Alerta migratoria en las midterms 2026: ¿puede ICE realizar operativos en la previa de las elecciones en Estados Unidos?
La posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) irrumpan en los centros de votación de Estados Unidos encendió las alarmas entre organizaciones de derechos civiles. A pocos días de los comicios del 3 de noviembre, una coalición presentó una demanda federal para impedir el despliegue de fuerzas de seguridad en las urnas o en sus inmediaciones.
El ICE y las midterms 2026: qué busca frenar la demanda federal
Una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una demanda ante un tribunal federal para impedir que el gobierno despliegue agentes del ICE y otros efectivos federales en los centros de votación o cerca de ellos durante las elecciones de medio término.
La presentación cuestiona las declaraciones y medidas del gobierno del presidente Donald Trump que, según los demandantes, generaron temor entre los votantes ante la posibilidad de encontrarse con agentes armados cuando intenten ejercer sus derechos electorales.
De acuerdo con la información difundida por N+ Univision 41 Nueva York, la controversia se desarrolla mientras avanza la votación anticipada para los comicios del próximo 3 de noviembre.
Las organizaciones que impulsan la acción judicial sostienen que la presencia de fuerzas federales podría intimidar a los electores latinos y a otras minorías, además de entrar en conflicto con las normas que protegen la participación electoral en el país norteamericano.
La demanda fue presentada el 18 de septiembre y reúne a nueve organizaciones que representan a comunidades inmigrantes y trabajadores.
Los demandantes buscan que la Justicia prohíba de manera expresa el despliegue de agentes del ICE en las inmediaciones de los lugares de votación, ante el riesgo de que esa posibilidad desaliente a personas habilitadas para participar en las elecciones.
El 23 de octubre de 2026, un tribunal federal consolidó esta demanda con otras dos causas relacionadas, presentadas por la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y organizaciones vinculadas al Comité de Campaña Senatorial Demócrata. La decisión unificó los litigios, pero no equivale a una prohibición judicial de los operativos.
Operativos de ICE: las organizaciones advierten sobre la intimidación electoral
El principal argumento de la coalición es que la posibilidad de desplegar agentes federales armados en los lugares de votación puede afectar el ejercicio de un derecho fundamental, incluso antes de que se concrete cualquier operativo.
En el comunicado publicado el 18 de septiembre, Latino Justice, una organización dedicada a la defensa de los derechos civiles y la justicia racial, explicó que la demanda pretende proteger la libertad de voto y garantizar que todas las comunidades puedan participar en la democracia sin miedo.
La entidad y las demás organizaciones que respaldan la acción judicial sostienen que el gobierno federal reivindicó facultades para que agentes armados operen en las proximidades de los centros electorales.
También denuncian que se desmantelaron mecanismos internos destinados a prevenir interferencias de las agencias federales en los procesos electorales y que la administración Trump habría intentado ampliar de manera inédita la autoridad ejecutiva sobre la organización de las elecciones.
El comunicado señala que estas preocupaciones afectan particularmente a los votantes negros, latinos, asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico, así como a inmigrantes, ciudadanos naturalizados y miembros de familias cuyos integrantes tienen diferentes situaciones migratorias.
Midterms 2026: la disputa por la Ley de Derecho al Voto
Uno de los pilares jurídicos de la demanda es la Ley de Derecho al Voto de EE.UU., conocida en inglés como Voting Rights Act. Los demandantes invocan específicamente su sección 11(b), que prohíbe intimidar, amenazar o coaccionar a una persona por votar, intentar hacerlo o ayudar a otros a participar en el proceso electoral.
La coalición considera que las advertencias sobre la posible presencia de agentes federales armados en los centros de votación pueden entrar en conflicto con esas protecciones. Su argumento es que las autoridades no necesitan concretar una detención para generar un efecto intimidatorio: la sola amenaza de una intervención puede llevar a que algunos ciudadanos decidan no votar.
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