Ley Ricarte Soto

Entre 2022-2025, el gasto ejecutado de la Ley Ricarte Soto aumentó nominalmente 37,6%. En 2025, superó en 30% lo estipulado en la Ley de Presupuesto; y en agosto 2026, Fonasa ya ejecutó el 100% del monto anual.

Es incomprensible que el Presupuesto 2027 rebaje el aporte a Fonasa a $166.951 millones, nivel del gasto ejecutado ya en 2022, cuando no es plausible que el gasto disminuya.

El Minsal hace bien en decir que la rebaja no afectaría las prestaciones, garantizadas por ley. Por lo mismo, es injustificable este vaivén presupuestario. Algo similar ocurrió en abril, con una rebaja anunciada de $413.193 millones para salud; pero a septiembre, aun considerándola, el presupuesto total ha crecido 3,4% sobre la ley. El recorte no fue real y generó incertidumbre innecesaria en la red asistencial.

El crecimiento sostenido del gasto en la Ley Ricarte Soto ha impedido sumar nuevas tecnologías. Por ello, el gobierno pasado presentó un proyecto que aumenta el aporte anual al fondo de $100.000 a $185.000 millones y optimiza su sustentabilidad: reserva recursos para procedimientos de alto costo; evita sobreprecios del máximo industrial; y resguarda la continuidad para pacientes, regulando el tránsito de los tratamientos hacia el GES o el régimen general.

Desde 2016, la Ley Ricarte Soto se ha traducido en protección, diagnóstico y tratamiento para miles de familias, resguardándolas del golpe financiero de una enfermedad grave. Así, un Estado que garantiza la salud como derecho, transforma vidas. Preservarla exige presupuesto realista. El proyecto es perfectible, pero el gobierno debiera empujarlo: es el primer paso para que los tratamientos de alto costo lleguen a quien los necesita.

Fernando Reyes

Máster en Políticas de Salud y colaborador de Rumbo Colectivo