Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

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El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, cuestionó este lunes el proyecto de ley presentado por el gobierno para modificar las atribuciones del organismo y reducir el número de integrantes de su Consejo, asegurando que la iniciativa “daña la democracia” y constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos.

Cabe señalar que esta tarde el Ejecutivo presentó un proyecto para eliminar la facultad del INDH de interponer querellas criminales, aunque manteniendo su capacidad para presentar denuncias en materia penal. La propuesta también contempla reducir de 11 a cinco los integrantes del Consejo del organismo.

Ante lo anterior, Ljubetic afirmó que “yo creo que este proyecto claramente daña la democracia porque deja sin herramienta de protección a las personas, en la medida en que neutraliza a la principal institución de derechos humanos, que está, precisamente, para limitar el poder del Estado y en ese sentido, representa probablemente, el retroceso más grave que hemos tenido en derechos humanos desde el término de la dictadura”.

El director del organismo también apuntó a la administración de José Antonio Kast, cuestionando la contradicción que, a su juicio, existe entre los objetivos declarados por el Ejecutivo y el contenido de la propuesta.

“El gobierno dice que quiere fortalecer al INDH, pero lo que propone claramente si uno lee el proyecto, es dejarlo amarrado de pies y manos, debilitando su autonomía y quitándole las herramientas para proteger los derechos de las personas, frente a los abusos del Estado”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que podría tener la reforma para la ciudadanía y la presencia territorial del instituto, asegurando que limitaría su capacidad de protección de derechos en distintas regiones del país.

En esa línea, Ljubetic sostuvo que “no se puede hablar de fortalecer una institución mientras se desmantelan sus sedes regionales, se los reduce solo a Santiago y, además, se le quitan herramientas, facultades y recursos para proteger a la ciudadanía”.

Finalmente, comparó la iniciativa con la reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Ejecutivo y la calificó como una propuesta extrema.

“Este, yo creo que se puede decir que es un proyecto extremo, comparable al proyecto de reforma constitucional que contenía una idea de estado de excepción absolutamente antidemocrático y que es dañino para Chile y sus habitantes. Y, naturalmente, esperamos que en la discusión parlamentaria puedan corregirse estos excesos”, concluyó.