Laura Fernández acepta revisar restricciones al presupuesto judicial y acuerda reforzar lucha contra el crimen organizado

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, anunció que el Gobierno revisará las restricciones que condicionan la utilización de aproximadamente ₡30,000 millones (USD 65 millones) del presupuesto del Poder Judicial para 2027, después de reunirse con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, en un encuentro que también permitió establecer acuerdos relacionados con la seguridad nacional y las reformas legales.

La reunión se celebró este lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial, donde ambas jerarcas sostuvieron un almuerzo de trabajo y posteriormente ofrecieron declaraciones a los medios de comunicación.

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Uno de los principales planteamientos de Vargas fue la necesidad de modificar o aclarar las normas de ejecución presupuestaria que, según explicó, podrían limitar el funcionamiento de los tribunales y otras dependencias judiciales durante el próximo año.

“El Poder Judicial no está solicitando más presupuesto. Entendemos la situación y nos estamos ajustando al presupuesto que se nos asignó para el año 2027”, manifestó la magistrada.

La jerarca advirtió que las restricciones podrían impedir que la institución cumpla oportunamente con algunas de sus responsabilidades constitucionales, por lo que solicitó colaboración para facilitar el acceso a los recursos asignados.

Fernández expresó su disposición a colaborar con la Corte y anunció que los equipos técnicos de ambas instituciones analizarán las normas presupuestarias para determinar cómo deben interpretarse y aplicarse.

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“El espíritu de la Asamblea Legislativa y también el espíritu del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y nunca que se vea como una camisa de fuerza”, afirmó la mandataria.

La presidenta explicó que el objetivo será evitar que estas disposiciones afecten las operaciones diarias del Poder Judicial.

Por su parte, Vargas indicó que espera que los equipos comiencen las conversaciones próximamente, aunque todavía no se ha anunciado una fecha definitiva ni una modificación concreta de las restricciones.

Otro de los acuerdos estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto frente al crimen organizado y la inseguridad.

Fernández señaló que ambas coincidieron en que la situación nacional requiere la participación de los diferentes poderes de la República.

“La situación de la seguridad nacional como problemática requiere de la intervención necesaria de todos los supremos poderes de la República”, expresó.

Como parte de esta coordinación, la mandataria planteó incorporar al Poder Judicial en la revisión de determinados datos de interés del Ejecutivo relacionados con el equipo de Fuerza Élite.

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Asimismo, anunció que buscará consultar el criterio técnico del Poder Judicial durante la preparación de proyectos de ley, particularmente en asuntos vinculados con la administración de justicia.

Durante el encuentro, Patricia Vargas también solicitó respaldo para impulsar iniciativas que actualmente se encuentran en la Asamblea Legislativa y que buscan agilizar los procesos judiciales.

Entre ellas mencionó reformas al proceso penal, modificaciones en materia disciplinaria y propuestas relacionadas con la lucha contra la corrupción.

Otro asunto planteado fue el eventual cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en las compras realizadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a las posibles consecuencias económicas para esa institución.

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Las jerarcas confirmaron una nueva reunión para el 20 de noviembre, en la sede del Poder Judicial, que reunirá a las mujeres que encabezan los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Además de Fernández y Vargas, fueron convocadas Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Eugenia Zamora, presidenta del TSE.

Fernández confirmó su participación, mientras que Vargas indicó que estaba pendiente la respuesta de la jerarca legislativa.

Finalmente, ambas presidentas anunciaron que mantendrán una comunicación más directa, después de intercambiar sus números telefónicos durante el encuentro, y reafirmaron el respeto a las competencias constitucionales de cada institución.