Editorial: Vivienda: mercado excluyente
e septiembre de 2021 al mismo mes de 2026, el pago mensual promedio de los créditos hipotecarios otorgados por los bancos en el país pasó de 13 mil 101 pesos a 26 mil 677 pesos, más del doble. No todo el incremento se explica por el encarecimiento de la vivienda, pues en el mismo periodo el costo de ésta creció 53 por ciento, la mitad que las hipotecas bancarias. La otra parte de esta carestía responde a las tasas de interés, comisiones, primas de seguros, avalúo, estudios y otros gastos asociados a este tipo de operaciones.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 elaborada por el Inegi, apenas la tercera parte de los hogares mexicanos tiene ingresos superiores a ese monto, y ni siquiera el 10 por ciento de la población con mayores ingresos tiene asegurado el acceso a ese instrumento financiero. Esto se debe a que la banca exige a los solicitantes de crédito hipotecario que las mensualidades no excedan 30 por ciento de sus ingresos, es decir, que una persona u hogar debe percibir al menos 89 mil pesos al mes para que se le autorice un financiamiento por el monto promedio. Cabe señalar que una mensualidad de 26 mil pesos corresponde a un préstamo por entre dos y 2.5 millones de pesos, según las condiciones de cada institución; mientras el precio promedio de una vivienda en la Ciudad de México rebasa los 3.5 millones.
La conclusión es evidente: una abrumadora mayoría de los trabajadores se encuentra excluida del crédito bancario para la adquisición de vivienda. Ello explica por qué 80 por ciento de los préstamos de este tipo son gestionados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste). Además de ofrecer tasas de interés significativamente menores (desde 3.69 por ciento en el Infonavit, frente a un mínimo de 8.8 por ciento de la banca privadas), los organismos públicos de vivienda financian la adquisición de inmuebles más modestos, los cuales simplemente no interesan a las instituciones con fines de lucro. Así, mientras el financiamiento promedio de Infonavit y Fovissste fue por 760 mil pesos, el de los bancos ascendió a dos millones 576 mil pesos. También es preciso señalar que el sector público concede tasas inferiores a los trabajadores de menores ingresos, pero en el privado suele suceder lo contrario: las clases populares y medias son consideradas clientes “de alto riesgo”, por lo que se les penaliza con altas tasas de interés.
Con estas cifras, está claro que la vivienda propia sería un lujo reservado a una reducida élite si el Estado no ejerciera su rol de garantizar los derechos sociales y subsanar los abusos y deficiencias del mercado. Hasta septiembre pasado, el programa Vivienda para el Bienestar había asignado 89 mil unidades, tenía 277 mil en construcción y ya había contratado 667 mil más de las 1.8 millones que se fijó como meta de este sexenio a fin de frenar el rezago habitacional.
Es cierto que lo hecho hasta ahora resulta insuficiente para que cada mexicano cuente con un techo digno; por ejemplo, en la capital del país sólo la mitad de los residentes en las viviendas particulares habitadas son propietarios. Pero también es innegable que, sin políticas públicas de hondo contenido social, nueve décimas partes de la población se encontrarían a la intemperie del mercado, por lo que los programas de vivienda resultan indispensables y merecen ser reforzados y ampliados en beneficio de los trabajadores.
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