El trabajo rural registrado para "reducir retenciones y ampliar exportaciones"

Un amplio consenso sobre el valor del trabajo rural registrado para impulsar las exportaciones del agro y favorecer el equilibrio fiscal se reflejó este jueves en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con la participación de directivos de varias entidades agroindustriales.

El encuentro fue organizado por el gremio de trabajadores rurales, UATRE, y la plataforma Visec, el sistema de trazabilidad socio ambiental de la agroindustria argentina que certifica los nuevos estándares para el acceso a mercados exigentes como la Unión Europea, que en dos meses obligará a cumplir requisitos estrictos en productos como soja, carne vacuna y madera, entre otros.

La disertación central estuvo a cargo del economista Martín Redrado, quien propuso impulsar la formalización del empleo rural como mecanismo fiscal sostenible para blindar el equilibrio macroeconómico y permitir la reducción de retenciones.

Con representación de productores, exportadores y trabajadores, el encuentro alineó la estrategia de la producción agropecuaria argentina ante los nuevos desafíos del comercio exterior. Participaron José Voytenco, secretario General de UATRE, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA–CEC y del Consejo Agroindustrial Argentino, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales, Alfredo Paseyro, titular de la Asociación de Semilleros Argentinos-ASA-, Abel Guerrieri, titular de Renatre, y Sebastián Senesi, docente de FAUBA, entre otros, y coincidieron en la necesidad de articular esfuerzos, incluso con el Estado.

Redrado afirmó que “la formalización laboral es la fuente de crecimiento y sostenibilidad, tanto económica como social, y no debe verse como una concesión unilateral sino como una necesidad del modelo de desarrollo”.

El titular de la Fundación Capital hizo un análisis histórico y evidenció que “en los momentos en que hubo baja de derechos de exportación no se tradujo en mayor formalización laboral en el campo. Entre 2001 y 2008 —período de reposición de derechos de exportación— se registró una fuerte reducción de la informalidad, y en contraste, entre 2008 y 2025, las retenciones cayeron un 67% mientras la informalidad laboral creció de forma sostenida”.

Por ello, subrayó que destrabar el crecimiento no depende exclusivamente de reducir retenciones y aumentar la rentabilidad empresarial. Con todo, aclaró que propugna “una revolución impositiva que elimine los tributos distorsivos, entre los cuales los derechos de exportación están en primera fila”.

En ese sentido, indicó que “mientras vecinos como Brasil, Paraguay y Uruguay han mantenido una senda agresiva de crecimiento, la Argentina exhibe una trayectoria errática y debilitada desde 2007, explicada por un ecosistema de incentivos rotos y no por fallas en el clima o la capacidad productiva

Frente a este escenario, la propuesta impulsada por UATRE y formulada por Fundación Capital plantea un “nuevo ecosistema de incentivos: la baja de retenciones y la estabilidad macroeconómica deben promover una mayor rentabilidad que se reinvierta directamente en formalización laboral y tecnológica”. Esto, a su vez, genera una “ampliación de la base imponible que blinda el equilibrio fiscal”. Así, la formalización del trabajo funciona como mecanismo fiscal que hace económicamente sostenible la baja de retenciones en el tiempo”.

Senesi mostró el potencial argentino frente a normativas que empezaron siendo voluntarias y se transformaron en obligatorias. Pino, Idígoras coincidieron que la competitividad global propicia sostener “un enfoque sistémico, con todos los actores sentados en la misma mesa”. Y Voytenco dijo que “no hay sostenibilidad sin trabajo digno. Cuidar a los trabajadores y registrarlos no es un costo, es el motor que da sostenibilidad fiscal al sector y nos abre las puertas del mundo”.

Como el Reglamento Europeo de No Deforestación (EUDR), -2023/1115, que regirá desde el 30 de diciembre de 2026 para operadores grandes y medianos y desde el 30 de junio de 2027 para micro y pequeños- exige demostrar el cumplimiento de normativas ambientales y laborales estrictas, se presentaron herramientas concretas: la articulación operativa mediante incentivos fiscales y financieros aplicados a través del sistema SISA de ARCA, y una constancia sobre trabajo rural registrado, gestionada con la organización social Crisol, para aportar información verificada sobre el cumplimiento laboral en el territorio y facilitar los procesos de "Debida Diligencia" que exigen los compradores internacionales.