La CIDH ordenó proteger a la abogada nicaragüense Thelma Montenegro, presa e incomunicada desde agosto
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la abogada opositora Thelma del Rosario Montenegro Centeno, de 54 años, al concluir que su vida y su integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Nicaragua. El organismo pidió al Estado que revele dónde está detenida y en qué condiciones.
Según la CIDH, Montenegro está bajo custodia estatal sin que exista información oficial sobre su paradero ni sobre su salud. Permanece en incomunicación total y prolongada, sin visitas de familiares ni allegados. La Comisión añadió que el régimen no respondió a su solicitud de información durante el procedimiento.
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La resolución exige a Nicaragua proteger la vida, la integridad y la salud de la detenida, precisar las circunstancias de su arresto y garantizar el contacto regular con sus familiares y con representantes legales de su confianza.
El 19 de agosto, Montenegro acudió a la delegación policial de Santa María de Pantasma, en Jinotega, para renovar su licencia de conducir. Según las organizaciones denunciantes, fue detenida y le incautaron el teléfono y documentos personales. Quedó libre la tarde del 22 de agosto.
La Asociación Madres de Abril (AMA), de la que es integrante, denunció que fue detenida por segunda vez esa misma semana, en su domicilio, y que está privada de libertad desde el 23 de agosto. Su familia supo el 25 de agosto que la habían trasladado a Managua. No hay datos públicos disponibles sobre cargos formales ni sobre una versión oficial de los hechos.
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A comienzos de septiembre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo Nicaragua Nunca Más pidieron a la CIDH medidas de protección. Sostuvieron que Montenegro se encontraba en situación de detención arbitraria y desaparición forzada.
Montenegro es notaria pública y defensora de derechos humanos. Su trabajo se centró en denunciar la impunidad por los asesinatos de varios familiares, ocurridos, según las organizaciones, en el contexto de la represión contra opositores. Su hermano Oliver fue asesinado en enero de 2019 en su finca de El Cuá. En junio de ese año murieron su hermano Edgar y su hijo de crianza Yalmar Zeledón, en Honduras, donde buscaban refugio.
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AMA sostiene que también fue asesinado su esposo, Francisco Blandón, presuntamente por paramilitares, y que otros familiares, Dorlin y Oliver Montenegro, estuvieron presos entre 2020 y 2023.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018. Las protestas de ese año dejaron unos 300 muertos, según la ONU. La crisis se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo, con sus principales contendientes presos. La dictadura los expulsó después del país y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, acusados de “golpistas” y “traición a la patria”.
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El 22 de septiembre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU atribuyó al régimen al menos ocho muertes de detenidos desde 2018. Entre ellas figura la del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, fallecido en mayo tras 32 meses preso. El informe identifica 161 casos de desaparición forzada desde 2018, de los cuales al menos 29 seguían sin resolverse el 31 de agosto. Según Reuters, Managua no dio una respuesta sustancial.
La Asociación Memoria y Justicia contabilizaba 68 presos políticos al 24 de septiembre, 31 de ellos en situación de desaparición forzada. Montenegro figura en ese registro. AMA, por su parte, documentó 304 ataques contra sus integrantes entre 2020 y el primer semestre de 2026, entre ellos vigilancia, allanamientos y detenciones arbitrarias.
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Las medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable mientras la Comisión examina una situación; no determinan si hubo una violación. Si el Estado las ignora, la CIDH puede pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana, como hizo en 2022 a favor de 45 presos nicaragüenses que ya eran beneficiarios de cautelares y cuyo caso la dictadura tampoco respondió.
El silencio de Managua ante la Comisión y ante la ONU deja a Montenegro, por ahora, sin garantías públicas sobre su paradero y su integridad.
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