Policía investigado por presuntamente matar a su amigo de la infancia podría quedar en libertad en Meta: ¿por qué familia de la víctima teme medida?
Denuncian que el proceso judicial por el homicidio del veterinario Jerson Elías Chaparro Díaz en Villavicencio se encuentra estancado.
El veterinario Gerson Elías Navarrete Pinzón. Foto: ARCHIVO PARTICULAR

PERIODISTAActualizado:
Seis meses después del crimen que conmocionó a Villavicencio, la familia de la víctima denuncia el riesgo inminente de que el uniformado señalado como el presunto responsable recobre su libertad por vencimiento de términos.
El patrullero investigado es Carlos Fabián R., quien enfrenta un proceso penal como presunto autor del homicidio de Jerson Elías Chaparro Díaz, un joven emprendedor y médico veterinario de 26 años con quien mantenía una estrecha amistad desde la niñez.
Veterinario Gerson Elías Navarrete Pinzón. Foto:ARCHIVO PARTICULAR
El origen del caso y los hechos
De acuerdo con el expediente de la investigación, el crimen ocurrió hacia las 7:20 de la mañana del primero de mayo de este 2026 en el sector de la avenida Los Maracos, cerca del comando de Policía de Villavicencio.
La Fiscalía General de la Nación sostiene que el encuentro entre ambos tuvo como propósito saldar una deuda de 20 millones de pesos que el uniformado le debía al joven veterinario, un hecho respaldado por conversaciones de chat recaudadas por los investigadores en las que se registran los préstamos de dinero y las evasivas de pago.
Según el relato de las autoridades y testigos, Ramírez arribó al punto de encuentro en una patrulla institucional, descendió del vehículo oficial e ingresó a la camioneta de Chaparro Díaz.
Camioneta de veterinario Gerson Elías Navarrete Pinzón. Foto:Suministrada a EL TIEMPO
Instantes después, tras un forcejeo al interior del automotor, habrían ocurrido los disparos que acabaron con la vida del emprendedor, quien murió tras ser trasladado de urgencia a un centro asistencial.
Minutos más tarde, el uniformado fue interceptado y capturado por otros policías en el sector del Camino Ganadero, pero durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos imputados.
¿Por qué la justicia podría tomar esa decisión?
La eventual excarcelación no responde a una absolución ni al cierre del expediente, sino a una garantía del debido proceso prevista en el Código de Procedimiento Penal colombiano cuando la etapa de investigación se estanca antes de llegar a juicio.
Según abogados consultados por EL TIEMPO, como el policía no aceptó los cargos, el Estado está obligado a llevarlo a un juicio oral para demostrar su culpabilidad, pero la ley fija plazos máximos estrictos para mantener a una persona privada de la libertad de forma preventiva sin que el proceso avance de fase.
A seis meses de la captura, el expediente sigue en etapas preliminares y aún no se ha instalado el juicio oral debido a la congestión judicial, los aplazamientos de diligencias y los recursos interpuestos durante el trámite. Días atrás, la defensa del patrullero, que estaba activo al momento del crimen, ya había solicitado su libertad invocando este mismo argumento, pero un juez la negó porque en ese momento aún faltaban diez días para que se cumpliera el término legal.
Con ese plazo ya cumplido, los abogados del procesado volvieron a radicar la petición. En la nueva audiencia, el juez de control de garantías deberá contabilizar los días exactos transcurridos desde la imposición de la medida de aseguramiento y descontar únicamente las demoras provocadas por maniobras dilatorias de la propia defensa. Si el despacho comprueba que el tiempo límite expiró por retrasos atribuibles al sistema judicial o a la Fiscalía, la ley obliga al juez a ordenar su libertad inmediata, aunque el uniformado seguirá vinculado formalmente al proceso penal a la espera de que finalmente inicie el juicio en su contra.
El reclamo de la madre y testigo presencial
El caso cobró especial relevancia pública debido a que Yeni Díaz, madre de la víctima, sospechó de la reunión y decidió seguir a su hijo en motocicleta hasta el lugar, convirtiéndose en testigo directa de la escena. A medio año de lo sucedido, la mujer expresó su profunda indignación ante la posibilidad de que el señalado agresor quede libre sin que exista todavía una sentencia de fondo.
La madre de la víctima manifestó su inconformidad con el posible fallo, señalando que un servidor público que utilizó recursos institucionales para cometer un homicidio no debería quedar en libertad por vacíos procesales, exigiendo celeridad a la rama judicial.
Mientras se resuelve la solicitud ante el juez, los allegados de Chaparro —quien dejó a un menor de edad y a su pareja embarazada— insisten en acelerar los trámites para evitar que el acusado quede en prisión domiciliaria o libertad.
CAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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