Bogotá mantendrá el soterramiento progresivo pese a Enel, que advierte obstáculos técnicos y financieros para enterrar todas las redes
La Alcaldía de Bogotá mantendrá el soterramiento progresivo de cables pese a la oposición de la empresa de energía Enel Colombia, que advirtió que llevar bajo tierra el 100% de las redes eléctricas aéreas sería inviable por sus costos, exigencias técnicas y límites regulatorios. La discusión se desarrolla en el Concejo, dentro de una proposición incorporada al Proyecto de Acuerdo 724 de 2026.
La iniciativa no ordena retirar de inmediato todos los cables de los postes ni impone un traslado universal. Propone que las redes nuevas, ampliadas, repuestas o reubicadas se instalen bajo tierra; que las existentes migren de manera gradual cuando sea viable, y que los propietarios retiren las conexiones abandonadas que permanecen en el espacio público.
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El secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, sostuvo que el Distrito seguirá adelante con la propuesta por instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán. “Es una deuda histórica que debemos saldar”, afirmó sobre el objetivo de cambiar el modelo de alumbrado público y ordenar las redes instaladas en la ciudad, desde su cuenta en la red social X.
La posición de la administración responde a una comunicación enviada por Enel Colombia a los 45 concejales, después de que fuera aprobada una proposición sobre subterranización y organización de redes aéreas durante el trámite de la reforma tributaria distrital.
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El artículo propuesto se denomina “Soterramiento y aprovechamiento compartido de la infraestructura subterránea de redes”. Su regla general establece que el Distrito promoverá y avanzará de forma progresiva en el traslado bajo tierra de las redes aéreas de servicios públicos y telecomunicaciones ubicadas en el espacio público.
El texto condiciona esa aplicación a la viabilidad técnica, urbanística, ambiental y económica de cada intervención. Esto permitiría priorizar sectores donde haya obras de renovación vial, congestión de cables, conflictos con árboles, riesgos eléctricos o proyectos de recuperación del espacio público.
Uno de los puntos centrales establece que las redes de energía, alumbrado público y telecomunicaciones que se instalen, amplíen, repongan o reubiquen deberán construirse mediante infraestructura subterránea. La justificación de la proposición señala que esa directriz está contemplada en el artículo 222-A del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021.
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La medida busca impedir que aumente el volumen de cables aéreos mientras se define el traslado gradual de la infraestructura ya instalada. Para su aplicación, deberán establecerse procedimientos, especificaciones para ductos y cámaras, mecanismos de coordinación con obras públicas, responsabilidades por costos y excepciones ante impedimentos técnicos.
Según la información presentada ante el Concejo, el sistema de alumbrado público tiene 8.446.885 metros de red, de los cuales 6.112.440 metros son aéreos. Esa extensión equivale al 72,36% de la red asociada al alumbrado, sin incluir todo el cableado de telecomunicaciones que comparte postes en distintas zonas de Bogotá.
Inventarios y retiro de cables abandonados
La propuesta también plantea fortalecer los inventarios de redes, identificar los elementos que ya no prestan servicio y coordinar su retiro con los operadores de energía y telecomunicaciones. El documento sostiene que no existe información detallada, verificable y accesible sobre la totalidad de las redes aéreas, su estado, sus propietarios y su localización georreferenciada.
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Ese vacío dificulta determinar qué cables permanecen activos, cuáles corresponden a instalaciones sustituidas y cuáles fueron abandonados tras cambios tecnológicos u obras. Antes de desmontar una conexión, se requiere verificar si está energizada, qué servicio presta y a quién pertenece, para evitar interrupciones o riesgos durante la intervención.
El cuarto parágrafo de la proposición contempla que el Distrito implemente un mecanismo para retirar elementos en desuso cuando los operadores incumplan su obligación. La medida requeriría identificación técnica previa, notificación al responsable, un plazo para el retiro y procedimientos para definir quién asume los costos cuando la administración intervenga de forma subsidiaria.
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Enel Colombia señaló que la regulación sobre el desmonte de infraestructura corresponde de forma exclusiva a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), de acuerdo con la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. La compañía propuso que la redacción del parágrafo se armonice con esas normas y con las facultades de la ciudad.
El concejal Juan David Quintero defendió que los dueños de los cables deben responder por la infraestructura abandonada, por lo que en un video explicó: “Los cables nuevos serán soterrados, los que están en uso deberán ser progresivamente soterrados y los que están en desuso deben ser retirados”.
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Enel Colombia sostuvo que la aprobación del articulado implicaría la subterranización total de las redes eléctricas aéreas de Bogotá y que esa posibilidad resulta inviable “desde el punto de vista económico, técnico, regulatorio y normativo”.
La empresa señaló que el traslado de las redes exige excavaciones y obras civiles que afectarían vías, andenes y otras infraestructuras. También indicó que no todos los andenes de Bogotá tienen las dimensiones necesarias para construir las canalizaciones requeridas.
La compañía añadió que las redes subterráneas pueden estar menos expuestas a la caída de árboles, pero sus fallas pueden ser más complejas, costosas y demoradas de localizar y reparar. En su comunicación mencionó las condiciones de humedad, inundación y deterioro de elementos instalados en cámaras y ductos como factores que deben considerarse.
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Enel propuso que el soterramiento se aplique de forma focalizada, en sectores donde los beneficios paisajísticos, de seguridad y de uso del espacio público justifiquen el costo. Su planteamiento es mantener una combinación de redes aéreas y subterráneas, junto con mantenimiento, modernización y gestión de activos.
Quintero rechazó la lectura de que el proyecto obligaría a soterrar toda la ciudad o triplicaría las tarifas de energía. Según la comunicación de Enel, la base regulatoria de activos reconocida alcanza $9,4 billones y el articulado podría triplicar un cargo calculado por la empresa en cerca de $250 mensuales.
“Decir que con este proyecto se van a triplicar las tarifas es falso. No existe ninguna disposición que ordene aumentar la tarifa de alumbrado público”, sostuvo Quintero. El concejal señaló que el debate debe concentrarse en la recuperación del espacio público, la gestión de cables en desuso y el cumplimiento de las disposiciones urbanísticas.
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Humberto “Papo” Amin afirmó que “el soterramiento de cables es una necesidad y será progresivo”. La administración distrital deberá definir criterios de intervención, zonas prioritarias y mecanismos de coordinación con operadores de energía, telecomunicaciones y entidades responsables de obras, planeación, espacio público y servicios públicos.
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