La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco acompañará investigación por detenidos en marcha del agua

Luego de la presión mediática ejercida por distintos actores políticos, organizaciones de derechos humanos y activistas, la tarde de este 13 de octubre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dio a conocer que todas las personas detenidas el pasado domingo durante la marcha del agua recuperaron su libertad, admitió errores en el operativo policial y anunció una investigación interna por los excesos cometidos.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Lemus reconoció que el operativo “se salió de control” y que hubo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes que exigían agua limpia frente a Casa Jalisco. El mandatario adelantó que la revisión de lo ocurrido será acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

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“Antes que gobernador, soy persona, y en la vida se debe saber reconocer y corregir”, comentó el mandatario estatal, horas después de que trascendiera en medios de comunicación el traslado de siete manifestantes al penal de Puente Grande, razón por la que el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), se pronunció y le dio seguimiento a los casos.

Tras la difusión masiva en redes sociales y medios de comunicación, Pablo Lemus señaló que revisó personalmente decenas de videos de la manifestación y concluyó que el operativo tuvo “graves deficiencias” que derivaron en un descontrol en el momento más crítico de la protesta.

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La marcha que tenía el objetivo de exigir agua limpia para la ciudadanía, terminó con manifestantes lesionados, gaseados y expuestos a chorros de agua dirigidos por la policía de Jalisco, ante estos actos, detalló que “a las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia”.

Policía de Jalisco detuvo al joven cuando se encontraba esperando un pedido para entregar. (X/@Trafico_ZMG)

Acusó que sí hubo asistentes a la marcha que actuaron con violencia, pero que las acciones de la policía fueron excesivas, precisando que su gobierno ya tiene identificado a los elementos que actuaron con arbitrariedad.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía estatal, del total de personas detenidas durante la manifestación del 11 de octubre, 32 fueron puestas en libertad dentro de las 48 horas que marca la ley.

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Sin embargo, este dos días después, siete hombres, identificados como David Isaac “N”, Teodoro Isaac “N”, Juan Darío “N”, Alexis Daniel “N”, Samuel “N”, Israel “N” e Iván Octavio “N”, fueron trasladados al penal de Puente Grande para ser presentados ante un juzgado de control y oralidad, acusados de lesiones dolosas y desobediencia o resistencia a particulares.

Lemus informó que solicitó el inicio de una investigación interna sobre lo sucedido durante la marcha, la cual será acompañada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para dar seguimiento a los procesos de sanción según el nivel de responsabilidad de cada elemento involucrado.

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“Siempre hemos dicho que el que la hace la paga y eso también aplica para los de adentro”, sostuvo el gobernador. Entre los compromisos anunciados se encuentran:

• Garantizar la reparación del daño a las personas afectadas por el operativo.
• Asegurar la no repetición de hechos similares en manifestaciones futuras.
• Dar seguimiento puntual a las sanciones que correspondan a los elementos policiales identificados.

El anuncio se da luego de que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigiera la renuncia de Lemus y el cese inmediato del secretario de Seguridad Pública de Jalisco por la represión registrada durante la marcha.

La presidenta del partido oficialista calificó de “excesivo” el traslado de los siete detenidos a Puente Grande, al tratarse de un penal de alta seguridad.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo denunció que durante una de las audiencias de los jóvenes detenidos, una de las personas abogadas fue amenazada por policías.

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“Resulta alarmante que tanto las personas acompañadas como las y los abogados sean intimidados, lo que reitera el ciclo de amedrentamiento. Hacemos responsables de su seguridad e integridad a las autoridades del Gobierno de Jalisco”, resalta la organización, además pidió medidas para garantizar la integridad y seguridad física de las personas que fueron puestas en libertad.

El CEPAD recordó que en los últimos años la criminalización de la protesta se ha recrudecido, por lo que hizo un llamado a la sociedad en general a mostrar solidaridad y acuerpamiento con quienes solo salieron a exigir agua limpia en el estado.

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Reiteró que pese a lo anunciado por el gobernador de Jalisco, los procesos penales siguen abiertos, por lo que invitaron a seguir enviando material para fundamentar la inocencia de “quienes hoy siguen bajo investigación y evidenciar la violencia de las autoridades de seguridad”.