Modernización del Estado: mucho gabinete, poco municipio

Chile está entre los diez países más avanzados de la OCDE en gobierno digital. También está veinte puntos bajo el promedio en satisfacción con los trámites: solo 48% de quienes los usaron recientemente quedó conforme, contra el 68%. Algo se pierde entre lo que el Estado es capaz de hacer y lo que las personas reciben. Y es que los ciudadanos no hacen fila en un organigrama. Es precisamente esa distancia entre las grandes promesas y lo poco que cambia la cotidianidad del usuario a la que apunta una modernización del Estado integral.

El debate a veces se sobre simplifica a una cifra: los 25 ministerios que se busca reducir. En el CEP acabamos de publicar 60 propuestas sistémicas; una de ellas los llevaría a 16. La comisión que rediseña la estructura del Estado entregará su propuesta en las próximas semanas. Razones hay. Mientras en la OCDE la tendencia fue unificar carteras, en Chile desde 1990 se crearon nueve ministerios y 22 subsecretarías sin evaluaciones que muestren que la gestión mejoró. En busca de una mayor especialización, nos olvidamos de la coherencia y la efectividad. Pero un Estado que solo sabe sumar oficinas necesita también aprender a restar. Y a mirar hasta su último rincón.

El riesgo es confundir la resta con la reforma. La literatura comparada muestra que las reorganizaciones ministeriales, por sí solas, no garantizan mejores resultados de política pública y que sí tienen costos. Eso no es un argumento contra la reducción, sino a favor de hacerla bien. Fusionar puede resolver duplicidades, pero si no se resuelven problemas anteriores puede llevar la descoordinación, intacta, a un edificio más grande. Ahora bien, ninguna combinación de carteras es correcta en abstracto: depende del objetivo buscado, la prioridad política dada y de la capacidad de monitorear sus logros. Primero la misión país; después el organigrama y los medios.

Pero hay una omisión más seria. La comisión de rediseño revisa ministerios, subsecretarías y servicios. La otra que convocó el Gobierno, sobre empleo público, se concentra en la administración central. Los municipios nuevamente no figuran explícitamente en ninguna.

Como hemos advertido en el CEP desde los 90, es ahí donde la mayoría de los chilenos se encuentra con el Estado y, justamente, donde más importa la modernización. De las municipalidades dependen 2.644 establecimientos de salud, entre ellos, los consultorios y postas de la atención primaria, y 3.365 colegios, casi el doble de los que administran los nuevos Servicios Locales.

Y si eso no fuera suficiente, hoy, formalmente, también cumplen un mayor rol en seguridad pública. Gastan el equivalente a 3,6% del PIB. Son, según la encuesta CEP, la institución electa en que más se confía. Y son la parte del Estado que la modernización dejó atrás: las normas del Servicio Civil no las alcanzan, sus jefaturas técnicas no se concursan por el sistema de Alta Dirección Pública y no existe información financiera auditada que permita comparar una comuna con otra. Incluso, hay dificultades para saber con certeza cuántas personas trabajan en el mundo municipal. En concreto: exigimos resultados a los alcaldes sin tener cómo medirlos.

La explicación es política. Una fusión ministerial se anuncia en una cuenta pública y se aprueba por ley: cabe en un gobierno y responde a la percepción de que el Estado lo hace mal. Profesionalizar 345 municipios, en cambio, toma años y obliga a incomodar a alcaldes de todos los colores. Lo primero luce bien en una lámina; lo segundo se nota en un consultorio que organiza mejor sus horas y en un permiso que llega a tiempo.

No se trata de elegir entre el gabinete y el consultorio, sino de exigir resultados en ambos. Que cada fusión nazca con una línea de base, objetivos verificables y una evaluación posterior. Y que la selección por mérito llegue a las jefaturas técnicas municipales y que haya datos comparables entre comunas, sin tocar la autonomía política de los alcaldes. Ambas medidas están entre las 60 propuestas de nuestra agenda y parecen distantes, pero obedecen a un solo objetivo: mejorar la efectividad del Estado.

Reducir ministerios puede dejar un gabinete más ordenado. Si responde a una misión compartida, bienvenido sea. Pero la espera en el consultorio no depende de cuántos ministros haya. Esa reforma todavía no tiene comisión. Más que ir por partes, hoy tenemos la valiosa oportunidad de abordar sistémicamente la modernización del Estado. La capacidad y legitimidad del Estado depende de ello.

*El autor de la columna es coordinador académico del Centro de Estudios Públicos (CEP)

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