Canalización: el indicador clave para la regulación de las apuestas en línea

El 22 de octubre, el Gobierno ingresó al Senado 145 indicaciones al proyecto que regula las apuestas en línea, una actividad con la que más de cinco millones de personas interactuaron el último año, según estudios independientes. Incorporan herramientas que los mercados regulados usan hace años: verificación de identidad para impedir el acceso de menores, límites de depósito activados por defecto, registro de autoexcluidos y fondos de los usuarios separados de los del operador.

Son avances importantes. Pero para que se traduzcan en protección y lleguen a los usuarios deben darse ciertas condiciones, y la principal es la “canalización”: el porcentaje de jugadores, o del dinero apostado, que se mueve en plataformas con licencia y no en sitios ilegales. Es el indicador clave, porque las reglas de protección y los impuestos solo alcanzan a quienes juegan dentro del mercado regulado.

“Una ley puede tener las mejores exigencias, pero si los usuarios siguen jugando en sitios fuera de la regulación, la ley no protege, ni recauda. El gran desafío es atraer a la mayor cantidad de jugadores al mercado regulado”, afirma Carlos Baeza, abogado y representante de aPAL.

La canalización depende, entre otras cosas, de que la brecha entre la oferta legal y la ilegal sea lo más corta posible. El factor confirmado más importante de todos: la carga tributaria. Después de este, la extensión de la oferta de juego, los montos de los premios, las tasas de pago, el combate a los sitios ilegales y la posibilidad de que el operador legal se dé a conocer y compita. Ahí hay un punto por revisar: las indicaciones prohíben todo bono o promoción y prohíben toda publicidad mientras los sitios ilegales harán publicidad y ofrecerán bonos sin limitación. “Si el operador con licencia no puede informar que es legal ni competir con lo que ofrece el ilegal, el usuario no tiene cómo distinguirlos”, sostiene Baeza.

La experiencia internacional

El Reino Unido no prohíbe los bonos: desde 2026 los regula y limita sus condiciones. Allí, el 92% del gasto en línea se hizo en 2025 en operadores autorizados (H2 Gambling Capital). En Ontario (Canadá), donde antes de regular se estimaba que el 70% del juego en línea era informal, hoy el 91% de los jugadores apuesta en plataformas con licencia (Ipsos, 2026). En Dinamarca, la cifra supera el 90%.

El reverso: en Países Bajos la canalización cayó a 49% del gasto en el primer semestre de 2025, y el propio regulador lo vinculó a límites de depósito más estrictos y alzas de impuestos.

Una alta canalización significa más usuarios protegidos y más recaudación fiscal. En esta industria los intereses están alineados, lo mismo que quiere el Estado, es lo que quieren los operadores. “El diseño de la ley importa tanto o más que sus exigencias. La ley no sirve, si no se puede aplicar”, concluye Baeza.