La senadora María Clara Posada respondió reclamo a Rodrigo Londoño por revelar videos de audiencia de la JEP: “Control político”
La senadora del Centro Democrático María Clara Posada Caicedo — que ha emprendido una minuciosa evaluación a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con sus movimientos financieros y audiencias—, le contestó a las críticas de Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, luego de que el excomandante de las extintas Farc la acusara de vulnerar la reserva de una diligencia de la JEP.
La congresista defendió la publicación de fragmentos de una audiencia de 2019 sobre secuestro y afirmó que tiene facultades para revisar el uso de recursos públicos en el tribunal creado tras el Acuerdo de Paz.
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“Como congresista tengo pleno derecho a ejercer control político sobre cada peso de recursos públicos que se gasta en esa institución que ustedes inventaron en La Habana”, escribió en su cuenta de X.
Londoño había sostenido que la senadora, según él, comentió una infracción a la ley al divulgar contenido de una actuación judicial. Sus palabras textuales fueron: “La verdad es que usted violó la reserva de un proceso judicial, lo cual constituye un delito”.
Posada rechazó esa acusación y aseguró que no estaba obligada a preservar la reserva procesal.
“En este caso, ‘señor’ Timochenko, no se configura ningún delito porque yo no tengo el deber de guardar custodia de esa información”, le dijo al exjefe guerrillero. Y añadió: “Se nota que usted ha aprendido derecho en el marco de la JEP”.
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La funcionaria uribista publicó los videos para cuestionar el ambiente de la diligencia y el trato que, según su interpretación, recibieron los antiguos integrantes de las Farc ante la justicia transicional.
En su mensaje, Posada aludió a la situación de las víctimas de secuestro y criticó las sanciones impuestas a los exintegrantes del Secretariado de las Farc, en particular, porque en una de las escenas que ella divulgó, “Timochenko” le comentó a la magistrada de la JEP Julieta Lemaitre que —con secuestrados y rehenes— “había criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida (…) tortura no, jamás".
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“Si de verdad les importaran las víctimas, las habrían reparado de verdad en lugar de tomarse fotos posando con un machete”, contestó Posada.
La congresista también respondió a Londoño, que le infligió estar en contra de “la verdad” por cuestionar las conversaciones en las audiencias de comparecencia.
El exjefe del extinto grupo guerrillero le dijo a la senadora: “Todo por sabotear la verdad judicial, el proceso restaurativo, los derechos de las víctimas y poner en riesgo la seguridad jurídica de los comparecientes - comenzando la de los militares”.
Pero Posada escribió: “Usted y los de su calaña no me asustan ni me intimidarán jamás, como sí lo hicieron con los miles de secuestrados. Que algo no le guste a usted, Timochenko, me motiva a seguir investigando”, concluyó Posada.
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Los audios y videos atribuidos a Rodrigo Londoño corresponden a una versión voluntaria rendida ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 14 de febrero de 2019, dentro del Caso 01 sobre secuestros.
La congresista afirmó que recibió los registros de una fuente anónima y pidió que se levante la reserva de la diligencia.
En otro audio divulgado, según la publicación de Posada, Londoño se refirió a las consecuencias judiciales que se discutían durante las negociaciones de paz. “¿Cómo creen ustedes que nos van a plantear ir a prisión después de pactar?”, expresó, de acuerdo con los registros difundidos.
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La legisladora interpretó esa frase como una muestra de que las antiguas Farc conocían que no cumplirían penas de cárcel. También compartió un fragmento en el que el exjefe guerrillero habría descrito a la JEP como “una criatura que nosotros mismos ayudamos a parir”.
La jurisdicción respondió a las críticas y recordó que, dentro del Caso 01, imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 63 exintegrantes de las extintas Farc, incluidos los miembros del antiguo Secretariado.
La jurisdicción precisó que sus investigaciones documentaron torturas, homicidios, desapariciones forzadas y otros delitos contra los secuestrados, y señaló que las directrices internas sobre supuesto “buen trato” no se cumplieron en los hechos investigados.
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