Ainara Suárez logra justicia contra otro de sus agresores: le pidió perdón y tendrá que reparar el daño

Un juez de control especializado en justicia para adolescentes autorizó el 13 de noviembre de 2026 la suspensión condicional del proceso seguido contra uno de los cuatro jóvenes señalados por Ainara Suárez como responsables de la agresión sexual que sufrió en 2018, cuando tenía 16 años. La resolución, comunicada por el despacho Schütte & Delsol Abogados, implica que el imputado deberá cubrir la reparación del daño, someterse a supervisión judicial y completar cursos de perspectiva de género y educación sexual, bajo la amenaza de que el proceso se reanude si incumple cualquiera de esas condiciones. La suspensión tendrá una vigencia de seis meses y vencerá el 13 de mayo de 2027.

Durante la audiencia del 13 de noviembre, la persona adolescente leyó ante el Tribunal y todas las partes una carta de disculpa dirigida a Ainara Suárez. El texto fue incorporado al expediente judicial. Según el comunicado de Schütte & Delsol Abogados, en esa carta el imputado no solo reconoció el daño causado, sino que además “proporcionó información para el esclarecimiento de los hechos”, entre ellos quiénes compartieron y recibieron el video de la agresión sexual.
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El juez subrayó que el incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas podrá derivar en la revocación de la suspensión y en el restablecimiento de las medidas cautelares correspondientes. Las tres obligaciones centrales son: cubrir la reparación del daño, presentarse ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y acreditar los cursos en materia de perspectiva de género y educación sexual.

Los hechos que originaron el caso tuvieron lugar el 25 de mayo de 2018 en un inmueble de la colonia San Jerónimo Lidice, en la alcaldía Magdalena Contreras de Ciudad de México. Ainara Suárez, entonces de 16 años, asistió a una fiesta donde fue agredida sexualmente por varios jóvenes; los hechos fueron grabados en video y ese material fue posteriormente difundido en redes sociales. Ainara Suárez identificó públicamente a cuatro imputados.
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Tres de ellos fueron vinculados a proceso y recibieron sentencias condenatorias mediante procedimiento abreviado. Ainara Suárez explicó en un video publicado en TikTok en noviembre de 2026 que los tres “se declararon culpables”. Como parte de las consecuencias, cumplieron internamiento preventivo y tuvieron que asistir a cursos sobre nuevas masculinidades, violencia contra la mujer, perspectiva de género, consentimiento y sexualidad.

La carpeta de investigación fijó en 150 mil pesos la reparación del daño. Sin embargo, Ainara Suárez señaló en su propio relato que ninguno de los tres pagó ese monto exacto. “Ninguno de ellos pagó 150 mil pesos, todos pagaron más”, afirmó. Precisó que la cantidad más baja que recibió fue de 200 mil pesos, mientras que la más alta alcanzó “casi medio millón de pesos”.
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El proceso del cuarto imputado tomó un cauce distinto porque recurrió al amparo, lo que derivó en un procedimiento más complejo. Ainara Suárez lo explicó públicamente: el joven “tuvo un proceso mucho más complicado y por eso se llegó a una suspensión condicional del proceso”. Aun así, el imputado también tuvo que pagar reparación del daño y asistir a cursos y terapias, según indicó la víctima.

La difusión del video de la agresión sexual adquirió dimensión pública en 2020, cuando la creadora de contenido Yoseline Hoffman Badui, conocida como YosStop, aludió al material en su canal. Fue detenida el 29 de junio de 2021 e ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla, acusada de posesión de pornografía infantil. En diciembre de ese año obtuvo su libertad tras alcanzar un acuerdo reparatorio. El 10 de enero de 2025, una jueza declaró la extinción de la acción penal a favor de Yoseline Hoffman Badui y el sobreseimiento de la carpeta judicial 011/0771/2021. Ainara Suárez aclaró que el proceso por pornografía —vinculado a la difusión del video— continúa activo y es independiente del seguido contra los cuatro jóvenes que cometieron la agresión sexual.
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La audiencia del 13 de noviembre de 2026 fue tramitada con base en los artículos 35 y 36 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que regulan el tratamiento procesal de personas imputadas por hechos cometidos durante su minoría de edad; la identidad de los imputados no puede ser divulgada en virtud de las mismas disposiciones, aunque actualmente sean mayores de edad.
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