Ley Ricarte Soto, no basta con más recursos

El recorte a la Ley Ricarte Soto en el proyecto de Presupuesto 2027 ha generado tensión sobre su financiamiento y la continuidad de las coberturas. El Ejecutivo tiene el desafío de avanzar en alternativas para garantizar su funcionamiento y cubrir nuevas patologías, en un contexto de estrechez fiscal. Esto abre un espacio para retomar una discusión postergada: ¿cómo asegurar la continuidad de los tratamientos y ampliar el acceso a nuevas alternativas terapéuticas?

Avanzar en mecanismos que permitan fortalecer esta ley es fundamental. Sin embargo, debemos preguntarnos cómo aprovechar mejor los fondos disponibles para responder a una demanda creciente de tratamientos de alto costo.

En este escenario, los medicamentos biosimilares representan una oportunidad concreta para generar ahorros en determinadas terapias biológicas y liberar recursos que permitan ampliar los beneficios. No obstante, las demoras regulatorias en el Instituto de Salud Pública dificultan la llegada oportuna de nuevos fármacos al mercado.

Según un estudio encargado por Asilfa, los biosimilares tardan 562 días en promedio en obtener su registro sanitario, frente a los 180 establecidos por ley. Solo el 4,2% de las solicitudes cumple ese plazo, ya que se extienden hasta por tres años.

La discusión legislativa debe ser una instancia para abordar mecanismos que permitan utilizar estos recursos de manera más eficiente, mediante procesos más ágiles, sin comprometer la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. Porque asegurar los tratamientos actuales es indispensable, pero generar condiciones para ampliar el acceso también debe ser una prioridad.

Patricio Huenchuñir

Vicepresidente ejecutivo Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos A.G