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Friday, October 30, 2026

Tres suboficiales de la PNP irán a prisión por presuntamente exigir S/4.000 para evitar la detención de dos personas

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Tres suboficiales de la PNP cumplirán 14 meses de prisión preventiva por su presunta participación en un caso de corrupción durante una intervención policial en Lima Norte.

Tres suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) cumplirán 14 meses de prisión preventiva por su presunta participación en un caso de corrupción durante una intervención policial en San Martín de Porres. La investigación fiscal apunta a una supuesta solicitud de dinero a cambio de evitar la detención de dos personas.

Los investigados fueron identificados como Randy S., David C. y Anggelo D. El Ministerio Público les atribuye los presuntos delitos de concusión, en agravio del Estado, y robo agravado, en perjuicio de un ciudadano.

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El caso se originó tras una intervención en una vivienda de la avenida Antúnez de Mayolo, donde efectivos policiales vestidos de civil ingresaron e intervinieron a una mujer y a su padre. Ambos fueron señalados como presuntos cómplices de una persona a quien los agentes buscaban.

La Fiscalía sostiene que, después de este procedimiento, uno de los suboficiales se comunicó con la pareja de la mujer intervenida para solicitarle S/ 4.000. El dinero habría sido exigido a cambio de evitar que los familiares fueran detenidos. Además, durante la intervención se reportó la desaparición de S/ 6.000 del inmueble.

Durante el procedimiento policial en una vivienda de la avenida Antúnez de Mayolo también se reportó la desaparición de S/ 6.000.
Durante el procedimiento policial en una vivienda de la avenida Antúnez de Mayolo también se reportó la desaparición de S/ 6.000.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Norte consiguió que el órgano jurisdiccional ordenara 14 meses de prisión preventiva para los tres efectivos policiales.

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La medida fue sustentada durante una audiencia por el fiscal provincial Jorge Mauro García Juárez y la fiscal adjunta provincial Rosanna Paola Vallejos Manche, quienes expusieron los elementos recopilados durante las diligencias.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 16 de octubre de 2026. Ese día, parte de los policías investigados y otros agentes que todavía se encuentran en proceso de identificación intervinieron una vivienda de la avenida Antúnez de Mayolo.

Durante el procedimiento, los efectivos señalaron a una mujer y a su padre como presuntos colaboradores del sujeto al que buscaban. Sin embargo, la investigación fiscal también comprende las circunstancias en las que se habría solicitado dinero a un familiar de los intervenidos.
Según la Fiscalía, uno de los agentes se comunicó con la pareja de una mujer intervenida para solicitarle dinero a cambio de evitar la detención de ella y su padre.
Según la Fiscalía, uno de los agentes se comunicó con la pareja de una mujer intervenida para solicitarle dinero a cambio de evitar la detención de ella y su padre.

Las diligencias permitieron organizar un operativo para identificar a los presuntos responsables del cobro. De acuerdo con la información fiscal, los S/4.000 acordados fueron recogidos por los investigados.

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La intervención se produjo cuando los suboficiales se desplazaban en dos automóviles por la avenida Antúnez de Mayolo, en el distrito de Los Olivos. Los efectivos fueron detenidos en flagrancia durante el operativo.

La entrega del dinero formó parte de las diligencias utilizadas para documentar el presunto pedido económico. Entre las actuaciones realizadas también figura la perennización de los billetes y la aplicación de un reactivo para verificar su manipulación.

Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público presentaron diversos elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva.

Entre ellos figura el acta de intervención policial, además de las declaraciones de los agraviados, los jefes de la unidad policial y los testigos vinculados con el caso.

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La Fiscalía también incorporó registros de las cámaras de seguridad y la visualización de los teléfonos celulares de los coimputados. En estos dispositivos se identificaron grupos de comunicación que mantenían los investigados.

Otro elemento presentado corresponde a las consultas de fuentes abiertas, entre ellas Yape, Renteseg y Google Maps. Estas herramientas permitieron obtener información sobre las coordenadas relacionadas con los hechos y la titularidad del número telefónico desde el cual se habrían realizado las solicitudes de dinero.

A estas diligencias se sumaron el registro de los billetes que serían entregados por el denunciante y el acta de verificación mediante reactivo luminol.

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