Tío del fiscal Rafael Rojas lo señala por usar su cargo para relacionar con el narcotráfico la disputa por el predio que involucra a la Uniguajira
La disputa familiar por el predio “San Ramón”, ubicado a la salida de Riohacha, que enfrenta un complejo entramado jurídico, suma un nuevo capítulo.
El predio San Ramón es objeto de una disputa familiar y judicial en la que también aparecen como copropietarios la Universidad de La Guajira y el fiscal Rafael Rojas Orcasitas. Foto: Redes sociales
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Esta vez, la familia Rojas Ramírez y la sociedad Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S. hicieron público un comunicado en el que cuestionan actuaciones atribuidas a Rafael Francisco Rojas Orcasitas, quien, además de ser copropietario del inmueble, es fiscal especializado contra el narcotráfico.
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El documento está firmado por Franklin Juscelino Rojas Ramírez, tío del fiscal Rafael Rojas Orcasitas, quien actúa como vocero de la familia.
Uno de los señalamientos más sensibles del comunicado está relacionado precisamente con el narcotráfico. La familia afirma que Rojas Orcasitas, “valiéndose de su cargo”, habría intentado relacionar un predio cuya tradición califican como estrictamente familiar con “señalamientos y estigmas de narcotráfico”.
Según Rojas Ramírez, esta situación habría sido utilizada para generar presión sobre integrantes de la familia, directivos de la Universidad de La Guajira y funcionarios judiciales.
“De manera temeraria, el señor Rojas Orcasitas, valiéndose de su cargo, ha pretendido vincular un predio de tradición estrictamente familiar con señalamientos y estigmas de narcotráfico, con el único propósito de amedrentar e intimidar a los miembros de la familia, a la administración de la Universidad de La Guajira y a los funcionarios judiciales, instrumentalizando su investidura pública para fines de presión e interés personal”, señala el comunicado.
El caso se relaciona con una denuncia presentada por el rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, contra el fiscal Rojas Orcasitas y Eddie José Gnecco, por presunta extorsión, persecución y uso indebido de instituciones del Estado con fines particulares tras negarse a comprar el lote con un sobrecosto del 400 % de su valor. En la denuncia, Robles también cuestionó señalamientos que lo vincularían con una supuesta red de narcotráfico.
El fiscal también es copropietario del terreno
Tal como ya lo había informado EL TIEMPO, el comunicado sostiene que Rafael Rojas Orcasitas adquirió en mayo de 2023 una participación minoritaria equivalente al 16,66 por ciento del predio, mediante un traspaso-venta de derechos herenciales con su padre, César Tulio Rojas Ramírez, por 10 millones de pesos, tras la recuperación del predio luego de años de litigio.
“A partir de allí, diseñó un entramado de maniobras jurídicas, cesiones de créditos inexistentes y demandas a través de la sociedad familiar Admicons Ltda. (propiedad de su madre y hermana desde 2019 y cuyo gerente es su padre), buscando estrangular económicamente a la familia y forzar el apoderamiento total del inmueble. Hoy se anuncia como único poseedor del 100 %”, señaló su tío en el comunicado.
Rafael Francisco Rojas Orcasitas y Franklin Juscelino Rojas Ramírez. Foto:Redes sociales
Actualmente, la participación sobre el inmueble se distribuye entre Armenta y Cía. Inversión Inmobiliaria S.A.S., con 52,99 por ciento; la Universidad de La Guajira, con 30,3046 por ciento, y Rafael Rojas Orcasitas, con 16,66 por ciento.
Sobre la recuperación del inmueble y el rol del fiscal
La familia Rojas Ramírez sostiene que la recuperación jurídica y material de San Ramón fue el resultado de un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que fue promovido y financiado por integrantes de la familia.
El comunicado hace referencia al proceso 2013-0124, tramitado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Riohacha.
Los familiares rechazan que Rafael Rojas Orcasitas pueda atribuirse la recuperación del inmueble y sostienen que su participación se produjo durante la diligencia final de desalojo, en su condición de funcionario público.
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“Desmentimos enfáticamente cualquier pretensión del señor Rafael Francisco Rojas Orcasitas de atribuirse la restitución del predio. En su condición de funcionario público —Fiscal Especializado Antinarcóticos—, el señor Rojas Orcasitas únicamente hizo presencia para coordinar la logística de la última diligencia de desalojo como supuesta 'colaboración'. Nuestro abogado hizo la diligencia bajo nuestras instrucciones”, señala el comunicado.
Una reunión de 2023 también aparece en el comunicado
Otro de los episodios mencionados por Franklin Rojas corresponde a una reunión realizada el 28 de noviembre de 2023, en la que, según su versión, Rafael Rojas habría participado junto con abogados e intermediarios.
La familia sostiene que durante ese encuentro se habló de una supuesta inversión de 800 millones de pesos relacionada con una diligencia de desalojo, sin soportes ni relación de gastos, y de la intervención de posibles terceros interesados en el inmueble.
El predio San Ramón, ubicado a la salida de Riohacha, es objeto de una disputa familiar y judicial Foto:Redes sociales
“En la reunión del 28 de noviembre se opuso vehementemente a la división pacífica del predio, anunciando la intervención de terceros ajenos a la familia (señores Quintero, supuestos representantes de la familia Gnecco Zuleta, con quienes, según su dicho, habría hecho negocios sobre el lote del cual no era dueño ni poseedor alguno)”, señala Rojas Ramírez.
El comunicado también menciona una controversia por 200 millones de pesos correspondientes a honorarios profesionales, cuyo cobro, según los firmantes, terminó derivando en diferentes cesiones y actuaciones judiciales.
“Se dedicó a meter procesos laborales y después civiles, seguidos de cesiones y a través de la sociedad de su padre para cobrar por esos 200 millones de pesos la suma de 1.100 millones de pesos. (Aduce judicialmente y con soportes documentales que su madre, a través de la sociedad Admicons Ltda., le compró en efectivo a los meses del pago los derechos de honorarios del abogado por trescientos millones de pesos y que esos representan a 2025, en menos de un año y medio, 1.100 millones de pesos)”, puntualiza Rojas Ramírez.
Ese componente económico hace parte de otro frente del conflicto y, según el comunicado, actualmente es objeto de discusión ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso identificado con el número 11001310302620250020700.
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La familia sostiene que, después de la diligencia de desalojo, Rafael Rojas Orcasitas habría intentado asumir la posesión del predio y promover proyectos personales y comerciales. Señala que posteriormente adquirió de su padre el 16,66 % del inmueble y solicitó facultades para negociar la totalidad del predio, incluso mediante fiducias o una eventual venta a sí mismo, solicitudes que, según el comunicado, fueron rechazadas por la familia.
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Frente al proceso de recuperación del inmueble, la familia afirma que este se desarrolló dentro de los procedimientos judiciales correspondientes y con intervención de las autoridades, por lo que niega que haya existido desplazamiento o intervención de terceros.
Rojas Ramírez asegura, además, que recibió amenazas de muerte y seguimientos por parte de ocupantes, situación que habría provocado su desplazamiento de la región y afectaciones a su salud.
La disputa continúa en los juzgados
Mientras las partes mantienen posiciones enfrentadas sobre la propiedad y la posesión, el conflicto continúa en los escenarios judiciales.
La familia Rojas Ramírez afirma que actualmente se adelanta un proceso divisorio ante el Juzgado Segundo de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Riohacha para resolver el estado de indivisión del inmueble.
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El comunicado también rechaza toda vía de hecho, intimidación o montaje judicial que pretenda “manchar la honra de nuestra familia o despojar del patrimonio construido con el trabajo honesto de generaciones”.
El predio San Ramón involucra así derechos de propiedad, disputas familiares, procesos civiles, actuaciones relacionadas con la posesión del inmueble y señalamientos que alcanzan a un funcionario de la Fiscalía que, al mismo tiempo, figura como copropietario del predio y a la Universidad de La Guajira.
EL TIEMPO intentó contactarse con el fiscal Rafael Rojas Orcasitas para conocer su versión, pero no se ha obtenido respuesta hasta el momento.
Eliana Mejía Ospino, especial para EL TIEMPO. Riohacha
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