José Romero: El poder que Morena está desperdiciando

orena tiene una fuerza política que durante décadas pareció inalcanzable para la izquierda mexicana. Cuenta con la Presidencia y mayoría legislativa. Ese poder permitiría organizar el desarrollo del país, pero buena parte se consume en los pleitos por el control del partido y del gobierno. La transformación que se ofreció a los electores queda pendiente mientras los grupos se disputan los cargos.

El Estado mexicano impulsó la industrialización construyendo infraestructura, financiando empresas y comprando producción nacional. Había rivalidades, pero el Presidente las contenía y los funcionarios podían cambiar de puesto sin que se perdiera lo aprendido. La crisis de 1982 sirvió para desmontar aquellos instrumentos. La alternancia cambió a los gobernantes y conservó la orientación económica.

López Obrador abrió una posibilidad distinta. Desenmascaró el clasismo, el racismo y la subordinación colonial que han marcado la historia de México. Las clases desposeídas encontraron una representación que les había sido negada. La reducción de la pobreza dio sustento a ese cambio. El crecimiento quedó pendiente y la redistribución avanzó sin una transformación suficiente de la estructura productiva.

Sheinbaum recibió respaldo y el compromiso de completar la tarea. La disputa por un poder propio amenaza con relegar el desarrollo. En octubre de 2026, el FMI registró un crecimiento de 0.5 por ciento para 2025 y proyectó 1.5 para 2026. El bajo crecimiento tiene diversas causas, pero exige una conducción económica que no puede esperar. El tercer año del gobierno comienza con una mayoría que puede modificar instituciones y una economía que apenas crece.

La autoridad de López Obrador se construyó durante décadas y sus lealtades no desaparecieron al terminar el sexenio. La Presidenta gobierna con buena parte de esos cuadros, mientras fortalece a los propios. En ese reacomodo, conservar a un funcionario puede verse como una concesión a sus padrinos y quitarlo, como un triunfo sobre ellos. Importa menos lo que sabe hacer que el grupo al que pertenece.

El problema aparece cuando la lealtad pesa más que los resultados. Sustituir funcionarios es una facultad de quien gobierna; hacerlo sin evaluar su trabajo puede destruir capacidades útiles. Tampoco basta con conservar a los cuadros anteriores: deben responder por su desempeño. Si la lealtad protege al que falla y excluye al que sabe, el gobierno pierde capacidad para cumplir sus propios objetivos.

El control de las candidaturas permite decidir quién podrá competir por un cargo. Quien aspira a una gubernatura, una curul o una presidencia municipal sabe de quién depende su futuro. Si resolver un problema público exige enfrentarse a su grupo, tendrá razones para dejarlo pendiente. Así, una parte de la administración acaba trabajando para conservar el respaldo de quienes reparten los cargos. El desempeño del gobierno queda sujeto a las conveniencias de la siguiente elección.

También se pierde experiencia. Un equipo que conoce un sector y ha aprendido a ejecutar proyectos no se reemplaza con nombramientos. Deshacerlo para borrar la influencia de su antiguo jefe elimina conocimientos que el gobierno necesita. Cuando señalar una falla pone en riesgo el puesto, resulta más conveniente ocultarla. La Presidenta termina recibiendo informes que protegen a sus funcionarios y le impiden conocer los problemas.

El Plan México corre ese riesgo. Sus objetivos reúnen apoyos, pero ejecutarlos implica repartir recursos y aceptar responsabilidades. Cuando cada oficina defiende los intereses de un grupo, las decisiones se aplazan para evitar conflictos. Economía, Hacienda y Ciencia pueden repetir el mismo discurso sin trabajar en la misma dirección. Encargar otro estudio prolonga la espera cuando lo que falta es decidir.

La postergación tiene costos para el país. Un proyecto detenido significa empleos que no se crean, proveedores que pierden oportunidades y conocimientos que no llegan a desarrollarse. Mientras el gobierno se ocupa de ordenar sus lealtades, preservar el T-MEC y atraer inversión extranjera siguen haciendo las veces de una estrategia de desarrollo.

Siempre queda una razón para dejar la economía para después. Primero hay que asegurar una candidatura, resolver una disputa o consolidar al equipo presidencial. Pero después viene otra elección y vuelve a comenzar el pleito. Si el desarrollo tiene que esperar a que termine ese proceso, puede agotarse el sexenio. La fuerza ganada en las urnas se habrá consumido en decidir quién la administra.

La responsabilidad de Sheinbaum está en el uso de ese poder. Debilitar a los aliados puede beneficiar a su grupo y perjudicar el proyecto que los llevó juntos al gobierno. Morena puede conservar la Presidencia y dejar intacto el orden económico que prometió cambiar. Ese sería el fracaso: haber ganado el poder necesario para transformar México y emplearlo en asegurar la permanencia de quienes lo ocupan.