Causa lavado de dinero: el juez de Campana sobreseyó a los familiares de Toviggino

Adrián González Charvay, juez federal de Zárate-Campana, sobreseyó a 12 familiares y socios del tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, en una causa paralela a la de la mansión de Pilar, que había abierto el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón. Simón había basado su acusación en informes oficiales de ARCA y otras fuentes oficiales.

El juez hizo lugar a los pedidos de las defensas (entre ellas la del abogado Álvaro Aitor Irazusta por familiares de Toviggino) y r esolvió el sobreseimiento porque no existía acción penal legalmente promovida ni impulso fiscal válido respecto de esas personas y empresas (el requerimiento de instrucción había sido desestimado y la decisión quedó firme).

González Charvay aplicó el artículo 336 inciso 4° del Código Procesal Penal de la Nación y declaró expresamente que “el proceso no ha afectado el buen nombre y honor de que hubieren gozado”. Señaló que no existió ni existe ninguna medida cautelar o restricción contra ellos en este proceso.

Ahora el fiscal Sebastián Bringas tiene hasta el 14 de octubre para decidir si confirma el sobreseimiento y queda firme o apela a la Cámara Federal de San Martín. Una cosa es desestimar una causa y otra es sobreseer, medida que permite a los imputados luego reclamar que se trata de cosa juzgada y no poder volver a ser investigados por lo mismo.

Pablo Toviggino cuando declaró en Tribunales (Federico López Claro).

El origen del proceso judicial

La causa se inició en la Justicia Federal de Santiago del Estero a partir de una denuncia de Aldo Sergio Parodi (organización Fútbol sin mafia) y fue impulsada por el fiscal federal Pedro Simón. Este acusó de lavado de activos, asociación ilícita e incluía una presunta sustracción de fondos de la AFA, evasión tributaria y maniobras cambiarias.

La hipótesis principal era que empresas del entorno facturaban servicios inexistentes a la AFA y que los fondos volvían a Toviggino. Se basó en gran medida en un informe periodístico y en pedidos de datos a organismos (ARCA, registros de propiedad, etc.).

Los imputados

Simón había imputado a Darío Fabián Toviggino, Máximo Augusto Toviggino, María Valentina Toviggino, María Julia del Castillo Orellana, Julia Argentina Orellana, Manuel Hernán del Castillo Orellana, Rosalía Argañaraz, Guillermo Luis Santillán, Gladys Mirta Aranda, Gabriela Verónica Coronel Peña, Gabriel Leonardo Gorosito, Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni y María Florencia Sartirana.

También a las empresas: HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L. (Grupo HT) y WICCA SAS y VANDAP SAS vinculadas a Sartirana.

González Charvay es el mismo juez que tiene la causa de la mansión de Pilar, que lleva ocho meses sin avanzar. Esa propiedad figura a nombre de una jubilada, Ana Conte, y el hijo de esa mujer, Luciano Pantano, quienes serían testaferros de Toviggino.

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