Seis condiciones para negociar con Washington

Desde que la Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, le informó a los empresarios reunidos en un seminario de la CSAV que Chile está negociando con EE.UU. un Acuerdo de Comercio Recíproco (ART por sus siglas en inglés), el debate no ha dejado de crecer. Tanto excancilleres, exnegociadores, académicos y centros de estudios han advertido sobre los riesgos que este tipo de acuerdos tiene para Chile, así como para el TLC que, según el canciller Pérez, sigue vigente.

A su vez, la prensa ha difundido análisis al respecto, como por ejemplo el del Global Development Policy Center de la Universidad de Boston, en donde identifican siete ámbitos de restricciones a la soberanía de los diez países que ya firmaron. El gobierno, de pocas palabras luego del anuncio informal, nos dice que un ART “no es un objetivo en sí mismo” y que el TLC seguirá siendo la base de la relación bilateral.

Por tanto, queremos tomarle la palabra y, junto con recalcar que consideramos equivocada la estrategia de avanzar en negociaciones de un ART, proponer cómo Chile podría negociar “de igual a igual”, como dijo la subsecretaria, un acuerdo que sirva a su desarrollo sin ceder autonomía ni soberanía.

Para esto, hay un aspecto de los ART que ha recibido menos atención y que es importante considerar. Un análisis del Peterson Institute for International Economics (PIIE) muestra que estos acuerdos construyen una arquitectura legal para alejar a los socios de Estados Unidos de China. Entre 2018 y 2025, la participación china en las importaciones estadounidenses cayó de 22% a 9%, con esas compras desplazándose a países de Asia y América que a su vez comercian y reciben inversión cada vez más con China. Por tanto, los ART apuntan a ese contenido chino en las exportaciones de terceros, por lo que buscan obligar a los firmantes a replicar las restricciones que Washington impone a otros países, actuar contra empresas controladas desde el extranjero, alinearse con los controles de exportación estadounidenses y endurecer sus reglas de origen. En otras palabras, piden a cada socio que aplique dentro de su territorio parte de la política de Washington hacia China.

Chile se encuentra aún con una cierta ventaja, que es el simple hecho de aún no haber firmado este acuerdo asimétrico. Considerando que la Corte Suprema estadounidense anuló los aranceles del Liberation Day, y el Tribunal de Comercio Internacional anuló luego los aranceles transitorios que los reemplazaron, el estudio del GDP Center de la Universidad de Boston ha analizado cómo varios firmantes están demorando la implementación de sus acuerdos a la espera de los tribunales y de las elecciones legislativas de noviembre.

Además, al analizar los textos ya firmados por otros países, vemos diferencias que abren la puerta a poder poner los intereses de Chile en la mesa. Por ejemplo, como se ha indicado, Jordania mantuvo las condiciones del TLC vigente, algo que no ocurrió con los países centroamericanos, mientras que algunos países tienen cláusulas más blandas de alineamiento con sanciones estadounidenses.

Con todo esto, y considerando que el error estratégico ya fue cometido, hay algunas condiciones y mínimos que Chile debiera establecer en las negociaciones.

La primera es que el TLC quede escrito como la referencia arancelaria, sin aceptar tasas superiores a las que fija. Si el gobierno sostiene que el tratado es la base de la relación, eso debe constar en el texto.

En segundo lugar, Chile debe preservar y buscar aumentar su espacio de política y la posibilidad de diseñar e implementar libremente políticas industriales. Los diez ART prohíben exigir transferencia tecnológica a inversionistas estadounidenses, endureciendo aún más la restricción que ya tiene el TLC, y ocho de estos obligan a facilitar inversión estadounidense en minerales críticos y energía. Chile no debe ni puede aceptar esas cláusulas mientras al mismo tiempo discute cómo agregar más valor al cobre y litio que exportamos.

La tercera condición debe ser mantener la autonomía y soberanía de Chile en materia digital. Esto implica conservar la posibilidad de gravar servicios digitales dentro de nuestro marco legal, elegir proveedores de infraestructura con criterios técnicos propios y negociar acuerdos digitales sin consulta previa, incluida la eventual adhesión de China al DEPA.

En cuarto lugar, rechazar las cláusulas sobre terceros países que busca imponer EE.UU.. Como bien lo ha dicho el ministro de Defensa y se ha recalcado desde la oposición, Chile no es el patio trasero de nadie, y menos aún se puede comprometer a imponer sanciones a otros países solo porque EE.UU. así lo desea. China es nuestro principal socio comercial y tenemos un TLC con ese país hace dos décadas, por lo que replicar de forma automática las sanciones y controles de exportación estadounidenses, o aceptar que Washington termine el acuerdo si profundizamos esa relación, significaría entregar a otro gobierno decisiones soberanas de nuestra política exterior.

La quinta condición se refiere a la revisión (screening) de inversiones extranjeras, incluida tanto en el Escudo de las Américas como en varios ARTs. Se ha advertido extensamente que un mecanismo de este tipo sería negativo si considera elementos distintos a la calidad de los proyectos. Compartimos que la calidad debe ser el criterio, y proponemos que se mida por el aporte de cada inversión al desarrollo del país, venga de donde venga. Un mecanismo así debe permitir evaluar y exigir encadenamientos con proveedores locales, transferencia tecnológica y reinversión de una parte de las utilidades en investigación y desarrollo, siguiendo ejemplos de países como Canadá y Australia.

Finalmente, una sexta condición es la exigencia de reciprocidad por escrito. La Argentina de Milei fue humillada con un acuerdo que contiene 113 obligaciones para ese país, 7 para Estados Unidos y sólo 3 conjuntas, dejando el anunciado beneficio de las cuotas de carne fuera de lo firmado y como promesa de buena fe por parte de EEUU. Todo beneficio que Chile gane con esto (y por supuesto, sin contar lo mínimo que es respetar los acuerdos vigentes) debe quedar en el texto y ser exigible en los mismos términos que nuestras obligaciones.

Negociar de igual a igual supone que ambas partes ponen condiciones. Chile aún tiene tiempo, tiene la posibilidad de esperar a las elecciones legislativas de noviembre en EE.UU. y la posibilidad de coordinar su posición con el resto de países de la región. El gobierno debería usar ese margen, coordinar con ellos y explicar al Congreso y a la ciudadanía qué está dispuesto a ceder, qué espera recibir a cambio, y, por supuesto, cómo van a defender nuestra autonomía y soberanía como verdaderos patriotas.

Por José Miguel Ahumada, Académico Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile y Nicolás Grimblatt, Economista, Director Ejecutivo Adjunto de i3T.