Desendeudar sin emitir: una mesa para millones de deudores

La Argentina vive hoy una paradoja que cualquiera puede comprobar con solo mirar a su alrededor. Las cuentas fiscales cierran y la inflación bajó a niveles que hace pocos años parecían imposibles. Sin embargo, en julio de 2026 la irregularidad del crédito a los hogares llegó al 12,9%, según el Banco Central, más del doble que un año antes. Fuera de los bancos, el cuadro es peor todavía: en las billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, la mora de las familias rondaba en mayo el 29,6%, y casi seis millones de los veintiún millones de deudores registrados tenían pagos atrasados.
La macro está ordenada y la micro, endeudada. Y no hablamos de grandes empresas, sino del monotributista, del comerciante de barrio, del jubilado que se endeudó para pagar remedios, del gerente de una pyme que firmó como garante las deudas de la sociedad que dirige y que hoy responde con su casa. El crédito vino a reemplazar al salario durante el ajuste, y la tasa terminó por volverlo impagable.
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Frente a esto aparecen, como siempre, dos recetas. La primera es la del salvataje (topes de tasa, condonaciones por decreto), que cuesta plata que el Estado no tiene o tendría que emitir, y además destruye los incentivos que sostienen el crédito. La segunda es la de dejar que cada banco renegocie con cada deudor. Los bancos ya lo están haciendo, y dieron de baja más de 143.000 préstamos por $4,4 billones.
Pero para una entidad con cientos de miles de carteras de escaso monto, la negociación individual es antieconómica, y para el deudor que debe a seis o siete acreedores distintos es directamente imposible: alcanza con que uno solo no acepte para que el acuerdo con los demás no sirva de nada.
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Ahí está el nudo. El sobreendeudamiento de las familias y de las microempresas es un problema de acción colectiva, y el derecho tiene desde hace siglos una herramienta para eso: el concurso de acreedores, en el que una mayoría acepta una propuesta y esa decisión obliga a todos. El problema es que nuestra ley de concursos fue pensada para el comerciante y la sociedad. Para un pasivo de pocos millones de pesos resulta desproporcionadamente caro y lento, y la doctrina lo advierte hace más de veinte años.
En un trabajo de próxima publicación propongo otro camino: un procedimiento colectivo, digital y veloz, con un conciliador profesional designado por sorteo, votación electrónica de los acreedores, homologación judicial limitada al control de legalidad y de abuso, y un acuerdo que obliga a los disidentes y tiene fuerza ejecutiva. Nada de esto es una ocurrencia local. Alemania, España, Francia y Chile tienen regímenes parecidos, y el Banco Mundial y UNCITRAL lo recomiendan hace más de una década.
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Pero un procedimiento así no funcionaría en la Argentina sin tocar tres créditos que hoy son, en los hechos, innegociables.
El primero es el del banco. Aunque el deudor firme un acuerdo homologado, las normas de clasificación del Banco Central lo siguen tratando como moroso hasta que pague varias cuotas seguidas, y el banco debe mantener las previsiones. La ley debería ordenar que se lo clasifique según cumpla el acuerdo.
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El segundo es el del fisco, que hoy no puede aceptar quitas. Esa rigidez tiene fundamento, porque la quita de un tributo exige una ley del Congreso. Pues bien, que la ley la otorgue, para un universo acotado de deudores insolventes y por tramos expresados en salarios mínimos. No es un exceso: la misma ley de inocencia fiscal dejó fuera de la persecución penal evasiones de hasta 100 millones de pesos por tributo y por año.
El tercero es el de los trabajadores. Su crédito es privilegiado y debe seguir siéndolo, pero hoy recae entero sobre un empleador que ya no puede pagar. El Fondo de Asistencia Laboral creado por la reforma de 2026 es una cuenta de cada empleador, sin ningún mecanismo solidario. Bastaría con destinar una fracción pequeña de los aportes a un fondo común que pague al trabajador completo y se subrogue en su crédito, como lo hace el Fondo de Garantía Salarial español desde hace décadas.
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A ello se suma algo que cualquier abogado de concursos conoce de memoria: el deudor en problemas sufre una muerte civil por goteo: le limitan la CUIT y no puede facturar, le embargan las cuentas y hasta los pagos de sus clientes, le cierran la cuenta corriente por cheques rechazados. De nada sirve un acuerdo si quien tiene que cumplirlo no puede trabajar ni cobrar. Mientras el deudor cumpla, esas sanciones deberían quedar en suspenso, como el propio Estado lo dispuso en la emergencia de 2020.
La objeción previsible es el riesgo moral, y por eso el régimen tiene que estar blindado contra las avivadas: un solo uso cada diez años, test de capacidad de pago y revocación del beneficio si aparecen bienes ocultos. Pero la avivada no es patrimonio exclusivo del deudor, y el prestamista que otorgó crédito sin evaluar si podía devolverse también debería pagar algún costo.
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Lo que propongo, en suma, no requiere emitir un solo peso ni estatizar deudas privadas. Requiere una ley que siente a todos los acreedores en una misma mesa, con reglas claras y control judicial, para que millones de argentinos que hoy solo pagan intereses vuelvan al consumo y, con el tiempo, al crédito.
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