Fiscalía allanó sede de Activos por Colombia en Barranquilla por posible manipulación de información institucional tras alerta de la SAE
El operativo se originó en una alerta de la SAE sobre presunta eliminación de cuentas, correos y archivos. Equipos serán sometidos a análisis técnico.
Fiscalía realizó un allanamiento en la sede de Activos por Colombia en Barranquilla. Foto: Foto: Guillo González / Agencia Kronos.
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La Fiscalía General de la Nación realizó el domingo 27 de septiembre un allanamiento en las instalaciones de Activos por Colombia, la sociedad encargada de la gestión inmobiliaria de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), en Barranquilla.
La diligencia se produjo después de que la presidencia de la SAE entregara información a las autoridades sobre presuntas irregularidades relacionadas con los sistemas de información de la entidad.
De acuerdo con la explicación entregada por Diana Patricia Bravo, presidenta de la SAE, la alerta estaba relacionada con una posible eliminación o modificación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otros registros institucionales. La hipótesis, según la funcionaria, era que parte de esa información podría estar siendo ocultada a la nueva administración.
La Fiscalía precisó que el procedimiento fue adelantado por la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo y funcionarios de Policía Judicial del CTI. En la diligencia también participaron unidades especializadas de la Fiscalía, la Dijín, equipos de delitos cibernéticos y personal anticorrupción, además de una delegada de la Procuraduría.
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Equipos quedaron bajo custodia
Durante el operativo fueron incautados equipos tecnológicos que ahora deberán ser sometidos a análisis forenses. El propósito de esas pruebas será determinar si los dispositivos contienen evidencia sobre una eventual alteración, eliminación o modificación de información perteneciente a la entidad.
La presidenta de la SAE explicó que serán los análisis técnicos y el avance de la investigación los que permitan establecer qué ocurrió realmente.
“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos”, señaló Bravo.
El alcance de la investigación todavía está por determinarse. Por ahora, la diligencia constituye una actuación dentro de un proceso encaminado a establecer si las irregularidades denunciadas ocurrieron y, en caso de comprobarse, quiénes podrían estar involucrados.
Según la información entregada por la SAE, un juez de Control de Garantías declaró legal el procedimiento de allanamiento y registro.
¿Qué busca establecer la Fiscalía?
Procedimiento contó con el CTI, Dijín, Procuraduría y unidades fiscales especializadas. Foto:Jesús Blanquicet
Uno de los puntos centrales será determinar si hubo modificaciones en los sistemas de información y, especialmente, si fueron eliminados o alterados documentos, correos, cuentas o archivos institucionales.
La revisión de los equipos tecnológicos puede aportar elementos para reconstruir eventuales movimientos realizados en los sistemas y establecer cuándo se produjeron, desde qué dispositivos y bajo qué circunstancias.
La investigación también deberá determinar si los hechos denunciados constituyen alguna conducta con relevancia penal y si existen responsables individualizables. Hasta el momento, no hay una conclusión pública de la Fiscalía que establezca que la manipulación ocurrió ni que señale responsables.
La diligencia se conoció en un momento en el que la SAE atraviesa cambios en su administración y enfrenta procesos relacionados con la gestión de bienes sometidos a extinción de dominio. La entidad tiene bajo su responsabilidad la administración y disposición de activos que hacen parte de procesos judiciales y, por ello, la información relacionada con esos bienes tiene carácter relevante para las autoridades.
SAE dice que entregará información
Diana Patricia Bravo, presidenta de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto:SAE
Bravo manifestó que la actual administración está dispuesta a colaborar con la Fiscalía y las demás autoridades que intervienen en el caso.
La funcionaria aseguró que la instrucción es preservar la información y facilitar el acceso de los investigadores a los elementos que puedan ayudar a esclarecer los hechos.
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El siguiente paso será el análisis técnico de los equipos incautados y la recopilación de otros elementos que permitan determinar si existió alguna alteración de los sistemas.
Mientras avanza el proceso, la investigación permanece abierta y serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer si hubo una conducta irregular, cuál fue su alcance y si existe responsabilidad penal por esos hechos.
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