Guerra urbana en territorio desconocido: los desafíos del contingente salvadoreño frente a las milicias haitianas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió más de 2,000 militares a Haití después de la desaparición de cuatro salvadoreños en una emboscada ocurrida el 18 de octubre, en una operación contra grupos armados que dominan amplias zonas de Puerto Príncipe y sus alrededores.
El contingente enfrenta el desafío de actuar en un territorio que desconoce, con una cadena de mando aún incierta y frente a organizaciones criminales con capacidad para sostener combates urbanos.
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Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative Against Transnational Organized Crime, explicó a BBC Mundo que el despliegue salvadoreño no equivale al esquema aplicado por Bukele dentro de su país y habló sobre la diferencia entre las maras y pandillas entre El Salvador y Haití.
El modelo salvadoreño se basó en encarcelamientos masivos, mientras que en Haití se desarrolla una operación militar en territorio extranjero.
Las organizaciones haitianas comparten con la Mara Salvatrucha y Barrio 18 el control territorial, la extorsión y la violencia contra civiles, pero su estructura y sus recursos son diferentes.
Los grupos más poderosos del país, unos 20, funcionan como milicias armadas que administran zonas extensas, cobran impuestos informales y regulan el tránsito por carreteras e infraestructuras portuarias, dijo el director a BBC Mundo.
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Estas agrupaciones controlan cerca del 90% de Puerto Príncipe, de acuerdo con Naciones Unidas, además de áreas provinciales donde las fuerzas públicas no ingresan desde hace cinco años.
Su crecimiento estuvo ligado a actores políticos, económicos y de seguridad que recurrieron a ellas para defender intereses particulares.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18 surgieron en Los Ángeles y llegaron a El Salvador con las deportaciones posteriores a la guerra civil de la década de 1990. En Haití, en cambio, varias bandas nacieron o se fortalecieron mediante vínculos directos con sectores de poder locales.
Las estimaciones sitúan su número total entre 15,000 y 20,000 miembros, aunque la cifra cambia según las alianzas y rupturas entre las distintas organizaciones. En cinco años, pasaron de armas ligeras y rifles de caza a fusiles semiautomáticos de 5,56 milímetros y, cada vez con mayor frecuencia, de 7,62 milímetros.
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Parte del armamento llega desde Estados Unidos mediante compras posteriores al tráfico ilegal hacia Haití. Otra porción procede del desvío de arsenales de la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y cuerpos de seguridad de República Dominicana, con redes de corrupción activas a ambos lados de la frontera.
La ventaja de las bandas frente a una fuerza militar formal está en su conocimiento del terreno. Construyeron trincheras, barricadas, muros y trampas, y pueden replegarse hacia zonas controladas por aliados antes de regresar cuando disminuye la presión.
Le Cour Grandmaison comparó esa capacidad con una guerrilla urbana, una forma de combate especialmente compleja en barrios densamente poblados donde la población civil queda atrapada. La capacidad de las agrupaciones frente a una presión prolongada sigue sin estar probada, porque casi nunca enfrentaron operaciones intensas, coordinadas y sostenidas durante varias semanas.
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La emboscada contra los salvadoreños ocurrió en Santo, dentro de Croix-des-Bouquets, un área controlada por Chen Mechan y con participación de 400 Mawozo.
Ambos figuran entre los grupos más influyentes del país, aunque 400 Mawozo consolidó una expansión territorial particularmente amplia en los últimos años.
Grandmaison también habló sobre su líder, Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, extendió su influencia desde la periferia de Puerto Príncipe hasta los accesos y el eje vial hacia República Dominicana.
Esa posición permite a la organización cobrar extorsiones a quienes transitan por la ruta y operar como intermediaria en el tráfico de armas para abastecerse y vender equipamiento a otras pandillas.
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Haití reúne una estructura fragmentada de actores armados: la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití, la Fuerza de Supresión de Pandillas, una fuerza especial con contratistas privados de Vectus Global y el contingente salvadoreño.
También intervienen organizaciones parapúblicas y grupos de autodefensa en barrios urbanos y zonas rurales.
La coordinación entre esas fuerzas es limitada. Cada una opera con un mandato, una cadena de mando y reglas de enfrentamiento propias, sin una planificación conjunta que defina objetivos compartidos o establezca cómo sostener los territorios recuperados.
Grandmaison también dijo que el principal obstáculo para los militares salvadoreños es el desconocimiento del contexto local. No hablan criollo haitiano, no poseen redes propias de inteligencia y deberán distinguir a combatientes de civiles en zonas donde las bandas conocen cada calle, alianza y rivalidad.
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La coalición Viv Ansanm, cuyo nombre significa “Vivir juntos” en criollo haitiano, fue anunciada en febrero de 2024 como un pacto de no agresión entre agrupaciones rivales.
Cada grupo conservaba su territorio, sus ingresos y su autonomía, pero podía desplazarse por áreas aliadas, compartir información y coordinar ofensivas, mencionó Grandmaison a BBC Mundo.
Esa alianza se fragmentó durante los últimos seis o siete meses, con enfrentamientos entre bandas y líderes que anunciaron su salida. La presión de las operaciones puede profundizar esas divisiones o, por el contrario, volver a unir a las organizaciones frente a un enemigo común.
Lanmò San Jou escribió recientemente al secretario general de Naciones Unidas para pedir diálogo y mediación, al tiempo que atribuyó el ataque a Chen Mechan. Para Le Cour Grandmaison, ese gesto revela que la presión afecta a los jefes criminales, pero también representa un intento de reducir su exposición y buscar reconocimiento político.
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El diálogo con líderes de pandillas no debería implicar impunidad ni amnistía, sostuvo el especialista. Los contactos existen de forma cotidiana para resolver asuntos logísticos, pero una salida requeriría justicia, liderazgo de las autoridades haitianas y mecanismos para quienes quieran abandonar los grupos, incluidos niños reclutados.
La Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción existe, aunque no hay un mecanismo instalado en los barrios donde miles de soldados ejercen presión sobre los bastiones criminales. La falta de una estrategia de desmovilización puede dejar a civiles expuestos a linchamientos, venganzas y acusaciones de colaboración con las pandillas cuando los barrios sean reabiertos parcialmente.
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Si el despliegue logra resultados que el propio gobierno haitiano considere positivos, podría ser presentado como un modelo regional. Sin embargo, la experiencia de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití mostró que las recuperaciones territoriales no evitaron el regreso de la crisis cuando no hubo justicia ni acciones contra las redes políticas y económicas que sostienen a los grupos armados.
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