Más de una treintena de personas detenidas en protestas universitarias en Buenos Aires

Al menos 31 personas fueron detenidas tras los disturbios ocurridos hacia el término de la quinta y multitudinaria Marcha Federal Universitaria celebrada este jueves en Buenos Aires, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y que fue escenario de enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y empleado camiones hidrantes.

En un primer momento, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a seis personas, todas ellas después de haber concluido la marcha. La primera, pasadas las 17:00 horas locales (misma hora en Chile) fue un adolescente de 14 años que habría lanzado piedras contra un vehículo policial.

Poco después, agentes porteños detuvieron a cinco manifestantes, todos ellos imputados con atentado y resistencia a la autoridad, a excepción del único menor de edad, de 17 años, que formaba parte del grupo, según recogió el diario La Nación.

El mismo periódico consignó que, además, las autoridades nacionales arrestaron a otras 25 personas en los accesos a la estación de tren del barrio de Constitución, en el sur de la ciudad, de acuerdo al Ministerio de Seguridad.

La misma cartera informó también de un total de ocho agentes heridos: cuatro de Gendarmería, dos de la Policía Federal y dos de la Prefectura Naval; mientras que desde la administración porteña cifraron en 90 millones de pesos argentinos (más de 58 millones de pesos chilenos) los destrozos causados en los disturbios, según el diario Clarín.

Tras las movilizaciones, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, manifestó en redes sociales que “quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia”, afirmando que “en Argentina, nadie está por encima de la ley”.

En ese sentido, la cartera que dirige indicó que ya trabaja en una denuncia penal contra las personas involucradas en los disturbios, a quienes atribuye delitos de “resistencia y atentado a la autoridad; atentado al orden constitucional; y daño agravado”, conforme a La Nación.

La respuesta policial, con gases lacrimógenos y cañones de agua, no estuvo exenta de críticas, llegando a afectar a los diputados Cecilia Moreau, Agustina Propato y Carlos Castagneto, quienes se encontraban en las inmediaciones del edificio anexo de la Cámara de Diputados.

Este fue alcanzado por los proyectiles de las fuerzas de seguridad, haciendo que Moreau debiera recibir atención por parte del personal médico.

Organizaciones convocantes repudian la represión

Por su parte, las principales organizaciones involucradas protestaron contra la intervención de las fuerzas antidisturbios, entre ellas el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

“Repudiamos enérgicamente la represión y la violencia que obligó a suspender el acto central en Buenos Aires antes de que terminara”, manifestaron en un comunicado conjunto.

En este además afirman que las “cuatro marchas absolutamente masivas” celebradas en anteriores ocasiones -la última en mayo pasado- no fueron “controladas por las fuerzas de seguridad y nunca hubo un solo episodio” de este tipo, agregando que “en todo el país se han manifestado hoy miles de personas pacíficamente y sin inconvenientes”.

La manifestación, en la que aseguraron haber congregado a “decenas de miles de argentinas y argentinos”, se desarrollaba “dentro del marco de la democracia y respeto de las instituciones” hasta la intervención policial.

“Ha sido el gobierno nacional el que ha tomado la decisión de reprimir cruzando todos los límites”, denunciaron, señalando directamente a la administración de Javier Milei.

Sin embargo, las organizaciones firmantes subrayaron que “la obstinación y la violencia no empañan la convocatoria otra vez multitudinaria en todo el país”, que cifran en “más de un millón de personas en toda Argentina”.

La protesta reclama “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y validó en diversas instancias la Justicia pero el Poder Ejecutivo desde hace casi un año se niega a cumplir”, subraya el texto.

El mismo añade que “la respuesta y el despliegue represivo confirman que el incumplimiento de la ley de financiamiento no es un problema de disponibilidad de recursos sino de voluntad y decisión”. “Seguiremos, hasta que la ley se cumpla”, agrega finalmente.