Supremazo de 1999: el episodio que revivió la corte tras excluir por secretaría a cinco candidatos a fiscal regional de Valparaíso

La decisión del pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de excluir a cinco candidatos del concurso para fiscal regional de Valparaíso elevó la tensión en la jurisdicción de la Quinta Región y en el Ministerio Público.

El acuerdo fue tomado por mayoría de ocho votos contra dos. Los ministros que fueron partidarios de tener un criterio estrictamente formalista fueron la presidenta, Silvana Donoso, y las ministras Eliana Quezada, Carolina Figueroa, Rosario Lavín, Nancy Bluck, Cecilia Sagredo, y los ministros Rafael Corvalán y Pedro García. La minoría estuvo integrada por la ministra Maricruz Fierro y la ministra (s) Ingrid Alvial.

La mayoría estimó que la ley y el acta que regula el concurso son claros en definir cuáles son los requisitos para postular y que si no se cumplen al pie de la letra, no hay ningún plazo extra para enmendar los eventuales errores formales en la documentación de cada postulante.

Ese criterio estricto llevó a dejar fuera nada más ni nada menos que al candidato favorito del fiscal nacional, Ángel Valencia. Se trata del fiscal regional de Arica Mario Carrera, quien quedó fuera del concurso porque, a juicio de la corte, omitió que “no es cónyuge ni conviviente civil del Presidente de la República” y que no tiene ninguna vinculación con Kast por “parentesco de consanguinidad o afinidad en línea recta ni colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, o por adopción”. Esto, a pesar de que ya ostenta el cargo de fiscal regional.

Los fiscales Pablo Bravo y Fred Silva también fueron excluidos por adjuntar un “certificado de antecedentes válido para fines particulares” en circunstancias de que según la corte las bases exigen que se adjunte “el certificado de antecedentes para fines especiales”.

A la fiscal Greta Fuchslocher no la dejaron continuar por estar casada con el fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez. Al fiscal Samuel Núñez lo dejaron fuera porque la mayoría del pleno estimó que acreditó mal su condición de abogado.

La historia se repite

Sin embargo, quienes conocen del Poder Judicial y de la historia del Ministerio Público, cuentan que la polémica que desató la Corte de Valparaíso revive un episodio de características similares que tensionó fuertemente a los tres poderes del Estado en 1999.

A fines de los 90 el gobierno del expresidente Ricardo Lagos había logrado despachar la reforma procesal penal y le tocaba iniciar el proceso para elegir al quien se convertiría en el primer fiscal nacional de la historia de Chile.

En ese tiempo la ministra de Justicia, Soledad Alvear se había movido junto a los abogados que la ayudaron a empujar la reforma para que el Ejecutivo tuviera candidatos de su gusto para instalar en la Fiscalía Nacional.

Así fue como el abogado Jorge Bofill se transformó en el candidato favorito del gobierno para el cargo. El penalista de hecho había apoyado al Ejecutivo en el proyecto que creaba el Ministerio Público. Su opción parecía casi perfecta.

No solo tenía el respaldo de Lagos, sino que también el de la Concertación con el exsenador PS José Antonio Viera-Gallo y de la derecha con la venia de los exsenadores Sergio Diez (RN) y Hernán Larraín (UDI).

El listado del Ejecutivo incluía además otra opción. En la época en Palacio miraban con buenos ojos el interés del entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Haroldo Brito.

Lo que nadie se imaginó es que la Corte Suprema ejercería su poder para dar un giro impensado en la carrera por el primer fiscal nacional.

En noviembre de 1999, en un pleno extraordinario, los supremos se reunieron para revisar que se cumplieran los requisitos legales de los postulantes y en votación dividida de 10 votos contra ocho optaron por excluir del concurso a ocho de los 20 aspirantes.

El Supremazo se transformó en un fuerte golpe para el gobierno y para la exministra Alvear, ya que el máximo tribunal excluyó, solo por razones formales, a Bofill y Brito, los dos candidatos de La Moneda.

Además, marginó a Hernán Errázuriz Talavera, Gustavo Cuevas Farren, Sergio Retamal Aramis, Eduardo Villarroel Contreras, Óscar Correa Salas y Ricardo Israel.

La razón de los supremos fue que los ocho candidatos no habían acreditado correctamente su edad a través del certificado de nacimiento, su título de abogado o la inscripción en el Registro Electoral.

La decisión fue tan absurda que en el Poder Judicial aún recuerdan lo duro que fue el hecho de que la Suprema dejara fuera de carrera a Brito por no acreditar su condición de abogado. La prensa de la época consignó que el magistrado “consideró que era un antecedente obvio dada su larga trayectoria como juez en el Poder Judicial”.

La misma prensa de la época consignó la opinión fuera de micrófono de algunos supremos. “Solo estamos aplicando la ley”, “ley pareja no es dura”, “lamentablemente algunos candidatos cometieron un error al no acreditar cuestiones básicas, como la copia del título de abogado”, fueron algunas de las reacciones emitidas en privado.

En ese tiempo, fue el expresidente de la Corte Suprema Roberto Dávila quien confirmó la determinación del pleno. “El acuerdo está tomado y se basó en que algunos no cumplieron con los requisitos”, dijo el exsupremo, dando por cerrada la puerta para reconsiderar la decisión o abrir un plazo para subsanar los errores.

Brito dijo que pese a eso aún se sentía candidato y presentó una reconsideración. La ministra Alvear realizó gestiones con los supremos para ver si deshacían el acuerdo. El Senado amenazó con la opción de rechazar el candidato del Ejecutivo y el expresidente de la Cámara Alta, Adolfo Zaldívar, también ingresó una petición de reconsideración. Todo fue en vano. Los supremos no retrocedieron.

Si bien los magistrados se escudaron en requisitos formales, el Supremazo fue leído como un golpe de los sectores más duros del máximo tribunal contra la reforma procesal penal. A su vez fue interpretado como una manera de excluir a quienes eran vistos por los supremos como abogados especialmente garantistas, algo que parecía intolerable para magistrados que aún se aferraban a toda costa al sistema inquisitivo de los jueces del crimen.

La intervención de la Suprema provocó que finalmente el primer fiscal nacional fuera el más impensado de todos, el expresidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Guillermo Piedrabuena.

Varios años después, en una nota de La Tercera del año 2017, Bofill recordó este bochorno. “Iba a ser el primer fiscal nacional, pero me bajaron. La entonces ministra de Justicia, Soledad Alvear, me invitó a considerar la posibilidad. Postulé, pero en la Corte Suprema me dijeron que había olvidado entregar un papel y estaba fuera. Fue un pretexto para dejarme fuera de la quina. Habría que preguntarles a los supremos de la época por qué lo hicieron”, afirmó el penalista.

Recursos contra Valparaíso

La misma pelea que se desató en 1999 ahora se está replicando ante la Corte de Valparaíso. Tal como lo hicieron los candidatos de la época, ahora los fiscales Carrera y Bravo presentaron recursos de reposición ante el pleno para revertir la decisión.

Todo, en medio de las suspicacias de que la decisión del pleno pudiera estar motivada por intereses de algunos ministros del pleno por controlar quién será el sucesor de la fiscal regional Claudia Perivancich. En este punto las miradas se dirigen hacia la ministra Donoso, debido a que su hermano, Samuel Donoso, figura como imputado en la causa por nombramientos judicial que -al menos por ahora- Valencia la tiene radicada en la jurisdicción de Valparaíso.

Esa misma estrategia podrían seguir los otros abogados que quedaron fuera de carrera. La batalla corre contra el tiempo, ya que para el próximo lunes quedó citada la audiencia para las exposiciones, que es el momento en que luego se vota para confeccionar la terna.

El asunto está nuevamente en manos de los ministros de Valparaíso, pero considerando la contundente votación 8-2 registrada el pasado 6 de noviembre, no es claro que el pleno vaya a dar vuelta su decisión.