Nuevo informe de la ACLU sobre las redes que apoyan al ICE en EE.UU.: “La deportación masiva ha sido su arma predilecta”
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) publicó el 6 de octubre un informe que identifica 76 formas en las que las deportaciones masivas impulsadas por Donald Trump afectan los derechos civiles y las instituciones democráticas de Estados Unidos. Entre sus hallazgos, advierte sobre una red de más de 2000 agencias federales, estatales y locales vinculadas al control migratorio.
¿Qué reveló el informe de la ACLU sobre las deportaciones masivas en EE.UU.?
En el informe, titulado 76 Ways Mass Deportation Is Breaking Our Democracy (76 formas en que las deportaciones masivas están debilitando nuestra democracia), la ACLU sostiene que la política migratoria se convirtió en uno de los principales instrumentos utilizados por el gobierno federal para ampliar sus mecanismos de control.
En un artículo publicado el 7 de octubre en el sitio de la organización, Naureen Shah, directora de Política Migratoria y Asuntos Gubernamentales de la ACLU, describió las “deportaciones masivas como una de las armas predilectas de la administración Trump”.
Según Shah, esta estrategia funciona como pretexto, mecanismo y distracción para impulsar otras acciones gubernamentales. En algunos casos, explicó, esas funciones se combinan.
La investigación también plantea que el Congreso debe investigar los operativos migratorios, identificar posibles abusos y examinar sus consecuencias sobre las garantías constitucionales.
Más de 2000 agencias colaboran con la red nacional de deportaciones del ICE
La ACLU identifica una estructura que denomina fuerza policial nacional de deportación, integrada por organismos de distintos niveles de gobierno que participan en tareas vinculadas con el control migratorio. De acuerdo con las cifras recopiladas por la organización, esta red incluye:
El informe describe operativos en espacios de uso cotidiano, entre ellos controles en bosques nacionales, patrullajes en puntos de descenso de autobuses escolares y detenciones de tránsito por infracciones como circular con vidrios polarizados.
La ACLU sostiene que estas prácticas también afectan a ciudadanos estadounidenses y residentes legales, que en determinados procedimientos fueron objeto de intervenciones policiales, algunas de ellas violentas, por factores relacionados con su apariencia, idioma o actividad laboral.
¿Qué denuncias presentó la ACLU sobre los operativos de los agentes migratorios?
La investigación cuestiona el despliegue de personal federal en ciudades gobernadas por autoridades de la oposición y denuncia posibles vulneraciones de derechos durante los procedimientos migratorios.
Entre los incidentes recopilados, la ACLU menciona disparos, agresiones físicas y detenciones de manifestantes, además de intervenciones contra personas que intentaban registrar o presenciar actuaciones de las fuerzas de seguridad.
También acusa a la administración de restringir el acceso a información necesaria para investigar determinados procedimientos y cuestiona las afirmaciones de funcionarios federales sobre una supuesta inmunidad absoluta de los agentes. En materia de vigilancia, el informe denuncia que funcionarios encubiertos se infiltraron en reuniones comunitarias de Nueva York y Minneapolis, así como en grupos de activistas que utilizaban la aplicación Signal.
Estas actuaciones se suman, según la ACLU, a prácticas de vigilancia que incluyen el acceso gubernamental a datos de ubicación en tiempo real, patrones de desplazamiento e información biométrica.
¿Qué cambios propone la ACLU para el sistema migratorio de Estados Unidos?
La ACLU plantea que el próximo Congreso, que comenzará sus funciones en enero de 2027, investigue los procedimientos de las agencias migratorias e impulse una reforma de mayor alcance. Entre las principales medidas propuestas se encuentran:
La organización también solicita ampliar las herramientas legales disponibles para que ciudadanos y extranjeros puedan denunciar vulneraciones de sus derechos y exigir responsabilidades a las autoridades involucradas.
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