Poder Judicial elimina evaluación de trabajadores tras manifestaciones contra posibles sanciones
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) decidió dejar sin efecto el acuerdo que establecía la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), luego de las manifestaciones y los paros de labores realizados por trabajadores que expresaron preocupación por posibles sanciones y afectaciones a su estabilidad laboral.
Este lunes, el Pleno del OAJ aprobó abrogar el Acuerdo General que regulaba ese procedimiento, con lo que dejó sin efecto el esquema de evaluación que había generado inconformidad entre secretarios, actuarios, oficiales judiciales y otros integrantes del personal de carrera judicial.
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La determinación se tomó después de una reunión celebrada el pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que participaron el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y representantes de las organizaciones sindicales del Poder Judicial.
De acuerdo con el comunicado número 107/2026, el encuentro con los dirigentes sindicales permitió establecer tres compromisos relacionados con el mecanismo de evaluación.
Entre ellos se encontraba precisar que el propósito de las evaluaciones sería fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, sin que pudieran utilizarse como una herramienta para imponer sanciones o separar del cargo a los trabajadores.
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También se acordó eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían solicitar los titulares de los órganos jurisdiccionales, así como modificar los porcentajes de aquellos componentes que incorporaban factores considerados subjetivos.
El tercer compromiso consistía en publicar las modificaciones al acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) a la brevedad.
Sin embargo, después de revisar los primeros dos puntos, el Pleno del OAJ resolvió abrogar el acuerdo en su totalidad, en lugar de mantener el mecanismo con modificaciones.
La decisión ocurrió después de las movilizaciones del viernes 6 de noviembre, cuando integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) protestaron en la Ciudad de México y al menos 17 entidades del país.
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Los inconformes rechazaron el esquema de evaluación porque consideraban que podía afectar sus derechos laborales, la certeza jurídica y la permanencia en sus puestos.
En la capital del país realizaron bloqueos y concentraciones en tres puntos: avenida Insurgentes, Periférico Sur y las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro.
Las manifestaciones también se reportaron en Durango, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Guerrero, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Yucatán.
Entre los principales motivos de inconformidad estaban:
- La posibilidad de que las evaluaciones tuvieran consecuencias sobre la permanencia laboral.
- La participación de jueces, magistrados y compañeros en la calificación del desempeño.
- La incorporación de criterios que los trabajadores consideraban subjetivos.
- La posibilidad de que los titulares solicitaran evaluaciones extraordinarias.
En su comunicado, el Órgano de Administración Judicial señaló que, pese al compromiso de las dirigencias sindicales de mantener las actividades laborales con normalidad este lunes 9 de noviembre, al momento de emitir su posicionamiento permanecían cerradas las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales.
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El organismo advirtió que esta situación repercutía en el derecho de acceso a la justicia de la población, debido a las afectaciones en la continuidad de los servicios jurisdiccionales.
Por ese motivo, explicó que la abrogación del acuerdo respondió también a la necesidad de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.
El OAJ reiteró que su decisión busca garantizar la continuidad de las actividades y la atención a la ciudadanía, además de mantener su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia federal.
Antes de la decisión, los representantes sindicales habían solicitado revisar las condiciones del nuevo mecanismo y establecer garantías para evitar que se utilizara contra los trabajadores.
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El dirigente nacional del STPJF, Gilberto González Pimentel, acudió al Senado de la República para solicitar a integrantes de la Comisión de Justicia que intervinieran en la revisión del programa.
El líder sindical sostuvo que la evaluación no debía convertirse en un instrumento para realizar despidos arbitrarios ni afectar derechos laborales adquiridos.
Por su parte, la Asociación de Jueces y Magistrados también manifestó preocupación por los criterios que contemplaba el esquema del OAJ, al considerar que algunos podían dar lugar a valoraciones discrecionales.
En tanto, antes de la abrogación, el órgano administrativo había defendido que las evaluaciones tendrían inicialmente un carácter diagnóstico y que no representarían un riesgo para la permanencia de los integrantes de la carrera judicial.
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Con la resolución aprobada este lunes, el OAJ dejó sin efecto el acuerdo general que regulaba el procedimiento, luego de las protestas y las negociaciones con las organizaciones sindicales.
La decisión se produce en medio de las inconformidades por las condiciones laborales del personal que sostiene las actividades de juzgados y tribunales federales.
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