Mulet llama a partidos a asumir responsabilidad por ley de rebaja de condenas en medio de polémica por ministro Rabat

En medio de la controversia por las rebajas de condenas aprobadas por el Ministerio de Justicia para 56 sentenciados por delitos sexuales contra menores, y de la preparación de una acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, el diputado Jaime Mulet (Frevs) llamó a los presidentes de los partidos políticos a asumir su responsabilidad histórica en la aprobación de la legislación que permitió otorgar estos beneficios.

A través de una carta enviada a los dirigentes de las distintas colectividades, el parlamentario cuestionó que el debate se concentre exclusivamente en las responsabilidades actuales, sin considerar las decisiones legislativas adoptadas durante las últimas dos décadas.

Bajo el título “Las contradicciones de nuestro sistema político: No existe autoridad sin responsabilidad”, Mulet recordó que la Ley 19.856, promulgada en enero de 2003 durante el gobierno de Ricardo Lagos, estableció un sistema de reducción de condenas asociado al comportamiento sobresaliente de los internos durante el cumplimiento de sus penas.

“No se trató de una iniciativa improvisada ni de una decisión marginal, ni aislada. Fue el resultado de una discusión legislativa y de acuerdos que atravesaron las fronteras entre oposición y gobierno”, sostuvo el diputado, quien destacó que la normativa contó con amplios respaldos tanto en la Cámara como en el Senado.

El legislador también hizo referencia a los cambios introducidos posteriormente a la legislación, entre ellos la Ley 21.421, promulgada en 2022, que incorporó restricciones para acceder a rebajas de condena en determinados delitos sexuales contra menores.

En ese contexto, planteó que la evolución de la normativa refleja cómo las decisiones adoptadas por el sistema político han debido ajustarse frente a nuevas circunstancias.

“El Presidente Lagos impulsó la ley; el Presidente Piñera promovió su corrección; y el Presidente Kast impulsa ahora su derogación”, señaló Mulet, quien advirtió sobre el riesgo de transformar ese proceso histórico “en una disputa de responsabilidades inmediatas, acusaciones cruzadas y cálculos de conveniencia política”.

Cuestionamientos a la acusación constitucional

Respecto de la acusación constitucional que prepara la oposición contra el ministro Rabat, el diputado sostuvo que este mecanismo debe sustentarse en infracciones debidamente acreditadas y no únicamente en consideraciones políticas.

“Si existen antecedentes suficientes, el ministro Rabat y/o los magistrados deben ser investigados, debemos actuar en consecuencia. Pero también debemos tener la honestidad de reconocer que la controversia actual se encuentra en la trayectoria de una legislación de más de 20 años”, afirmó.

Mulet también llamó a evitar que la indignación generada por casos especialmente graves conduzca a la eliminación indiscriminada de los mecanismos de reinserción.

En esa línea, sostuvo que los delitos sexuales contra menores y los crímenes de derechos humanos requieren restricciones reforzadas, pero planteó que la discusión debe distinguir entre el cumplimiento de las penas, la protección de las víctimas y las posibilidades de rehabilitación en otros casos.

Finalmente, el parlamentario advirtió que desconocer las decisiones adoptadas anteriormente por los propios partidos contribuye al debilitamiento de la confianza ciudadana y al descrédito de las instituciones.

“La política no necesita de dirigentes que se declaren permanentemente inocentes. Necesita dirigentes capaces de defender los principios que inspiran sus proyectos de sociedad y que sean capaces de hacerse responsables de sus acciones y de corregir lo que haya que corregir”, concluyó.