Profesores aprueban moción de censura contra la dirección de una universidad en EEUU por denuncia de violación
Los profesores de la Universidad de Cornell aprobaron el viernes una simbólica moción de censura contra la dirección por su gestión de casos de agresión sexual, tras una denuncia de violación grupal que causó indignación en Estados Unidos.
Una exestudiante denunció que en 2024, cuando tenía 20 años, fue drogada con ketamina, agredida y violada por siete miembros de una fraternidad de varones en la prestigiosa universidad.
El caso ha suscitado duras críticas contra la institución y los fiscales, que no habían iniciado ningún proceso, a pesar de una primera denuncia.
Los fiscales reabrieron recientemente la causa con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, al frente de la investigación.
El profesorado no tiene poder para destituir a los administradores.
No obstante, su voto constituye un fuerte revés para el presidente de Cornell, Michael Kotlikoff.
La resolución pone en duda "la capacidad de la administración central para abordar de manera eficaz la crisis persistente de las agresiones sexuales en la Universidad Cornell".
Al término de una semana de votación electrónica, se registraron 75 votos a favor de la resolución, 50 votos en contra y cinco abstenciones, según cifras oficiales publicadas en la página web de la prestigiosa institución.
En una carta dirigida a los representantes del cuerpo docente, la estudiante reprochó a Kotlikoff su falta de apoyo.
Las sanciones impuestas a los presuntos agresores, que van desde la suspensión hasta la expulsión, también han sido consideradas insuficientes por algunos observadores.
Una investigación externa independiente examina la gestión del caso por parte de la institución, encargada a Sally Yates, exfiscal general adjunta de Estados Unidos, el segundo cargo más alto en el Departamento de Justicia.
Según un estudio publicado en 2020 por la Asociación de Universidades Estadounidenses y realizado en 33 instituciones, una cuarta parte de las estudiantes de grado declararon haber sido objeto de contacto sexual forzado o sin posibilidad de consentimiento.
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