Aclaran si un trabajador colombiano puede quedarse sin el pago de la mesada pensional después de cotizar semanas adicionales

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Laboral, ordenó a Colfondos reconocer de manera provisional la garantía de pensión mínima a una afiliada con 2.073 semanas cotizadas, pero condicionó el desembolso a que ella demuestre su retiro del servicio. El fallo deja en claro que cumplir la edad y superar el mínimo de aportes no basta cuando persisten dudas sobre la financiación de la prestación y no se acredita el fin de la relación laboral.

La decisión, emitida el 1 de noviembre, examinó la demanda de María Lucy Valencia Herrera contra Colfondos, el Departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas, el Ministerio de Hacienda y el Hospital San José de Neira. La afiliada nació el 12 de mayo de 1958 y trabajó en ese hospital desde el 26 de junio de 1979.

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Valencia Herrera estuvo afiliada inicialmente al Instituto de Seguros Sociales y se trasladó en 1999 al régimen de ahorro individual administrado por Colfondos. El Tribunal modificó de manera parcial el fallo de primera instancia y ordenó gestionar el reconocimiento de un título pensional correspondiente al lapso entre el 26 de junio y el 31 de agosto de 1979.

Dicho título deberá financiarse con el patrimonio autónomo creado mediante el contrato de concurrencia 083 de 2001, por medio del Departamento de Caldas y la Dirección Territorial de Salud. La Sala mantuvo, además, la orden para que Colfondos reconozca provisionalmente la garantía de pensión mínima con recursos propios, aunque condicionó el desembolso a la prueba del retiro laboral.

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En agosto de 2019, la historia laboral de Valencia Herrera registraba 2.073 semanas cotizadas. Su cuenta individual tenía un saldo de $62.611.580 en mayo de 2021, pero el expediente no permitía establecer con certeza si ese capital, una vez completados los tiempos pendientes, alcanzaba para financiar una pensión de vejez con recursos propios.

La afiliada pertenecía al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), donde una persona puede acceder a la pensión por dos vías. “El artículo 64 de la Ley 100 de 1993 regula la pensión financiada con el capital acumulado en la cuenta individual, mientras que el artículo 65 contempla la garantía de pensión mínima para quienes cumplen los requisitos legales y no reúnen ahorro suficiente para financiar una mesada, dice la decisión”, puntualiza.

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Para el caso, el Tribunal constató que la trabajadora superaba las 1.150 semanas exigidas para acceder a esa garantía y había cumplido la edad requerida para las mujeres. Sin embargo, la falta de periodos plenamente incorporados y financiados impedía definir cuál modalidad correspondía aplicar y cuál era el capital definitivo disponible.

Los vacíos se concentraban en tiempos de 1979 y en aportes comprendidos entre junio y diciembre de 1994. La existencia de semanas adicionales no eliminaba el derecho de la afiliada, pero una historia laboral incompleta impedía precisar la financiación de la prestación y resolver el reconocimiento definitivo.

Colfondos sostuvo que no podía completar el trámite mientras otras entidades no entregaran documentos y acreditaciones relacionados con los periodos faltantes y el bono pensional. El Tribunal rechazó que esas demoras trasladaran toda la carga a la afiliada y recordó que las administradoras deben gestionar los bonos y vigilar esos procedimientos desde el momento de la vinculación.

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La Sala consideró insuficiente que la administradora hubiera activado esas gestiones al presentarse la solicitud de pensión, cerca de dos décadas después del traslado de 1999. “No resultaba aceptable que, después de alrededor de 20 años desde el traslado, fuera apenas al momento de la solicitud pensional cuando se desplegaran las gestiones para obtener los bonos pendientes”, indicó la decisión judicial.

Por ello, el fallo confirmó que Colfondos deberá reconocer provisionalmente la garantía de pensión mínima con sus propios recursos cuando Valencia Herrera pruebe su retiro del servicio. A la vez, deberá continuar los trámites ante las entidades encargadas de completar los aportes y la financiación que permanezca pendiente. La orden no equivale a declarar que el saldo de la cuenta individual fuera insuficiente para sostener una pensión ordinaria. Precisamente, el Tribunal señaló que no podía determinar ese punto mientras faltaran la incorporación y el respaldo financiero de los tiempos laborales discutidos.

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De igual forma, la demandante pidió los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aplicables cuando existe retraso en el pago de mesadas. El Tribunal negó esa pretensión porque el proceso no acreditó la fecha cierta desde la cual la afiliada podía empezar a disfrutar efectivamente de la pensión.

La primera instancia había subordinado el pago a la demostración del retiro laboral, y el expediente no contenía una certificación que lo acreditara. Sin ese dato, la Sala concluyó que “no podía establecerse desde cuándo se había configurado la mora en el pago de las mesadas”.

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El caso muestra la necesidad de revisar de forma periódica la historia laboral antes de iniciar el trámite pensional. Los trabajadores deben comprobar que figuren todos los periodos trabajados, que los aportes estén registrados correctamente y que no existan inconsistencias en los tiempos cotizados.

También conviene pedir a la administradora una explicación sobre cada periodo ausente, aporte sin registrar o bono pensional pendiente. Las certificaciones laborales y los soportes de cotización pueden resultar necesarios para identificar qué entidad debe responder por tiempos antiguos que no aparezcan en el registro.

Cumplir la edad y reunir las semanas requeridas no siempre coincide con el comienzo del pago de la mesada. Quien sigue vinculado laboralmente y continúa cotizando debe verificar las condiciones de su régimen y acreditar los requisitos exigidos para pasar del reconocimiento del derecho al disfrute efectivo de la pensión.