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Wednesday, November 18, 2026

La Suprema Corte valida la geolocalización de teléfonos en tiempo real y entrega de información a autoridades

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Las medidas avaladas persiguen fines de seguridad pública y procuración de justicia. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó disposiciones sobre la conservación de datos, la geolocalización en tiempo real, la entrega de información a autoridades y el bloqueo de señales de telecomunicaciones.

Dicha resolución se emitió este 17 de noviembre al concluir que estas medidas persiguen fines de seguridad pública y procuración de justicia, según la SCJN.

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Precisó la Corte que la geolocalización en tiempo real permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo móvil, pero no acceder al contenido de las comunicaciones ni a los datos derivados del proceso comunicativo. De acuerdo con la SCJN, esta medida debe ordenarse por una autoridad competente mediante un mandamiento escrito que exponga su fundamento y motivación, además de cumplir los términos establecidos en la ley.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El rastreo de dispositivos en tiempo real no autoriza el acceso al contenido de las comunicaciones privadas, de acuerdo con la SCJN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución sobre el amparo en revisión 193/2026 estableció que la obligación prevista en el artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no incluye conservar el contenido de las comunicaciones, sino únicamente información vinculada con la prestación del servicio.

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El acceso de las autoridades a esos datos requiere autorización judicial federal fundada y motivada, con la identificación de las personas, el periodo y las razones de la solicitud, conforme al artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Identificación digital, CURP con biometría, seguridad en trámites, tecnología gubernamental, verificación de identidad, registro oficial actualizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Máximo Tribunal determinó que la regulación de partidos políticos y sindicatos corresponde exclusivamente a la Federación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SCJN invalidó el pasado 13 de abril disposiciones de Zacatecas, Yucatán y Veracruz sobre protección de datos personales y acceso a la información en partidos políticos y sindicatos, al determinar que la Federación tiene la facultad exclusiva para regular esos asuntos y que los estados no pueden emitir normas propias.

Dicha resolución alcanza las leyes locales que otorgaban atribuciones estatales en esta materia, de acuerdo con un comunicado de la SCJN. El criterio se deriva de las controversias constitucionales 254, 193, 194 y 205, resueltas por el Tribunal Pleno durante su sesión de el 13 de abril.

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En Veracruz, el Pleno mantuvo vigente el artículo séptimo transitorio de la Ley número 250 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa disposición ordena transferir a la Contraloría General del Estado los expedientes y archivos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dentro de los siguientes 20 días hábiles.

Para Yucatán, la resolución dejó sin efectos el artículo 75 Nonies de la Constitución local, apartados de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, así como partes del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

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En Zacatecas, la SCJN anuló el artículo 28, párrafo octavo, y el artículo 38, fracción XV, de la Constitución estatal. También invalidó diversas porciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
De acuerdo con la SCJN, el Congreso de la Unión conserva la potestad constitucional para normar el acceso a la información y los datos personales en organizaciones políticas y sindicales. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN sostuvo que los artículos 6, apartado A; 73, fracción XXIX-S; y 116, fracción VIII de la Constitución establecen que el Congreso de la Unión es la única autoridad facultada para regular el acceso a la información y la protección de datos personales de partidos políticos y organizaciones sindicales.

El tribunal también consideró las leyes generales de transparencia y protección de datos personales, publicadas el 20 de marzo de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, como parte del marco que concentra esta potestad en el ámbito federal.

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En el caso de los partidos políticos, el artículo 41, fracción I constitucional asigna al INE la tarea de garantizar el acceso a la información y proteger los datos personales de carácter político. La atribución aplica tanto para institutos políticos nacionales como locales.

La competencia sobre información y datos de sindicatos corresponde a las autoridades laborales federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral atiende a los sindicatos del apartado A del artículo 123 constitucional, mientras que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene jurisdicción sobre los del apartado B.

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La resolución del Pleno aclaró que los institutos revisores actúan de forma técnica y posterior a las decisiones municipales, con base en la reforma constitucional de diciembre de 2024. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN validó el artículo 3 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública el pasado 8 de junio, al determinar que sus definiciones sobre las autoridades garantes son compatibles con la autonomía de los municipios de Chihuahua y Colima.

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El esquema deriva de la reforma constitucional de diciembre de 2024, que ordena concentrar la función revisora en órganos especializados de control interno y eliminar duplicidades. Según la SCJN, la intervención técnica y posterior de esas instancias no constituye una autoridad intermedia ni implica subordinación política de los ayuntamientos.

El Pleno resolvió que los municipios mantienen la facultad de decidir sobre las solicitudes de acceso a la información como sujetos obligados, mientras que los órganos garantes revisan esas determinaciones para proteger el derecho de acceso a la información.

Dicho criterio se emitió al resolver las Controversias Constitucionales 159 y 167 de 2025, promovidas por los municipios de Chihuahua, Chihuahua, y Colima, Colima, contra disposiciones de la ley que consideraban contrarias a su autonomía.

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