De la intervención de un banco a la crisis política en Paraguay: el caso Ueno Bank que golpea al gobierno de Santiago Peña
Fervientes manifestaciones han concentrado a miles de personas frente al Congreso paraguayo, en Asunción, durante la jornada de este martes, tras explotar una crisis financiera que remece a Ueno Bank, una de las principales entidades financieras digitales de la nación sudamericana, situación que ha escalado en una de las mayores controversias que enfrenta el gobierno de Santiago Peña.
La decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un procedimiento de resolución de la entidad, debido a sus problemas de solvencia, derivó en el cierre de sus operaciones, una investigación penal contra sus directivos y el anuncio de la oposición de impulsar un juicio político contra el presidente Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Según consigna el diario ABC Color, el episodio tendría repercusiones que van más allá del sector financiero. Ueno Bank mantenía depósitos de organismos estatales y fondos previsionales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), mientras que Peña tuvo vínculos empresariales con el grupo controlador de la entidad hasta 2025.
Dicha relación, sumada a las advertencias que se habían formulado durante los últimos meses sobre las operaciones del banco, quedó en el centro de los cuestionamientos políticos.
El origen de la intervención
La decisión del organismo emisor se adoptó por unanimidad y fue comunicada este martes. Según el BCP, la medida respondió a una insuficiencia en el índice de solvencia de Ueno Bank, que cayó por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación, luego de ajustes realizados a sus estados financieros durante un proceso de regularización.
El procedimiento -reporta el medio paraguayo- está contemplado en la Ley 2.334/2003, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades financieras. En esta etapa, la Superintendencia de Bancos deberá designar interventores para revisar la situación patrimonial de la institución, preservar sus activos y ejecutar las actuaciones necesarias para llevar adelante el proceso.
La autoridad también comunicó que los servicios de la entidad quedaron suspendidos, lo que incluye sus operaciones mediante aplicación y tarjetas.
Ueno Bank, que cuenta con cerca de tres millones de clientes, quedó así bajo un proceso que busca determinar el destino de sus activos y pasivos y establecer las condiciones para responder a sus depositantes.
El Banco Central descartó que se trate de una situación generalizada en el sistema financiero paraguayo y calificó el episodio como un caso particular. Su intervención, explicó, apunta a resguardar los ahorros y mantener la estabilidad del sector.
Fondos públicos y vínculos con el presidente
Uno de los principales flancos políticos del episodio es la cantidad de recursos estatales y previsionales que estaban depositados en la entidad. De acuerdo con antecedentes difundidos durante las últimas semanas, los fondos públicos y previsionales superarían los US$850 millones.
Dentro de ese monto, cerca de US$355 millones corresponderían al Instituto de Previsión Social, organismo que administra los recursos destinados a las prestaciones de los trabajadores y jubilados de la nación sudamericana.
La concentración de esos depósitos había generado cuestionamientos de organizaciones de asegurados, que reclamaban retirar los fondos y advertían sobre los riesgos de mantener una proporción relevante de los recursos previsionales en una misma institución.
En julio, la propia gerencia de inversiones del IPS reconoció que se había superado el límite de concentración establecido para este tipo de operaciones.
La controversia también alcanzó a Peña por sus vínculos previos con el Grupo Vázquez, controlador de Ueno Bank.
El mandatario paraguayo fue socio empresarial del grupo hasta marzo de 2025, según antecedentes publicados por Reuters. Además, durante los últimos meses había defendido públicamente a la entidad frente a las críticas y las advertencias sobre sus operaciones.
En octubre de 2024, el jefe de Estado calificó los cuestionamientos como una “campaña mediática mezquina, mentirosa” y aseguró que se estaba protegiendo el ahorro de los depositantes. Más recientemente, el 9 de octubre de este año, restó gravedad al sumario abierto por el Banco Central y cuestionó la difusión de un documento interno de la institución.
— InfoPy 🇵🇾 (@NotiRealPy) October 21, 2024📍Presidente @SantiPenap reveló que hay un grupo que claramente está con una campaña mezquina y mentirosa, que manipula a los abuelos.
"Creo que acá estamos destapando una olla monumental de cómo se administraron los recursos, principalmente por el grupo económico al cual vos… pic.twitter.com/NsHu6Ktq7G
ABC Color detalla que el 27 de octubre, Peña volvió a pedir prudencia frente a las informaciones sobre créditos a empresas vinculadas al grupo controlador. En esa oportunidad, argumentó que el organismo emisor tenía las facultades legales para supervisar el sistema y corregir eventuales irregularidades.
Seis directivos detenidos y dos con orden de captura
La dimensión judicial se intensificó durante este martes, luego de que el Ministerio Público ordenara la detención de ocho personas vinculadas a la administración de Ueno Bank. La investigación se abrió a partir de una denuncia presentada por el Banco Central y quedó a cargo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
La Policía Nacional confirmó durante la tarde que seis de los ocho requeridos estaban bajo custodia: Juan Manuel Gustale, presidente de la entidad; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y titular del Grupo Vázquez; además de Mariana Torres Rubiani, Julio Daniel Rey Fernández, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente.
Vázquez se presentó voluntariamente en dependencias del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, acompañado por sus abogados, luego de conocer la orden de detención a través de los medios de comunicación. Su defensor Víctor Dante Gulino explicó que el ejecutivo había manifestado su intención de comparecer ante las autoridades lo antes posible.
Los otros dos directivos incluidos en la orden de captura son Diana Leticia Mongelós González y Miguel Ángel Almada Frutos. Al cierre de esta edición, la Policía mantenía la búsqueda de ambos.
El Ministerio Público investiga posibles delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa, entre otras figuras penales.
Al respecto, el fiscal Francisco Cabrera explicó que la denuncia del BCP consta de aproximadamente 200 páginas y que, junto con sus documentos anexos, el expediente reúne cerca de 2.000 hojas que están siendo examinadas. La Fiscalía todavía debía determinar si contaba con antecedentes suficientes para formalizar imputaciones.
En paralelo, la Justicia paraguaya ordenó el embargo preventivo de bienes y cuentas por más de US$70 millones y más de un billón de guaraníes, como parte de una medida cautelar solicitada por el Banco Central contra sociedades vinculadas al grupo controlador y varios de sus directivos.
Renuncia en el Banco Central y pago a los ahorristas
La crisis también alcanzó a la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a petición de Peña, quien solicitó su salida luego de conocerse los antecedentes que derivaron en el procedimiento contra Ueno Bank.
Carvallo, sin embargo, comunicó que permanecerá en funciones mientras se desarrolla la resolución de la entidad. Su salida quedó así pendiente de la conclusión de las actuaciones vinculadas al proceso.
En cuanto a los depositantes, el BCP informó que el Fondo de Garantía de Depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona y por entidad financiera, equivalente a 228,3 millones de guaraníes.
Como primera etapa, la autoridad anunció un desembolso de hasta 10 millones de guaraníes para cada ahorrista, mientras que los pagos restantes se efectuarán de acuerdo con un calendario que deberá ser comunicado posteriormente.
El organismo precisó que quienes mantengan deudas pendientes con Ueno Bank tendrán esos montos descontados antes de recibir la garantía. También aseguró que los pagos de jubilaciones y otros haberes se realizarán en las fechas habituales, mediante los mecanismos que se informen para ese propósito.
La oposición anuncia un juicio político
Las repercusiones llegaron al Congreso paraguayo. Senadores de distintos sectores opositores anunciaron este martes que promoverán un juicio político contra Peña y el vicepresidente Alliana, a quienes responsabilizan políticamente por la situación de la entidad y por la exposición de recursos públicos y previsionales.
La senadora Esperanza Martínez cuestionó la actuación del Ejecutivo y apuntó a la relación entre el mandatario, el grupo controlador y las autoridades del Banco Central. Los parlamentarios también anunciaron que buscarán impulsar acciones contra integrantes del directorio del organismo emisor.
— Esperanza Martinez (@esperanza_py) November 3, 2026Las familias trabajadoras afectadas son nuestra prioridad. No vamos a permitir que queden impunes los responsables del sufrimiento y el daño económico ocasionado hoy.
Desde la oposición vamos a iniciar las acciones necesarias para promover el Juicio Político contra el… pic.twitter.com/rPkybz0b9w
La senadora Yolanda Paredes, por su parte, anticipó que promoverá denuncias penales contra directivos de la entidad y otras autoridades, además de solicitar medidas cautelares en el marco de las investigaciones.
El juicio político está regulado por el artículo 225 de la Constitución paraguaya. Para que avance, la Cámara de Diputados debe aprobar la acusación por una mayoría de dos tercios; posteriormente, el Senado debe actuar como tribunal y resolver sobre la eventual destitución.
En paralelo, organizaciones ciudadanas convocaron a una movilización frente al Congreso, en Asunción, para exigir explicaciones sobre el destino de los fondos previsionales y reclamar responsabilidades políticas por la situación del banco.
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