Víctimas LGTBIQ+ de conflicto colombiano protestan contra recortes de la Justicia Especial

Bogotá, 5 nov (EFE).- Manuel Antonio Velandia reivindica con orgullo que es "marica", como las otras 36 víctimas de violencia contra la comunidad LGTBIQ+, durante el conflicto armado, que este jueves protestaron a las afueras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra los recortes presupuestarios planteados por el Gobierno contra este organismo.

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Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual en Colombia, y quien en 2002 fue víctima de un atentado con granada explosiva mientras realizaba su campaña electoral como candidato al Congreso, declaró a EFE que debilitar a la JEP se traduce en que "no se va a poder apoyar económicamente a algunas personas", sumado a dificultar el "acceso a la justicia y a la investigación".

La protesta, convocada por Colombia Diversa, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la población LGBTI, reunió a víctimas procedentes de distintas regiones del país, entre ellas Caquetá, Cauca, Meta, Tolima, Chocó, Putumayo y el puerto de Tumaco, en la costa pacífica nariñense.

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"Nos hemos reunido para apoyar a la JEP ante las amenazas por parte del Gobierno nacional de restringir su presupuesto, ante un proyecto de ley que quiere acabarla y ante la inminencia de que este proceso de justicia transicional quede truncado y que las víctimas sean sus principales afectadas", aseguró la directora de Colombia Diversa, Marcela Sánchez.

A través de capas rojas, posturas dramáticas y música solemne las víctimas reivindicaron la "memoria, la dignidad y el derecho a una paz diversa" de un conflicto armado que también afectó de manera específica al colectivo LGTBIQ+.

Esas vulneraciones fueron recogidas por la JEP en el Macrocaso 11, que investiga, entre otros crímenes, los cometidos por "prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión o identidad de género diversa".

Las capas rojas, que simbolizan "el amor y la resistencia", según la directora de Colombia Diversa, al final del acto performativo se han convertido en una soga como representación de la violencia ejercida contra el colectivo.

Érika del Río, una mujer trans procedente de Popayán, en el departamento del Cauca, quiso subrayar cómo la violencia no era exclusiva de las extintas FARC: "Yo vengo de una violencia de los años sesenta, setenta, cuando se generaba por las instituciones que creíamos que nos debían cuidar".

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La protesta de este jueves está enmarcada en el décimo aniversario del Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que resultó en la disolución de esta guerrilla.

Este jueves, horas antes de la protesta, el nuevo presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, anunció un plan de recorte para hacer frente a la reducción del presupuesto de la entidad planteado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella que para 2027 será de 651.803 millones de pesos colombianos (unos 203.7 millones de dólares), 170.000 millones menos.

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Entre las medidas para reducir el gasto se encuentran la reubicación en marzo de la sede principal del tribunal, de un edificio de 15.000 metros cuadrados ubicado en el norte de Bogotá a uno de 4.200 metros cuadrados en otra zona de la ciudad, junto a la implementación del teletrabajo y el recorte del 85 % de la contratación.

"El país puede tener la certeza de que a pesar del entorno político y social adverso, incluso hostil, al que nos enfrentamos, la JEP cumplirá con sus responsabilidades", aseguró el magistrado. EFE