Atlántico | Autoridades estudian retirar polémica valla que alega defensa de ‘Juancho Kily’, procesado por presunto abuso sexual de una menor de edad

Luego de que la defensa de una surfista de 16 años denunciara públicamente que el mensaje podría constituir una forma de revictimización contra la adolescente que acusa a Juan Fernando Álvarez Torres, conocido como ‘Juancho Kily’, por presunto abuso sexual, la Alcaldía confirmó que estudia la posibilidad de desmontar la estructura.

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La publicidad, ubicada a la altura de la Y de los Chinos, en el sector de Salgar, exhibe una fotografía del empresario acompañada de una frase que ha despertado reacciones encontradas dentro y fuera del municipio: “Soy inocente. Mi libertad es de todos. Juan Álvarez libre”.

Mientras familiares y allegados del procesado consideran que se trata de una expresión de respaldo a quien insiste en su inocencia, los representantes de la menor sostienen que el mensaje traslada al espacio público un caso que aún se encuentra bajo estudio de las autoridades judiciales. Alcaldía revisa permisos y alcance de la autorización

Intervienen las autoridades

Ante la controversia, la administración municipal confirmó que inició una revisión sobre la instalación de la valla y los permisos otorgados para su funcionamiento.

La Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia explicó que la estructura se encuentra bajo concesión de un particular y que actualmente verifica si el uso dado al espacio coincide con las autorizaciones expedidas por Planeación Municipal.

Según esta autoridad, se está verificando cuál fue el uso que se determinó desde Planeación Municipal para el tipo de publicidad que se iba a colocar en esa valla.

La administración busca establecer si el contenido divulgado se ajusta a las condiciones inicialmente aprobadas o si existen elementos que permitan adoptar medidas administrativas frente al caso.

Puerto Colombia dejó claro que la posición del municipio está orientada a evitar cualquier actuación que pueda afectar a la adolescente involucrada en el proceso judicial.

De acuerdo con la Alcaldía, la revisión jurídica y administrativa continúa y podría arrojar conclusiones en los próximos días.

La administración municipal espera tener una definición sobre el alcance de los permisos otorgados el próximo martes, fecha en la que se evaluaría la procedencia de retirar la publicidad. 

Revictimización a una menor

La postura de la Alcaldía coincide con las solicitudes elevadas por el abogado Julio R. Del Villar, representante de la joven denunciante, quien días atrás confirmó a EL TIEMPO que había iniciado gestiones para lograr el retiro de la estructura. La defensa de la menor habla de revictimización

Para Del Villar, la permanencia de la valla en uno de los accesos más transitados de Puerto Colombia tiene efectos directos sobre la adolescente y su entorno familiar.

La joven continúa residiendo en el municipio junto a sus familiares y, según el abogado, se encuentra expuesta a una publicidad que proclama la inocencia del hombre al que denunció.

“Hacer esto no ayuda en nada en su caso. Se sigue demostrando que hay una revictimización con esta clase de actos en contra de la víctima, que es una menor de edad”, manifestó previamente a este diario.

El jurista también cuestionó quién autorizó la difusión de un mensaje relacionado con un proceso penal que todavía no llega a la etapa de juicio y sostuvo que corresponde a las autoridades establecer si se cumplieron todos los requisitos para su instalación. El proceso judicial sigue avanzando

La discusión sobre la valla ocurre mientras Juan Fernando Álvarez Torres permanece privado de la libertad en la cárcel El Bosque de Barranquilla.

El empresario fue capturado el pasado 20 de octubre por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y posteriormente imputado por el delito de acto sexual violento agravado.

Durante las audiencias preliminares no aceptó los cargos y ha mantenido públicamente su postura de inocencia.

La defensa de la adolescente, por su parte, permanece a la espera de que la Fiscalía presente el escrito de acusación para que el caso avance a la etapa de juicio.

La investigación se originó tras la denuncia presentada por una surfista de 16 años, quien aseguró haber sido víctima de una agresión sexual el pasado 2 de octubre dentro de una oficina ubicada en el establecimiento Kilymandiaro, en el sector de Pradomar.

Entre los elementos recopilados por los investigadores figuran grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de personas cercanas a la adolescente y otros materiales probatorios que actualmente son valorados por las autoridades judiciales.

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Ahora, mientras el expediente avanza en los despachos judiciales, una nueva discusión se abrió fuera de ellos: la de los límites entre las expresiones públicas de apoyo a un procesado y la protección de una menor de edad que espera que la justicia determine lo ocurrido.

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