Claudia Sarmiento sobre el presupuesto y los derechos de las mujeres: “No es solo una materia de recursos. Es qué vas a hacer con ellos”

Durante las últimas semanas, la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 se ha centrado en los recortes en distintas áreas y sus consecuencias. Sin embargo, para Claudia Sarmiento, abogada y académica experta en derecho constitucional, los números no son lo único que hay que tener en consideración al momento de analizar el presupuesto. “Hay que mirar también las prioridades que orientarán el uso de ese dinero”, dice.

Y en el caso de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en esas prioridades hay cambios. Antes, el Ministerio de Salud ponía el énfasis en el acceso equitativo, la protección frente a los costos de la atención, el trato digno y la atención primaria. Para 2027, sus prioridades se concentran en la gestión del sistema, las listas de espera, la disciplina sanitaria y fiscal y la transformación digital. En la Subsecretaría de Salud Pública por su parte, las referencias explícitas al género, los derechos, la interculturalidad y la inclusión dan paso a una misión centrada en la prevención, la vigilancia, la regulación y la equidad a lo largo de la vida. Además, entre sus objetivos ya no aparece el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, solo se mantienen las menciones a la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

¿Qué significa esto para una mujer que necesita anticonceptivos, consejería o un tratamiento de fertilidad? No significa que esas prestaciones vayan a desaparecer ni que cambien los derechos establecidos por ley. La preocupación de la abogada es que, al dejar de mencionarse expresamente entre los objetivos, estas atenciones pierdan prioridad y sea más difícil hacer seguimiento de su cumplimiento.

Sarmiento participó en “Agenda en perspectiva: género, salud y derechos en los próximos meses”, una mesa redonda organizada por el Proyecto de Clima Social de la Universidad Diego Portales para analizar las tendencias legislativas, regulatorias y presupuestarias en estas materias. En conversación con Paula, explica cómo las prioridades del presupuesto pueden influir en el ejercicio de esos derechos.

- Si las prestaciones siguen existiendo, ¿qué diferencia hace que los derechos sexuales y reproductivos dejen de reconocerse expresamente como derechos humanos entre los objetivos de Salud?

Las nuevas orientaciones sectoriales del Ministerio de Salud cambian el énfasis y los objetivos. Eso significa que el género, los derechos, la interculturalidad y la inclusión dejan de ser determinantes para orientar la ejecución presupuestaria. Entonces, cuando evaluemos cómo se está cumpliendo este presupuesto en materia de derechos sexuales y reproductivos, esos elementos ya no van a estar señalados expresamente como objetivos.

Por ejemplo, en los presupuestos anteriores había un reconocimiento explícito de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Ahora no hay una formulación parecida; se mantiene la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Pero abordar la salud sexual y reproductiva desde la prevención de esas infecciones, desacoplándola de una mirada de derechos, es un ejercicio en el que tú no reconoces la agencia moral de las personas que están detrás. No estableces una relación en la que el Estado tiene que garantizar el acceso, respetar la autonomía, en fin.

Y no es solo una materia de recursos. Es qué vas a hacer con ellos, cómo te vas a relacionar con la comunidad, qué objetivos vas a perseguir y qué perspectiva vas a ofrecer. Si modificas los objetivos que debe cumplir el personal que vas a contratar, en los hechos estás cambiando las prioridades y la gestión. Yo me imagino que, en un contexto de recursos escasos, como ocurre en la salud pública, cuando haya que decidir entre contratar a una persona para entregar consejería en salud sexual y reproductiva o a otra para una tarea distinta, puede que se priorice lo segundo, en función de los objetivos que ha trazado el ministerio. Ahí es donde estos cambios pueden llegar a sentirse en la atención que reciben las mujeres.

- La implementación de la ley de aborto en tres causales ya enfrentaba barreras, como la objeción de conciencia. ¿Qué ocurre con los recursos destinados a su cumplimiento?

En relación con la Ley 21.030, hay una dificultad específica para hacer seguimiento al uso de los recursos que se requieren para su implementación. La forma en que el Minsal registra cómo gasta no permite que tú digas cuánto de eso va a las tres causales. Tienen la obligación de informar, pero en los hechos no cuentan con un registro de cuánto se gasta en cada uno de los ítems asociados.

Entonces, no tenemos cómo distinguir, por ejemplo, cuánto de los recursos destinados a contratación de personal va a cubrir las remuneraciones de las duplas biopsicosociales que entregan la consejería. No lo sabemos, porque no está incorporado como un elemento que tenga que identificarse y reportarse.

- ¿Alguna vez se identificaron esos recursos de manera específica?

Solo el primer año de implementación de la ley, cuando tenía un presupuesto y una marca específica. Pero de ahí en adelante no hay una forma clara de identificarlos. Para saber cuánto se está gastando, tendrías que levantar información por transparencia y preguntar, por ejemplo, cuánto se gastó en comprar insumos, cuánto en contratación de personal, cuántas personas no objetoras existen. En fin, suma y sigue.

Eso significa que, si el Congreso le pide al Ministerio de Salud que informe, no va a ser simple responder. Probablemente informen, como lo han hecho en los últimos años, que han utilizado recursos de forma genérica para prestaciones de maternidad, por decirlo de alguna manera, pero no son necesariamente prolijos en identificar cómo los gastan.

- Y si esa dificultad para medir el gasto viene de gobiernos anteriores, ¿cómo podríamos saber si este presupuesto afecta la implementación de la ley?

No se puede medir con la información disponible, pero si se puede prever que habrá mayor dificultad para acceder a esta ley por la diferencia en los objetivos institucionales que hablábamos anteriormente. Antes, los derechos sexuales y reproductivos eran un objetivo explícito y el Minsal tenía que hacer seguimiento de su cumplimiento. Al eliminar esa referencia, hay un incentivo a concentrarse en los objetivos que sí están señalados y que el resto deje de visibilizarse como una tarea determinante.

- ¿Qué relación ves entre las iniciativas legislativas que se han presentado en los últimos meses y las prioridades que expresa este presupuesto?

Hay una relación, sin lugar a dudas. Cuando tú priorizas la tramitación de un proyecto, lo que estás diciendo es que eso es lo que te importa. Por ejemplo, se ha puesto mucho énfasis en penalizar las denuncias falsas. Eso puede tener un efecto disuasivo si tú no logras probar en un juicio una denuncia, a pesar de que lo denunciado haya sucedido, en circunstancias de que debiera sancionarse solo a quienes dolosamente denuncian falsamente. También este año se presentó un proyecto que busca crear un delito autónomo para sancionar con penas de cárcel la venta de medicamentos abortivos.

Entonces, si tengo que hacer un cruce, diría que los derechos sexuales y reproductivos, y su impacto en las mujeres, no son una prioridad en el presupuesto ni en la selección de los proyectos a los que se les da una tramitación privilegiada a través del mecanismo de urgencia.

- ¿Cómo pueden estas decisiones profundizar las diferencias entre quienes se atienden en el sistema público y quienes pueden pagar una atención privada?

Por ejemplo, el programa de identidad de género para niños fue rechazado en las evaluaciones previas de este año, conocidos como los ex antes, y no está presente en este presupuesto. Esta es una materia controvertida, sobre la que en algún momento se pronunció el Tribunal Constitucional. En el fondo, lo que sucede es que los niños trans que se atienden en el sistema público de salud no van a contar con los recursos de ese programa, pero quienes pertenecen a familias que pueden pagar una atención privada sí van a poder acceder. Entonces, uno se pregunta qué sucede con el cumplimiento efectivo de la ley de identidad de género y con la reproducción de inequidades.

- El Gobierno ha puesto énfasis en usar de manera más eficiente los recursos del Estado, algo que parece razonable en un contexto de estrechez fiscal…

Una gestión eficiente es importante, por supuesto. Lo que me parece decidor es que los derechos de las personas, los derechos humanos, no sean determinantes en el control que haces ni en cómo desarrollas el acceso a la salud. Eso da cuenta de un cambio significativo de énfasis, ya que no veo cómo puede la eficiencia ser una materia que sea opuesta o que requiera reemplazar la perspectiva de los derechos humanos. Porque no basta con hacer las cosas bien. La pregunta es cómo lo estás haciendo, para quiénes y con qué énfasis.

- Finalmente, ¿qué está en juego para las mujeres en esta discusión presupuestaria?

Me parece delicado que los derechos sexuales y reproductivos y la mirada sobre la equidad y el género no sean algo importante para el Ministerio de Salud. Y me arriesgo a ponerlo en estos términos porque, cuando se eliminan las referencias a estas materias, hay un cambio de énfasis que va a tener efectos concretos. Pensar que la eficiencia en la gestión es incompatible con esa mirada es un error.

Ojalá que esto se revise tanto a nivel ministerial como en el Congreso, porque la realidad y el sentir de las mujeres de nuestro país no son una cuestión que deba soslayarse. El punto en el que nos encontramos en términos de mortalidad materna, embarazo adolescente e incluso de escolaridad y educación superior de mujeres y niñas se debe, en buena medida, a que su autonomía está anclada en poder decidir sobre su vida y su salud sexual y reproductiva. Eso no deberíamos darlo por sentado. Es algo que, como sociedad, deberíamos continuar protegiendo.