento forzado de menores y una comisión especial para atender desapariciones.
El 18 de septiembre, el diputado federal panista Asael Hernández Cerón afirmó que la bancada del PAN continuará impulsando estas propuestas, pese al rechazo que, según señaló, han recibido de legisladores de Morena y sus aliados.
El legislador sostuvo que las iniciativas serán presentadas como parte de la plataforma política de Acción Nacional y argumentó que la seguridad es una de las principales demandas de la población.
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Hernández Cerón también afirmó que existen datos difundidos por medios de comunicación y autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre integrantes de Morena y actividades ilícitas.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos utilizados por el PAN para insistir en sus propuestas.
Hasta la información proporcionada, no se había hecho oficial el dictamen de la iniciativa de sanciones y tampoco se había informado si Morena y sus aliados respaldarían el planteamiento en las cámaras del Congreso.
Las acusaciones a las que hace referencia el PAN ocurren en un contexto de señalamientos provenientes de Estados Unidos contra distintos funcionarios y figuras vinculadas con Morena.
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Entre los casos mencionados se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien, según el contexto proporcionado, fue acusado ante un tribunal federal de Nueva York por cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas vinculados con el Cártel de Sinaloa.
También está el caso de Enrique Inzunza, senador que dejó la bancada de Morena para declararse independiente después de señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos nexos con el crimen organizado.
Asimismo, se han difundido versiones sobre investigaciones estadounidenses relacionadas con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Ambos han rechazado los señalamientos referidos.
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También se han reportado casos relacionados con la revocación o recuperación de visas estadounidenses de gobernadores y funcionarios.
Frente a estos señalamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum y distintos gobernadores de Morena han rechazado las acusaciones, al considerar que carecen de pruebas y que forman parte de acciones de injerencia extranjera para debilitar al movimiento político.
Morena también ha llamado a mantener la unidad interna y defender la soberanía nacional frente a las presiones provenientes de Estados Unidos.
En este escenario, el PAN mantiene como parte de su agenda legislativa la propuesta de aumentar las sanciones contra funcionarios relacionados con el crimen organizado.
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La dirigencia nacional del partido volvió a plantear el 20 de septiembre que quienes incurran en esas conductas enfrenten penas que les impidan recuperar su libertad.
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