Noticias del Uscis hoy: entra en vigor la regla de carga pública que se aplicará a inmigrantes que buscan la green card

Este viernes 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comenzará a aplicar una nueva normativa que modifica el análisis de carga pública en determinados trámites migratorios. El cambio afecta las solicitudes de admisión y los pedidos de ajuste de estatus presentados desde esa fecha.

Qué cambia desde septiembre con la regla de carga pública del Uscis

La normativa fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) el 20 de julio y elimina las regulaciones establecidas en 2022. Según el organismo, la medida busca otorgar nuevamente a los funcionarios un margen más amplio para evaluar cada expediente según la totalidad de las circunstancias.

Entre los elementos que pueden analizarse se encuentran:

También pueden considerarse otros datos relevantes para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.

La nueva normativa elimina además el marco regulatorio de 2022 que limitaba el análisis a una definición más acotada de dependencia gubernamental. De esta manera, los funcionarios dispondrán de mayor discrecionalidad para evaluar las circunstancias particulares de cada solicitante.

Qué beneficios públicos puede considerar el Uscis

Uno de los cambios centrales establecidos en la regla final está relacionado con los beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos. La nueva regulación ya no excluye de manera general determinados programas que habían quedado fuera del análisis bajo las reglas de 2022.

Entre los programas que pueden ser considerados aparecen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).

La regla deja abierta la posibilidad de considerar otros beneficios sujetos a comprobación de recursos, según las circunstancias de cada expediente y la guía que utilicen los funcionarios.

La recepción o solicitud de uno de estos beneficios no determina por sí sola que una persona sea considerada carga pública. El funcionario debe analizar su relevancia junto con el resto de las circunstancias del expediente.

De acuerdo con dichos de Andrés Echevarría, abogado de inmigración, en una nota para LA NACION, en el caso de SNAP, por ejemplo, la regla señala que pueden tenerse en cuenta la duración y qué tan reciente fue la recepción del beneficio, además de factores como el empleo, la edad, la salud, la situación familiar y los recursos económicos.

Según sus declaraciones, la fecha también es relevante. Los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre de 2026 serán considerados bajo el régimen anterior. La nueva regulación se aplica a las solicitudes de admisión presentadas desde ese día y a las solicitudes de ajuste de estatus enviadas o presentadas electrónicamente a partir de esa fecha.

Cómo afecta la carga pública a quienes buscan la green card

La carga pública es una causal de inadmisibilidad prevista en la legislación estadounidense, pero no alcanza a todas las personas ni a todas las categorías migratorias. Existen determinadas excepciones y situaciones en las que esta evaluación no corresponde.

Para quienes sí están sujetos al análisis, la nueva normativa establece que los funcionarios podrán valorar un conjunto más amplio de información antes de tomar una decisión.

La recepción o solicitud de beneficios públicos será solo uno de los elementos que pueden formar parte de ese análisis.

La modificación no cambia las reglas de elegibilidad de SNAP, WIC u otros programas de asistencia. DHS también aclara que la regulación no convierte automáticamente el uso de estos beneficios en una determinación negativa en materia migratoria.

Formulario I-864: qué cambia con la nueva regla de carga pública

El Formulario I-864, conocido como declaración jurada de patrocinio económico, continúa siendo relevante en los casos en los que la legislación exige un patrocinador.

La suficiencia del patrocinio económico puede formar parte de la evaluación de carga pública.

La nueva regulación también modifica las disposiciones relacionadas con las garantías económicas vinculadas a esta causal de inadmisibilidad.

Por eso, la entrada en vigor de la medida no elimina el I-864 ni modifica por sí sola los requisitos para acceder a los programas de asistencia.

El cambio está centrado en la manera en que los funcionarios pueden evaluar la situación económica y las circunstancias de determinadas personas que buscan ingresar a Estados Unidos o ajustar su estatus migratorio.